La nueva Ley de Alquileres es un paso histórico que estaba pendiente desde la recuperación de la democracia. Después de tantos años de luchas, marchas y contramarchas, logramos sancionar una ley a favor de los inquilinos, pese al lobby de las cámaras inmobiliarias y la oposición de Juntos por el Cambio que se ausentó a la hora de la votación, dándole la espalda a los nueve millones de inquilinos de todo el país.
Por supuesto que todavía falta y mucho, y que en la ley no está todo lo que hubiésemos querido. Son muchísimas las injusticias, trampas y atropellos que padecen los inquilinos, tras tantas décadas de un mercado totalmente desregulado, sin ningún tipo de control y donde primó la ley del más fuerte. Pero la sanción de la ley abre un nuevo marco para avanzar hacia un paradigma que sitúe al inquilino como un sujeto de derecho, al alquiler como un servicio público de primera necesidad y a la vivienda como un derecho.
Por eso, ahora, el desafío inmediato que tenemos es el compromiso del Estado en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) para su plena y efectiva aplicación La creación de instrumentos públicos que empoderen a los inquilinos y los acompañen en el ejercicio de sus derechos, con capacidad de control, sanción, mediación y, de ser necesario, llevar adelante demandas en defensa de los derechos de los inquilinos, es un paso imprescindible para que lo que figura en la letra de la ley no muera ahí.
La experiencia nos dice que si el Estado no está presente, el mercado inmobiliario siempre encuentra la manera de vulnerar la ley y atropellar los derechos que los inquilinos tienen. Por eso, la nueva ley es una victoria colectiva importantísima. Pero también por esto mismo, la lucha sigue y los desafíos son enormes. Dimos un paso. De lo que se trata ahora, es de hacer efectiva su plena aplicación y cumplimiento.
Sebastián Artola
