El Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos que se pagó a 8,9 millones de beneficiarios evitó que 2,8 millones de personas caigan en la pobreza y 1,4 millones en la indigencia. Así, evitó aumentos de 6 puntos porcentuales en la pobreza y 3 puntos porcentuales en la indigencia. 

Por primera vez, la Anses publicó un documento con los detalles de los beneficiarios y el impacto socioeconómico del primer pago, realizado entre abril y mayo. A nivel género, rango etario y situación laboral, el programa se focalizó en mujeres, jóvenes y desocupados o informales. La mitad de los jóvenes del país cobró el IFE. El segundo pago se encuentra en curso y el tercero comenzará a depositarse en agosto. 

Este ingreso es la prestación “de más amplio alcance de la historia”, dado que cubre a un quinto de la población, cifra que aumenta si se tiene en cuenta por hogar y no por persona. Por este motivo implicó un fuerte gasto estatal. Sólo el primer pago representó transferencias por 0,3 por ciento del PBI, por lo que cuando se complete el tercero, alcanzará casi el 1 por ciento del producto (270 mil millones de pesos).

Focalización

En función del género, tuvo una mayor cobertura en mujeres: lo recibieron 4,9 millones, el 55,7 por ciento del total de beneficiados. Esto se dio porque “la desigualdad de género se siente más en los estratos más vulnerables”. También, porque en caso de haber más de un solicitante se priorizó a la mujer y porque el 27 por ciento del IFE se otorgó a los titulares de AUH, donde la proporción de mujeres supera el 90 por ciento.

En cuanto al rango etario, los beneficios se concentraron entre los 25 y 34 años (33,3 por ciento), seguido por entre 18 y 24 años (28,2 por ciento). En este rango juvenil se encuentran las mayores tasas de desempleo, que alcanzan casi el 20 por ciento . El dato más contundente tiene que ver con el porcentaje de IFEs otorgados sobre el total poblacional de cada rango etario. La cobertura para los jóvenes de 18-24 años fue del 52 por ciento y para los de 25-34 años del 44 por ciento. En tanto, el rango etario con menor concentración de beneficios fue entre 55 a 65 años (7,1 por ciento del total).

Desagregado por situación laboral, el 61,7 por ciento de los beneficios se concentraron en trabajadores informales o desocupados, sin seguro de desempleo. El 27 por ciento en titulares de AUH, el 7,8 por ciento en monotributistas (categoría A, B o monotributo social), el 2,1 por ciento en trabajadores de casas particulares y el 1,4 por ciento en beneficiarios del programa progresar. Si bien AUH y Progresar no son situaciones laborales, como fueron prestación de “amplio alcance” se los presentó de esa forma.

Geolocalizado, se observa que las provincias del noreste y noroeste son las que mayor cantidad de beneficios recibieron en proporción a su población. Alcanzó al 28,9 por ciento, por lo que más de una de cada cuatro personas en estas provincias cobró IFE. Formosa fue la provincia donde se cobró la mayor cantidad de beneficios en proporción a la población económicamente activa: alcanzó el 80 por ciento. La mayor cobertura fue en las zonas donde se registran los mayores índices de pobreza e indigencia. La contracara son las provincias de la Patagonia donde lo recibieron hasta el 16,8 por ciento de las personas y en CABA, donde alcanza al 11,9 por ciento. “Un claro reflejo de la desigualdad regional al interior del país”, describe el documento.


Estructural

El objetivo del IFE fue compensar la pérdida o disminución de ingresos de personas afectadas por la crisis del coronavirus. Sin embargo, también reflejó situaciones estructurales. Los datos denotan que donde se destinaron los mayores esfuerzos fueron donde el jefe de hogar se encuentra desocupado. La población beneficiaria no accede a un empleo formal “como consecuencia de una problemática estructural”. Para eso, se analizó la inserción laboral entre febrero 2019 y enero 2020. Sólo 826.195 beneficiarios del IFE (9,3 por ciento del total) tuvieron al menos un mes de trabajo en relación de dependencia formal. En promedio percibieron una remuneración de 13.046 pesos durante 4 meses.

Otro rasgo de la desigualdad estructural se observa en que una gran fracción que accedió al IFE no se encontraba bancarizada. En la primera liquidación se crearon 500 mil cuentas DNI, y en el segundo, alrededor de 2 millones. Bajo el supuesto de que los beneficiarios que no informaron modalidad de pago no poseían una cuenta bancaria, se ubican 2,4 millones de personas (1,3 millones que eligió el Correo y 1,04 millones que no informó). “Una proporción no menor no sólo no está bancarizada, sino que las bases gubernamentales no los tenían en sus registros”, agregó el boletín.