Un día después del diálogo con el presidente Alberto Fernández, desde Juntos por el Cambio salieron a mostrar sus diferencias con la agenda urgente que el Gobierno le propuso al Congreso, en especial con la amplia moratoria impositiva para dar respiro a la economía pospandemia. “No voy a levantar la mano por una moratoria que permita que entren empresas que tienen causas judiciales”, sostuvo el jefe del interbloque opositor, el radical Mario Negri, apuntando a algunas de las compañías que persiguió la administración macrista. Aunque en la alianza opositora prima la idea de acompañar las propuestas del Gobierno, que consideran “razonables”.

La moratoria, la ampliación presupuestaria y la renegociación de la deuda bajo jurisdicción local (con el mismo tratamiento que a los bonistas extranjeros), es la prioridad para el Gobierno en el Congreso. El propio titular de la Cámara baja, Sergio Massa, se encargó de pedir el acompañamiento opositor ante gobernadores y los bloques legislativos. Pero a diferencia del visto bueno de los gobernadores, los legisladores de Juntos por el Cambio no emitieron opinión.

Tras la videoconferencia con el Presidente, desde la alianza opositora comenzaron a marcar diferencias con las propuestas. Negri fue el primero en cuestionar aspectos de la moratoria oficial. Dijo que no votaría una moratoria a las empresas con “causas penales por evasión. Ni ahora, ni para los familiares, ni para nadie. Yo siempre estuve en contra de eso”. E hizo propio el reclamo de adversario interno, Alfredo Cornejo, de “premiar a los que pagan, los que cumplen. Sino una moratoria, una necesidad, se convierte en una necesidad injusta”.

En una nota de opinión publicada en el diario La Nación, Negri expuso que "el caso emblemático, aunque no el único, es el de Oil Combustibles, propiedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes si ingresan a la moratoria y después logran modificar la carátula de su imputación por el delito de ‘apropiación indebida’, la acción penal caería y una defraudación al Estado quedaría impune”.

Sin embargo en la UCR consideran que, al margen de los cuestionamientos particulares, su bancada votaría a favor de la moratoria en general. Incluso argumentan, que la moratoria, fue el único capítulo que JpC votó completo “en las 9 leyes de emergencia” (que contenía la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Sanitaria). Tampoco habría mayores inconvenientes para el radicalismo en acompañar la renegociación de la deuda pública emitida bajo jurisdicción local y la ampliación presupuestaria. Aunque luego tendría que consensuar posturas con el resto de sus socios políticos (PRO y CC), donde no siempre priman las posturas comunes. Su coordinadora en al comisión de Presupuesto, Paula Oliveto, sostuvo ante Página/12, que consideran “razonables” las propuestas del Gobierno y que colaborarán “con dotar al Ejecutivo de estas herramientas”.

De todas maneras, Oliveto acotó que reclamarán explicaciones sobre la decisión de incorporar “a las empresas en quebranto y los impuestos al combustible, que antes el Gobierno había excluido, como Oil Combustibles”. Además de “dotar a la autoridad de aplicación (AFIP) de mayores plazos para que la moratoria abarque a las empresas complicadas por la pandemia”. Propuestas en las que ahora, el principal interbloque opositor opositora avanza de manera coordinada y sin mostrar diferencias.