La Corte Suprema de la Nación levantó la feria judicial extraordinaria que había dictado en marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus. La medida establece que, a partir de la semana próxima, el máximo tribunal reanudará en forma plena su actividad, así como también las cámara y tribunales orales nacionales, de acuerdo a protocolos que deberán elaborarse esta semana.

La decisión fue tomada a través de la acordada 27/2020, firmada por los cinco ministros que integran ese cuerpo, a solo tres días de que el presidente Alberto Fernández anunciara el avance hacia una fase del aislamiento social obligatorio por Covid-19 con mayores flexibilizaciones.

“Es posible disponer el levantamiento de la feria judicial extraordinaria respecto de esta Corte Suprema, de todas aquellas cámaras y tribunales orales nacionales y federales en las que aún no se haya dispuesto esa medida, manteniendo las limitaciones de atención al público y la suspensión de plazos procesales” y administrativos, puntualizó el texto publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).

La decisión alcanza a los órganos judiciales que no habían sido habilitados para su funcionamiento y atención al público, tales como los tribunales de las provincias menos afectadas por la pandemia, que con el devenir de los contagios habían retomado su actividad respetando condiciones especiales establecidas por la normativa sanitaria.

La suspensión de la actividad judicial había sido tomada en consonancia con las recomendaciones de la autoridad sanitaria respecto del aislamiento social y “para la protección de la salud de los empleados, funcionarios, magistrados, como así también el público general”.

La acordada dispone el levantamiento de la feria en juzgados nacionales y federales de primera instancia con sede en la ciudad de Buenos Aires a partir del 27 de julio. En tanto, establece que las cámaras federales deberán enviar antes del 23 un informe para evaluar la situación en que se encuentran y analizar las condiciones y requisitos para su vuelta al ruedo.

El máximo tribunal dispuso también que entre el 18 julio el 3 agosto “quedará suspendido el curso de los plazos procesales y administrativos”. Tampoco correrán los plazos de caducidad de instancia, de modo tal de no afectar los proceso abiertos. Estas medidas se tomaron debido a la presencia de personas que requieren esos procesos, entre jueces, representantes de las partes y auxiliares de la justicia.

Para que estas acciones puedan ponerse en marcha, durante estos días se deberán elaborar protocolos que determinen qué acciones se permitirán y de qué manera respetarán las medidas de resguardo sanitario.

En este sentido, la Corte exhortó al Consejo de la Magistratura a “que provea los medios tecnológicos así como los insumos que resulten necesarios para las medidas de protección, prevención y sanitarias a fin de preservar la salud del personal” judicial.

También se recomendó la utilización de herramientas digitales, la continuidad de la modalidad del trabajo remoto, las audiencias por videoconferencia y la limitación del horario de atención al público, entre otros puntos.