El Gobierno extendió hasta el 30 de septiembre la prohibición de los despidos sin causa. La medida también abarca a las suspensiones que no acordadas con el gremio. La prohibición de los despidos tenía vigencia hasta el 31 de julio. Su prórroga tiene fuerte impacto sobre todo el universo laboral y en particularmente en el mayor conflicto que se despliega en la actualidad, que es el de la filial local de LATAM.
La prohibición de los despidos junto a la facilidad para aplicar suspensiones con pagos inferiores al 100 por ciento de los salarios y el aporte del Estado a los sueldos a través del ATP conforman el esquema principal que armó el gobierno para evitar la caída del empleo registrado. También se puso en práctica una prórroga en el pago de los impuestos, congelamiento de los servicios públicos, préstamos a tasa subsidiada y exenciones en el pago de las contribuciones patronales.
Aun así, se calcula que unos 400 mil empleos registrados se perdieron desde el comienzo de la pandemia, en rubros como la construcción, gastronomía y turismo, enseñanza y la industria manufacturera. La caída de puestos de trabajo se dio mayormente por el freno total de las contrataciones, lo cual implica que la prohibición para despedir tuvo impacto. También muchas empresas acordaron retiros voluntarios masivos, como es el caso de empresas autopartistas.
La prohibición para despedir es una medida transitoria y una restricción que no impide que ante la caída del mercado y el deterioro generalizado, las empresas quiebren. Su extensión tiene impacto directo en el conflicto laboral en la filial local de LATAM, que afecta a 1715 trabajadores, de los cuales unos 800 ya habrían aceptado el retiro voluntario.
