Para confrontar la "negación de la violencia institucional" en la provincia de Santa Fe, la Fundación Igualar, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, ponen el diagnóstico sobre la mesa. Será mañana, a partir de las 13, en el Concejo Municipal. Para los actores, hay una "crisis de seguridad" y dentro de ésta enmarcan el flagelo que sufren, sobre todo, jóvenes de barrios populares a manos de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. La actividad abordará dos problemáticas en torno a la violencia estatal y tiene que ver con el hostigamiento policial y el uso abusivo de armas de fuego, como cuestión letal. La mirada crítica apunta al Poder Ejecutivo, pero también al Judicial. "Lo que queremos es mostrar que la violencia policial existe, trabajar sobre una mirada amplia que no tiene que ver solo con la ejecución sumaria, sino que hay una cuestión de desprotección de los sectores populares, una continuidad de la sobrecriminalización y una serie de prácticas que son posibles por las políticas de seguridad existentes", señaló Enrique Font, titular de la Cátedra de Criminología y Control Social.

Se trata de la actividad de cierre de una investigación de dos años, financiada por la Unión Europea, en la que se presentarán los resultados de un trabajo que se hizo en la calle, junto a las víctimas. En los meses siguientes habrá otras dos jornadas, con diferentes abordajes, que irán desde la posible solución, al tratamiento de la problemática de las torturas.

"En la provincia de Santa Fe no existe una herramienta normativa única y autosuficiente que regule el uso de la fuerza policial y, específicamente, el uso de armas de fuego. Por el contrario, se identificó un conjunto de textos normativos aislados", expresa uno de los informes. En tanto, estos señalan que "se formalizó un pedido de información a través de un expediente administrativo al Ministerio de Seguridad, para obtener datos acerca de la cantidad de casos de uso abusivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o integrantes de fuerzas de seguridad; pero a la fecha de elaboración del trabajo no se obtuvo respuesta".

Sí dieron cuenta de que un pedido similar a la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos del Ministerio Público de la Acusación, arrojó que hubo 14 homicidios o muertes violentas intencionales producidas en el departamento Rosario, durante el año 2014".

"La policía persigue, acosa y sobrecriminaliza a los pibes en los barrios; pero nadie produce información sobre este tema. Hay una negación de la violencia institucional. Es un fenómeno que en la política pública no tiene expresión", aseguró Font. Sumado a ello, preocupa que "la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia informó que en un año tuvo solo dos casos (denunciados) de tortura investigados. Es escandaloso", lamentó el especialista. En ese sentido, diferenció que la única institución pública que hace relevamientos sobre el flagelo es la Defensa Pública, con un registro e intervenciones como querellantes y mediante recursos de hábeas corpus. "El argumento fuerte que muestran los dos informes que realizamos es que si el Estado no reconoce la existencia, no tiene políticas para detectarlo o documentarlo, insalvablemente va a incumplir todas las obligaciones internacionales, porque lo que no se reconoce no se puede solucionar; mucho menos prevenir".

Ante ello, Font dijo que la "negación" aparece "constantemente, cuando uno se acerca al Estado para pedir respuestas. Por eso entendemos que se trata de una decisión política de no tomar el fenómeno como una cuestión gravísima. La tortura y malos tratos son terribles; pero más terrible es que te digan que no pasó nada", reflexionó.

Por su parte, Eugenia Cozzi, miembro de la Cátedra, indicó que el uso de la fuerza letal es la "expresión extrema" de lo que comienza con el hostigamiento policial. "Todas esas prácticas del día a día son las que van generando los escenarios donde es posible que esas muertes ocurran", lamentó.

Cozzi indicó que algunos de los casos mencionados en el informe son el de Jonatan Herrera, el chico asesinado por la policía mientras lavaba su auto en barrio La Tablada, cuya sentencia se conocerá en los próximos días. Y recordó que hay varios, como el de Brian Saucedo, también ultimado por un agente de la fuerza, en un contexto de vulnerabilidad.

La profesional también apuntó a "qué hace el Estado para abordar el fenómeno", en términos de prevención, detección y sanción de los casos. "Hicimos un relevamiento y en algunas áreas tuvimos muchos problemas de acceso a la información. Incluso tuvimos respuestas que nos hablan de que no se produce información, o la que se produce es fragmentada. Por eso decimos que se niega el fenómeno", sostuvo. Y agregó: "Los pibes aparecen por un lado sobrecriminalizados; pero, al mismo tiempo, desprotegidos".

En el informe de uso de la fuerza letal por parte de la policía "se advierten dos momentos de mayor concentración de casos: en los años 2000 (21 hechos) /2001 (19 hechos) y en el año 2013 (19 hechos). En el intervalo entre ambos momentos se registró una baja en la cantidad de hechos".

El concejal Eduardo Toniolli también será parte de la jornada de mañana. "Interpelamos a distintos actores de varios poderes que niegan o minimizan la violencia institucional como una práctica muy arraigada dentro de las fuerzas provinciales y federales. Básicamente, queremos desmontar la idea de que la violencia institucional en última instancia es perdonable porque permitiría combatir el delito. Siempre decimos que la violencia estatal es un delito que se comete para cometer otros, para gestionar la violencia en los barrios mediante el hostigamiento a los jóvenes y otras herramientas como la detención por averiguación de antecedentes, que usan para retener ilegalmente a jóvenes y a través de presiones y torturas hacerlos trabajar para el delito", señaló el edil.