El suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, está siguiendo el mismo camino de quien fue su jefe, el ex fiscal general de esa jurisdicción, Julio Novo, quien tuvo que renunciar al cargo el 6 de julio de 2017. Novo fue procesado por “encubrimiento agravado” en una causa por el asesinato de dos ciudadanos colombianos vinculados al narcotráfico. La diferencia con Novo, es que Scapolán está imputado por un delito mucho más grave: ser el jefe de una “asociación ilícita” integrada, cuando menos, por 24 personas.
El procesamiento de Novo fue dispuesto por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en una causa en la que intervino el fiscal federal Fernando Domínguez, es decir los mismos encargados de investigar a Scapolán. Junto con Novo, fueron procesados los fiscales adjuntos Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro, y las secretarias Melisa Rey y Mariana Busse. El caso que los involucró fue el doble crimen ocurrido en el estacionamiento de Unicenter, en junio de 2008.
La jueza Arroyo Salgado los procesó por los delitos de “encubrimiento agravado, estorbo funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, además de imponer un embargo por dos millones de pesos.
En el fallo, la jueza señaló que las pruebas reunidas “permiten sostener con un alto grado de probabilidad positiva que las acciones disvaliosas materializadas” por los imputados “entorpecieron la tarea investigativa primero del fiscal Diego Grau y luego de Luis Angelini, en el marco de los procesos penales orientados a individualizar y someter a proceso a los autores de los homicidios de Héctor Eugenio Duque Ceballos y Jorge Alexander Quintero Gartner, como así también de aquel hecho criminal que tuvo por víctima a Juan Sebastián Galviz Ramírez”.
En su momento, el fiscal Domínguez había solicitado a la jueza la indagatoria del ex fiscal general Novo y de los adjuntos Caro y Vaini, más el de las secretarias Busse y Rey porque “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo” de la investigación.
Eso se hizo mediante “el atentado y entorpecimiento de las funciones y facultades que le eran propias a los directores de dichos procesos: los fiscales Grau y Angelini […] con el fin de brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios de Unicenter”.
Desde el 13 de noviembre de 2008 en adelante los imputados, realizaron una serie de medidas que consistieron en “la desaparición de funcionarios encargados de las pesquisas, en la quita o no asignación de personal y recursos” para los fiscales a cargo. Esto, a pesar de que se reclamaba colaboración en una causa donde hubo hechos de “amedrantamiento y violencia psicológica laboral y filtración de información reservada”. Todo lo sucedido “privó de éxito a diversas medidas probatorias”. Del mismo modo se evitó que los fiscales viajaran a Colombia para reunir pruebas que se consideraban importantes.
Además del caso Unicenter, Novo estuvo sospechado de haber encubierto otra investigación en la que estaba involucrado Gustavo Juliá, hijo del brigadier Raúl Juliá. El joven fue detenido en España por contrabando de cocaína.
En la causa en la cual fue indagado el suspendido fiscal Scapolán, se investigan casos de extorsión y armado de causas, pero también el secuestro de partidas de droga que no era declarada en las actas de los operativos. En los allanamientos realizados la semana pasada, se secuestró droga no declarada.
Una fuente allegada a la causa, le dijo a Página/12 que se sospecha que la “organización ilícita” exportaba, precisamente a España, parte de esas partidas de estupefacientes no declarados.
