El descreimiento y la inconformidad de la sociedad en torno a las instituciones no son algo nuevo, principalmente hacia aquellas que deberían encargarse de regular pacíficamente la convivencia social mediante el orden y la justicia. La consecuencia de esta especie de escepticismo institucional se ve reflejada muy a menudo en las redes sociales y, en este contexto, Twitter parece haberse convertido en la nueva sede desde donde se observa el banquillo de los acusados.

Quienes se encargan de estudiar, medir y analizar la opinión pública consideran que únicamente las opiniones expresadas públicamente pueden tener fuerza política, dado que las personas también pueden tener juicios mentales secretos que no necesariamente quieran expresar. Ante esto Twitter cumple un rol clave, ya que se trata de un escenario en el que el protagonismo es puramente de los usuarios, quienes participan de forma activa en la creación y organización de la información.

El contenido que circula en esta red social en la que prevalece la opinión –que en la mayoría de los casos suele manifestar tendencias de disconformidad– puede ser compartido por otros usuarios al instante. Así, dicha información se aleja de las críticas acerca de las formas de difusión unidireccional que caracterizan a los medios de comunicación tradicionales, aunque a veces puede convertirse en un arma de doble filo.

Es común que en esta plataforma los usuarios se organicen en torno a una temática en particular para lograr así instalarla como tendencia. Cuando un hecho toma relevancia en los medios de comunicación tradicionales y en otras redes, automáticamente pasa a ser comentado en Twitter. Así, constantemente se instalan tendencias que opinan a favor y en contra de determinado suceso, induciendo al común de los tuiteros a participar y adoptar una postura al respecto, o simplemente a observar y formar su opinión en base a la de otros.

Un lugar de circulación de opiniones debería ser tomado entonces como un espacio de intercambio inofensivo. Pero el problema aparece cuando se tratan temas más o menos sensibles y esas opiniones toman fuerza política. Estas con frecuencia influyen sobre las conductas o irrumpen en esferas privadas sin pedir permiso, mientras que las que cobran más impacto social a veces generan o modifican ciertas determinaciones.

Este año fuimos testigos de varias sentencias dictadas por la red social del pajarito. El proceso siempre se repite: ante un descontento colectivo se organiza un “tuitazo masivo”, se impone un hashtag, se replican masivamente un par de retuits de cuentas “influencers”, y al cabo de unas horas un programa televisivo modifica la final de un concurso, o un grupo de personas sale a aglomerarse con cacerolas y pancartas ofensivas en plena pandemia, o se instala un discurso que exige la mano dura como solución final y proclama la justicia por mano propia.

En todo esto hay un punto en común: la desconfianza en la eficacia de la justicia constitucional. No es casual que la idea de juicios por jurados haya resonando en los últimos días, la cual está establecida en la Constitución Nacional desde el siglo XIX, pero nunca entró en vigencia a nivel federal. De esta manera, el Twitter viene a convertirse en una especie de “charivari virtual” de los tiempos que corren. A diferencia de los cacerolazos a los que estamos acostumbrados -que siempre tienen como componentes el enojo irracional y el miedo a la pérdida de privilegios- los charivari eran considerados como manifestaciones de “los de abajo”, algo así como la justicia popular del Medioevo.

En efecto, es necesario destacar que si bien Twitter puede aparecer a veces como un arma de doble filo, también funciona como un medio de libre expresión y difusión de una buena parte de la opinión pública, ya que a pesar de poseer ciertas reglas, construye un espacio que se redefine permanentemente y cuyos significados son puestos en juego por los mismos usuarios. Lo que debería atenderse entonces es la necesidad de la población de recibir respuestas sensatas a las demandas del orden de la Justicia. En este sentido, el panorama parece ser propicio para saldar una deuda social y tratar una reforma judicial que garantice la atención a estos reclamos de manera independiente.

* Técnica Universitaria en Periodismo. Estudiante del Profesorado de Letras.