La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y organizaciones sociales cuestionaron el contenido de los anexos reglamentarios de la adhesión al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de Nación, sancionada el 16 de julio en la Legislatura porteña, por considerar que obstaculizan y restringen el acceso a este derecho.

La norma, votada por mayoría el 16 de julio, adhirió a la Ley nacional 6312. No crea ningún derecho, sino que garantiza derechos establecidos en nuestro país desde 1921: el acceso seguro a una atención médica de calidad para quienes atraviesan situaciones de embarazos productos de violación, o en las que está en riesgo su salud o su vida. Sin embargo, en la promulgación el Ejecutivo porteño incorporó tres anexos reglamentarios en los que aparecen obstáculos al acceso y se altera el contenido de la ley.

Uno de los puntos cuestionados es que se establece que la persona que se acerque a consultar por una ILE será atendida por un equipo interdisciplinario: “Realizará una consejería previa del equipo interdisciplinario y se le brindará información a la persona embarazada respecto de las diferentes alternativas y programas de acompañamiento como parte del cumplimiento del protocolo”, dice uno de los anexos. Desde la regional CABA de la Campaña lo cuestionan, ya que establece la obligatoriedad de las consultas interdisciplinarias para garantizar el acceso a ILEs, requisito no presente en el protocolo al cual adhirió la Ciudad de Buenos Aires. “La interdisciplina supone un acompañamiento de mayor calidad y un apoyo fundamental para quien la solicite. Sin embargo, no puede ser un obstáculo para la práctica del aborto. Si no hay un profesional es problema del Estado que no haya. Si no está, no puede no accederse a un derecho”, dijo a este diario Yanina Waldhorn, de la Campaña. “La Corte Suprema dejó en claro que para la atención de abortos legales no se puede exigir la intervención de más de un profesional o la implementación de consultas o derivaciones que no tengan razones terapéuticas”, expresaron en un comunicado conjunto las organizaciones ELA, Amnistía Internacional, Cels, Fusa, Redi y Fundación Huésped. A la diputada del Frente de Todos Laura Velasco le preocupa especialmente cómo pueden funcionar estos equipos: “En verdad, cuando se está accediendo a la ILE hay un diálogo para ver si conoce las posibilidades que tiene… El tema es que se respete esa decisión y por sola declaración jurada se proceda a la intervención, que no se quieran meter por ahí los grupos antiderechos”.

El punto siguiente del mismo anexo es cuestionado por habilitar la disuasión del acceso a la ILE. Establece que “en el caso que se decida continuar el proceso gestacional y la persona se atienda en el Subsector Público, mediante el programa 'A La Par', del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, se garantizará el acompañamiento de la persona durante el embarazo, nacimiento y primeros meses de la vida del niño”. Para las organizaciones citadas, “las normas imponen a los equipos de salud que ofrezcan alternativas a quienes ya decidieron acceder a una ILE, lo que implica cuestionar la autonomía de quienes transitaron por la consejería, evaluaron sus opciones y optaron por una ILE. En el mismo sentido, el programa A La Par tiene como población objetivo a las personas gestantes que tendrían derecho a acceder a una ILE, como las embarazadas en situación de riesgo de salud, y no a todas las personas que estén transitando un embarazo” cuando una política pública debería estar disponible para todas quienes la necesiten.

Luego el anexo establece un límite de plazo gestacional de veinticuatro semanas para el acceso a la ILE, lo que no estaba contemplado no solo en la norma a la que adhiere sino en ninguna otra (el artículo 86 del Código Penal de la Nación, ratificado por el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012, no incorpora plazo alguno para las causales establecidas) y es considerado por las expertas un punto “alarmante”.

En otro anexo, se crea el “Programa de Derivación Garantizada a la persona embarazada para instituciones con ideario confesional y/o ético que deriva en la mayoría de profesionales objetores de conciencia”, en el que deberán anotarse las instituciones cuyo ideario “deriva” en que la mayoría de sus profesionales son objetores de conciencia. En este sentido, tanto la Campaña como las organizaciones aclararon que la objeción de conciencia es individual no institucional y que “el derecho a la interrupción del embarazo, en tanto derecho humano a la salud, debe ser garantizado en todo el sistema de salud, sean instituciones privadas, de obras sociales o públicas”.

En cuarto lugar, la Campaña rechazó las expresiones del jefe de Gobierno, que afirmó que “en caso de controversias en referencia a la atención de niñas y adolescentes tempranas, se podrá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como así también, cuando resulte necesario, al Ministerio Público Tutelar”. Preocupa la judicialización de la práctica que esto podría implicar.

El martes, el jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad fue a la Legislatura porteña. Velasco, presidenta de la Comisión de Mujer, Adolescencia, Infancia y Juventud, valoró al momento de tomar la palabra en esa sesión, el amplio consenso logrado para que la ley de adhesión pudiera ser votada por cincuenta votos a favor y que el jefe de Gobierno no hubiera vetado la ley (como sí hizo Mauricio Macri en 2012 con una similar).

En diálogo con Página12, Velasco dijo que si bien le preocupa que “haya ningún tipo de restricción a la ley que se votó porque siempre una reglamentación no tiene que contradecir el espíritu de la ley” es partidaria de concentrarse en el gran logro de la adhesión y luego estar atenta al control de lo legislado. En la práctica, el acceso a la ILE aumentó en los últimos años. Velasco recordó que el año pasado se hicieron 8300 intervenciones ILE en la ciudad, la mayoría en las primeras semanas, en los centros primarios de salud y por medicación.

Hay quienes dicen que algunas de las medidas anunciadas por Larreta fueron un poco de humo para “los celestes”. Como sea, tanto las organizaciones como la Campaña apuntan que se deberían revisar las reglamentaciones regresivas que puedan limitar el acceso.