Política y autonomía universitaria

Imagen: Bernardino Avila

En una columna de opinión en el diario La Nación, José Burucúa e Hilda Sábato cuestionaron la declaración de apoyo al gobierno nacional por parte de un grupo numeroso de rectoras y rectores peronistas. La misma se refería al acuerdo con los acreedores externos y al reconocimiento a medidas de política pública en el campo universitario: la revitalización del programa de infraestructura universitaria y la transferencia regular de los recursos para gastos de funcionamiento de las instituciones. El documento valora que se eliminara la obligación de afrontar el 50% del costo de las obras, lo cual era de imposible cumplimiento para las universidades de menor presupuesto y tamaño, y reconoce que en los primeros 7 meses del año se pagó una deuda de 5 meses de gastos de funcionamiento de 2019 y las remesas de este año están al día. La crítica de los colegas gira en torno a que rectoras y rectores manifestamos una posición político partidaria que “atenta” contra la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Nacional. El comunicado no es una manifestación institucional, se trata de la expresión pública de mujeres y hombres que hoy circunstancialmente somos rectoras y rectores de universidades, que respetamos y defendemos la autonomía universitaria, los valores de libertad de pensamiento y pluralidad de ideas en cada una de las instituciones que transitoriamente dirigimos por elección democrática de la comunidad universitaria. Los colegas muestran cierta sorpresa por la existencia de “bloques” de rectoras/es en el sistema universitario, sin embargo se sabe que ello es el resultado de un proceso histórico que no debe soslayarse, que distingue dos enfoques políticos sobre el sistema universitario, que jalonaron políticas y prácticas, del radicalismo y el peronismo. Para el peronismo, la gratuidad de 1949, la masificación de la universidad y la creación de la Universidad Obrera; el cuestionamiento al autogobierno universitario entre 1955 y 1966 en un contexto de proscripción política y al per saltum de 1984 cuando se omitió la ley universitaria de la democracia sancionada en 1974 –conocida como la ley Perón - Balbín- y el regreso a los estatutos universitarios basados en el decreto de Aramburu de diciembre de 1955, para normalizar las universidades. Más recientemente el desprecio hacia rectores normalizadores de prestigio académico, como el educador Dr. Juan Carlos Geneiro reemplazado en 2016 al frente del rectorado de la Universidad Nacional de Villa Mercedes por su no afinidad política con el gobierno. Es una larga historia de la que da cuenta el documental “Historia del Sistema Universitario Argentino” (www.hsua.com.ar) producido por nuestra universidad para el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y que invitamos ver Efectivamente existen dos bloques de rectoras y rectores, que reconocen historias, diferencias y acuerdos, pero todas y todos, sin excepción, somos defensores inclaudicables de la autonomía universitaria y reconocemos y respetamos que en cada institución convivan expresiones político ideológicas diversas. La convivencia democrática de ambos bloques se expresa en la rotación anual de las autoridades del CIN y un sistema de acuerdos por consenso aún cuando la mayoría de rectores/as sean peronistas. Ello no implica que cada bloque renuncie a manifestarse con base en sus convicciones político ideológicas. 

* Rector de la Universidad Nacional de Río Negro

PD: Una versión de esta nota fue enviada como columna a opinión a La Nación como derecho a réplica, pero no fue aceptada en tal carácter. 

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