La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke requirió juicio para diez policías ante el Juzgado de Garantías 8. Los acusados, que cumplen funciones en la Guarda de Infantería, están imputados por vejaciones agravadas por el uso de la violencia. 

La víctima radicó la denuncia en 2013, relató que fue lesionada, detenida y llevada por distintos centros sanitarios donde no fue asistida, para ser liberada recién al otro día. Hasta ahora la causa estuvo archivada por el anterior fiscal, Gustavo Vilar Rey.

Los imputados son Carlos Jaime, Marcos Rodríguez, Luis Olivera, Mario Ocampo, José Gómez, Gabriel Chumba, Álvaro Belázquez, Andrés Vega, Jorge Vilca y Adriana Macarof. El denunciante radicó la demanda en la Comisaría Primera. Relató que la noche del 5 de julio de 2013 fue al complejo de ATSA del barrio Castañares para participar de un partido de fútbol 5 junto a padres de chicos de la escuela de fútbol “Los Gallitos”.

Al terminar, y mientras conversaba y compartía vino y gaseosas en la vereda de ese complejo con otros padres, llegó un móvil policial de Infantería acompañado por otros de la Comisaría Sexta, del barrio Ciudad del Milagro y de la Subcomisaría de Castañares. Varios uniformados descendieron y “en forma descortés y con total abuso de autoridad” lo increparon y le dijeron que se retirara.

El denunciante manifestó que cuando respondió “por qué no van a ver a aquellos que venden drogas”, fue golpeado a patadas y puños en diferentes partes del cuerpo por cuatro o cinco policías. Añadió que otros padres también fueron agredidos, mientras que una policía condujo el auto de uno de ellos para entregar a los niños a sus madres.

En el pedido de juicio la fiscala precisó que los detenidos fueron trasladados a la Central de Policía, donde los revisó un médico legal. Luego fueron llevados al Hospital San Bernardo, pero no descendieron porque, según la denuncia, los policías dijeron que “ellos no tenían nada que hacer con el detenido” por ser de la Comisaría Sexta y decidieron volver a la Subcomisaría de Castañares. 

La víctima dijo haber escuchado a los efectivos deliberar sobre su destino. Al otro día, 6 de julio, fue llevado a la salita de Castañares, donde no consiguieron atención médica y lo regresaron a la dependencia. Lo trasladaron a la Comisaria Sexta; luego a la salita de la localidad de Vaqueros, donde tampoco fue asistido y fue llevado nuevamente al San Bernardo. Allí extendieron un certificado a los uniformados, pero no medicaron al detenido. De regreso a la Comisaría Sexta, fue identificado, le hicieron firmar un libro y le dijeron que se retirara.

En sus fundamentos, Simesen de Bielke, sostuvo que los acusados excedieron los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en el denunciante permiten sostener que la conducta de los policías afectó el umbral mínimo requerido.

La fiscala también resaltó que la presencia policial en un lugar en el que se pueda estar cometiendo un delitio o una contravención, como en este caso, no puede agravar la situación mediante el uso de la violencia. Recalcó que en el lugar había dos niños de 5 y 6 años, quienes tuvieron que presenciar una "inusitada violencia sobre el papá de uno de sus amigos".

Respecto de la comisaria Adriana Cristina Macarof señaló que se encontraba a cargo del operativo y "a pesar del claro exceso del uso de la fuerza, no impidió llevar adelante las acciones abusivas por parte del personal de Infantería". La fiscala destacó la omisión de la comisaria y la acusó de coautora.

Simesen de Bielke requirió el sobreseimiento de cuatro policías: Pamela García, Nelson Gallardo, Exequiel Sardina y Clara Blasco, por no haberse podido comprobar su participación en los hechos.