Cada vez hay menos margen para que la política siga protegiendo a Fabián Fernández Garello, que aún sigue siendo fiscal General de Mar del Plata a pesar de que la Justicia federal halló probada su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, cuando integraba el staff de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba). A fines de la semana pasada, la jueza de primera instancia de San Martín Alicia Vence elevó a juicio la causa en la que se encuentra imputado y procesado junto a otras siete personas por su participación en secuestros y torturas de militantes durante el terrorismo de Estado. Entonces, la Comisión Provincial por la Memoria, querellante en la causa, insistió ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense que “disponga de manera efectiva” el apartamiento del todavía fiscal. También volvió a exigir que comience de una vez por todas el jury de enjuiciamiento que está paralizado desde fines del año pasado.
La titular del Juzgado federal de Instrucción número 2 de San Martín declaró finalizada la investigación que tuvo a los ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) Fabián Fernández Garello, Hugo Tresguerras y Daniel Ríos, los ex miembros de la Brigada de investigaciones de Caseros Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota, y el ex jefe del destacamento de inteligencia 201 del Ejército Jorge Apa en su centro. La instrucción sobre la presunta participación de ellos en el secuestro y torturas de Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor, tres militantes comunistas el 23 de julio de 1981, acabó con la confirmación de los cargos señalados.
El jueves pasado, Vence elevó la causa a juicio oral, destacando que los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco del terrorismo de Estado. La medida había sido solicitada de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal, la CPM y las secretarías de derechos humanos de Nación y Provincia en marzo pasado, querellantes en la causa. Ahora sólo resta que se sortee el tribunal para la realización del juicio.
De acuerdo a las pruebas que existen en el expediente, para la jueza Vence se encuentra acreditada, con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal, la responsabilidad de los siete imputados en el secuestro y tortura de los militantes comunistas.
Tras conocer la noticia, Fernández Garello anunció que apelará. La CPM, en tanto, insistió con el apartamiento del jefe de los fiscales marplatenses y su enjuiciamiento. “La causa judicial sigue avanzando mientras Fernández Garello sigue en funciones”, remarcó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.
Con la elevación a juicio sobre la mesa, el organismo de derechos humanos provincial pidió en una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria, que "disponga de manera efectiva" el apartamiento del fiscal General “dada la entidad y gravedad de los hechos” que se le imputan. "Los graves delitos que se le imputan al Fiscal General Fernández Garello se produjeron en el contexto de un plan sistemático de represión y exterminio que tuvo lugar en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar", destacó la Comisión en la misiva. Su permanencia como representante del ministerio Público Fiscal "resulta inadmisible”, remarcaron.
En la misma comunicación, la Comisión también pidió que se "convoque de manera urgente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios" para "el consecuente inicio de su proceso de enjuiciamiento". Fernández Garello fue denunciado ante la Justicia por la CPM y otra decena de organismos en 2016, con el respaldo de documentos de inteligencia del archivo de la DIPPBA que demostraban su participación en el operativo por el que será enjuiciado y tantos otros. Según esos documentos, sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado informó la CPM a través de comunicaciones de prensa.
A fines de ese año, también fue presentado un pedido de juicio político en su contra, que aún no avanza. Luego de estar al filo de ser archivado, la situación parecía que avanzaba a mediados de 2019 tras los procesamientos dictados por Vence. Sin embargo, los representantes de la política aún no dieron quórum para finalmente analizar la situación. Dos audiencias fracasaron por falta de quórum. “Las maniobras dilatorias fueron tan evidentes que el presidente de la Corte Bonaerense llegó a advertir a los integrantes del jurado que la ausencia reiterada y sin razones que lo justificaran era motivo de sanción”, apuntaron desde la CPM.
Tras la elevación a juicio, el organismo también insistió con el jury al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, Eduardo De Lázzari: “A esta altura procesal ya no hay más margen para la protección política del fiscal, su permanencia en el cargo es una grave afrenta a la democracia”, concluyeron.
