"Pasaron dos meses, Nacho todavía está recuperándose y este tipo está libre porque no lo mató". Marina, madre de Ignacio Seijas, reclama por la decisión de la jueza de Garantías de Lomas de Zamora, Marisa Salvo, de anular la prisión preventiva del policía que le disparó a su hijo una perdigonada de posta de goma en la cara, a menos de dos metros de distancia, y le hizo perder su ojo derecho. La jueza decidió cambiar la carátula de la causa de "tentativa de homicidio agravado" por "lesiones graves" y excarcelar al oficial del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Bonaerense por considerar, entre otros argumentos, que no tuvo intención de matar.  

"Los argumentos de la jueza están cargados de absurdos jurídicos", lamenta Eduardo Gómez, abogado de la familia, que apeló el fallo al igual que el fiscal Sebastián Bisquert, a cargo de la UFI 8 especializada en violencia institucional. La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense anticipó que presentará un oficio para respaldar la estrategia fiscal para que la Cámara de Apelaciones revierta el fallo de la titular del juzgado de Garantías Nº5. El sábado pasado, el adolescente fue intervenido quirújicamente, otra vez, para quitarle perdigones que aún tenía en la cara.

Ignacio, de 17 años, perdió la vista de su ojo derecho el sábado 20 de junio, cuando un escuadrón de seis efectvos del GAD ingresó por la fuerza a la casa diminuta en la que vive con su madre, su padrastro y su hermanita en Villa Albertina, Lomas de Zamora. Primero maniataron a su padrastro, golpearon a su madre y luego se dirigieron al patio, que conecta con la pieza del adolescente. Allí, a corta distancia, el oficial le disparó en la cara. El allanamiento era por la denuncia del robo de electrodomésticos a una escuela cercana. Pero el domicilio estaba errado. 

El oficial que descargó la perdigonada de su escopeta directo al rostro del adolescente fue Daniel Antonio, quien fue imputado y detenido cuando la causa, a pedido de la fiscalía y la querella, pasó de "lesiones graves" a "tentaviva de homicidio agravado" y "vejaciones", por las patadas y golpes que los integrantes del GAD le dieron al adolescente y su familia por dos horas.  

Sin embargo, la jueza Salvo decidió revertir la carátula el jueves pasado y liberar a Antonio, cuando se cumplían dos meses del allanamiento del grupo especial de La Bonaerense, que no solo erró la dirección a allanar sino que secuestraron electrodomésticos de la familia de Ignacio y de sus vecinos para montar un supuesto operativo exitoso.  

En la apelación, la querella solicitó que también se ordene investigar al resto de los efecitvos del escuadrón del GAD, que actuaron con saña contra la familia, la "irresponsabilidad" del jefe del operativo y la "negligencia" en la investigación previa al allanamiento. 

"Lo liberaron con mañas y trucos judiciales"

"Los argumentos de la jueza son muy difíciles de analizar porque tienen muchos absurdos jurídicos, que no resisten un análisis. Por ejemplo, sostiene que no existe dolo porque la fuerza tuvo la actitud tácita de no dañar por el uso de postas de goma, sin tomar en cuenta el allanamiento errado ni la paliza que le dieron a Nacho y a su madre",  explica el abogado de la familia a PáginaI12.  

La jueza también apuntó irregularidades en la toma del testimonio del adolescente, a pesar de que estuvo hospitalizado tras la paliza recibida, y validó algunos argumentos de la defensa del policía como la posibilidad de que el agente especial haya "temido por su vida" porque el joven tenía en su mano un cuchillo, que la familia explicó era para abrir la puerta que conecte el patio con el comedor de la casa; o que apuntó a la cara del joven porque no tenía lugar para hacerlo a las piernas.     

"Lo arrestan y después lo liberan con mañas y trucos judiciales que utilizan para estos casos. Acá vino un policía y le voló un ojo a Nacho. Dicen que tuvo miedo, cuando tenía mil maneras de reducirlo, en lugar de dispararle, patearlo e insutarlo", lamentó Nelson, padrasto del adolescente y víctima de la violencia del allanamiento. "No sé qué cabeza tienen los jueces, parece no entender lo que hacen, ellos no ven el sufrimiento de las familias y que a los pibes los sigue matando la policía", cuestionó Nelson en diálogo con este diario. 

Por su parte, la madre de Ignacio lamenta que su hijo volvió a ser operado el fin de semana. "Todavía tenía un perdigón en la cara, supuraba y tenía una infección. Ahora está todo hinchado, sin poder hablar. Pasaron dos meses, Nacho está recuperándose y este tipo está libre porque, como no lo mató, la jueza considera que tiene que estar libre", lamentó Marina y subrayó que su hijo está con miedo por la liberación del agente del GAD porque lo que se fue a vivir a la casa de su padre. 

"Nos quieren dejar solos"  

Veinticuatro horas antes del fallo que ordenó la excarcelación del policía detenido, la jueza Salvo había rechazado la presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Lomas de Zamora como querellante en la causa "con el argumento que el menor de edad no murió y por lo tanto, para ella, esa situación entonces no constituye un tema de interés colectivo", denunció el organismo de derechos humanos. 

La APDH calificó como "desconcertante" la decisión de liberar al agente especial imputado y resaltó como en su fallo la jueza "alerta a la defensa del policía, las tres estrategias defensivas por las que puede transitar la policía Bonaerense". "Es una clara actitud de complacencia a situaciones que derivan en abusos policiales y evitar avanzar en el castigo al accionar de la policía", lamentó el organismo. 

Nelson tiene su lectura respecto del rechazo de la APDH para acompañar a la familia. "Nos quieren dejarnos solos para que por casancio bajemos los brazos y quede libre", lamentó el padrastro de Ignacio, quien junto a la madro del adolescente marcharon el miércoles en La Plata junto a otros familias víctimas de gatillo fácil. "Tenemos que unirnos para que algo cambie a nivel institucional", aseguran.