En la madrugada del sábado, un escuadrón de fuerzas especiales de la Policía Bonaerense derrivó la puerta de una casa de familia en Villa Albertina, redujo a un hombre y disparó a la cara de su hijastro, de 17 años, provocándole la perdida de visión de su ojo derecho. El operativo era supuestamente para resolver el robo de electrodomésticos en una escuela ubicada a cuatro cuadras, pero en el domicilio allanado no había ningún responsable de ese hecho. Ahora, la UFI 8 de Lomas de Zamora, especializada en violencia institucional, investiga a uno de los agentes por lesiones gravísimas, mientras que la familia exige que la causa se recaratule a intento de homicidio. La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense tomó intervención para lograr el apartamiento del oficial del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).
"Como no encontraron lo que vinieron a buscar, se metieron a la casa de los vecinos a llevarse el freezer, una pava, ollas... que luego devolvieron", denunció Nilda Marina Canva, madre del adolescente herido sobre el escenario montado posteriormente para justificar el violento operativo, algo que fue denunciado por la Comisión Provincial de la Memoria ante la Fiscalía y Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. "Mi hijo fue víctima de gatillo fácil y yo soy una mamá que lo puede contar con él vivo", se descargó Nilda.
"Todavía tiene perdigones en la cara"
"Pasaron cinco días y todavía se saca perdigones de la cara. Está atravesando un dolor terrible, toma tramadol para soportarlo y hay que abrirle el ojo para desinfectarlo", relata Nilda a PáginaI12 desde su casa en Villa Albertina sobre las secuelas que sufre su hijo Ignacio tras recibir un disparo de una posta de goma, a muy corta distancia, por lo que todo los perdigones impactaron en su pómulo y ojo derecho.
En la neblina de la mañana del sábado, un grupo del GAD derrivó la puerta de la pequeña casa de Nilda, donde vive con su pareja Nelson y su beba de 1 año y 11 meses. La fuerza especial de la Bonaerense ingresó a la casa, redujo a Nelson, boca abajo contra el piso, lo precintaron y le pusieron un pie sobre la cabeza. Entre órdenes y armas largas, Nilda pedía que se detuviera, mientras sostenía a su beba en brazos.
En ese momento, al menos uno de los agentes se dirigió al patio de la casa, que se conecta con otras casas en el mismo terreno. Ignacio escuchó los ruidos del allanamiento y salió de su pieza, que da al mismo patio que la casa. En la mano llevaba un cuchillo desafilado, que la familia usa para abrir la puerta, sin picaporte, que conecta la casita con el patio. Entre el adolescente delgado y el agente, de más de cien kilos y 1,80 metros, había un lavarropa que impedía cualquier ataque, como sostuvo la versión policial. Sin embargo, recibió la perdigonada en la cara.
"No le dijo nada y le tiró a la cabeza. Mi hijo cayó al piso y lo patean, le dicen: 'negro de mierda', 'chorro', 'hijo de puta'. Él, precintado en el piso, me miró y me dijo: 'Solo quería abrir la puerta. Me destrozaron'", recuerda Nilda la escena que vivió, mientras los agentes del GAD la seguían ordenando que se vaya con su beba a otra parte.
Ignacio estuvo 40 minutos tirado en el piso, mojado por la lluvia del sábado en la madrugada. Dentro de la casa seguía reducido su padrastro Nelson. "Me redujeron, me sacaron de la habitación y quedé boca abajo, pero alcanzaba a ver la sangre en el piso del patio y los pies de Nacho, que estaba temblando", contó Nelson a este diario.
Un operativo montado
Desde el inicio de la pandemia, Nelson perdió su changa en Capital Federal y Nilda su cargo de auxiliar docente, por lo que habían comprado con ahorros un horno para hacer delivery de pizzas en el barrio. "Nacho es un buen pibe, hace los repartos que están cerca de casa, siempre tomando todos los recaudos por el virus, porque sabe que tiene a su hermana que es un bebé", lamenta Nelson.
Después de casi una hora precintado en el piso, llegó la ambulancia y el joven fue llevado al Gandulfo para recibir la primera atención. Le confirmarían que iba a perder la visión de su ojo derecho. "Lo dejaron diciéndole a la enfermera que era un chorrito y después se fueron porque no tenían orden para detenerlo", denuncia Nelson y criticó: "Estas personas no están capacitadas para hacer lo que hacen, son unos inoperantes".
Además del horno nuevo, Nelson y Nilda tenían un horno eléctrico que le había prestado un familiar. Tras el violento operativo, el GAD secuestró el horno como uno de los electromésticos robados de la Escuela Media 26, ubicada en Rawson y Palma, a cuatro cuadras de la casa allanada. Ese robo, denunciado el miércoles 17, fue el motivo de la orden de allanamiento dada por el fiscal Carlos Román Baccini, titular de la UFI 15, y la actuación de una fuerza especial para un delito simple.
La justicia ordenó luego que se devolviera el horno eléctrico a Nelson y Nilda, pero también pavas eléctricas, ollas, equipos de audio, microndas y un freezer, que habían sido tomados por el escuadrón de la casa de otros vecinos. "Recuperaron los electrodomésticos robados de una escuela desvalijada en Lomas", publicaron la versión policial los medios locales el lunes con la foto que lo documentaba y un banner de la Comisaría 7 de Villa Centenario.
"Al no encontrar lo que ellos estaban buscando, se les metieron a los vecinos a sacarles el frezzer, ollas y otros electrodomésticos", apunta Nilda y Nelson agrega: "A dos cuadras de casa redujeron a una vecina, que vive con su nena de 7 años, para llevarle la pava eléctrica, el equipo de música y el microondas. La nena está con una parálisis en la cara por el susto".
"El gatillo fácil tiene que parar"
La investigación por el accionar desmedido del GAD quedó a cargo del fiscal Sebastián Bisquert, a cargo de la UFI 8, especializada en violencia institucional, quien ya procesó a uno de los agentes por "lesiones gravísimas". Mientras que la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense tomó intervención para impulsar la causa judicial y solicitó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Sergio Berni, la apertura de la investigación en Asuntos Internos y separar al agente del GAD.
"Así como el Estado genera este uso desmedido de la fuerza, hay una decisión política de acompañar a las víctimas, cuando las fuerzas se exceden e impulsar el proceso judicial. Haremos todo lo que tengamos que hacer para que estas situaciones se esclarezcan, no hay margen ya para estos hechos de violencia institucional", aseguró el subsecretario de DDHH provincial, Matías Moreno, a este diario. Moreno junto a la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Eva Asprella, se reunieron con la familia el lunes pasado para ofrecerle asistencia.
"Mi hijo es víctima de gatillo fácil y yo soy una mamá que lo puede contar con él vivo. Si la Policía lo quería asustar o reducirlo, le hubiesen tirado de la cintura para abajo, al menos, pero le apuntaron a la cabeza. No quiero que ni una familia más pase por esto. Se tiene que parar", exigió Nilda.
