A partir de múltiples denuncias formuladas por pequeños monotributistas y personas en general de condición humilde, a quienes se les había robado la clave fiscal, se llegó a detectar primero y desarticular después una organización dedicada a la fabricación de facturas "truchas" que eran utilizadas con fines de evasión fiscal. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto con la Justicia Federal de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal desarticularon un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas falsas. Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas de facturas apócrifas investigadas a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de 2800 millones de pesos, aunque fuentes de la investigación que siguen con el análisis del material secuestrado en distintos procedimientos, asegura que la cifra total ya supera los 3000 millones. 

A través de esas facturas falsas se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos del orden de los 430 millones de pesos, como mínimo, entre 2017 y 2020. La investigación conjunta fue impulsada por las Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, la Fiscalía Federal de San Francisco y la Fiscalía Federal N°3 de Córdoba. 

Entre las metodologías fraudulentas utilizadas por las estudios contables y empresas investigadas se identificó la apropiación de la Clave Fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes. 

Las tareas de investigación conjuntas permitieron, hasta el momento, más de 90 allanamientos y 33 detenciones, entre integrantes de la banda que actuaba como "usina de facturas truchas", empresarios que se beneficiaban con su utilización para simular gastos y hasta un par de funcionarios municipales ligados a estos delitos.

Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta. Los operativos simultáneos realizados en distintas provincias fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba y el Juzgado Federal de San Francisco. 

Los procedimientos que se desarrollaron a lo largo de dos días contaron con la participación de 328 agentes especializados de la Dirección General Impositiva (DGI) de distintas regiones del país, así como distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.