El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo negocios, otra vez, con la alimentación de los chicos de las escuelas públicas. Distintos legisladores porteños, a raíz de un amparo presentado por las legisladoras Myriam Bregman y Alejandrina Barry, que después de casi tres meses obtuvo respuesta de la Ciudad, denuncian que del presupuesto ejecutado hasta agosto para comedores escolares, de $3.531.129.891 según informó el gobierno porteño, sólo 2.672.125.540 se destinó a canastas alimentarias. Es decir, habría más de 800 millones de pesos ejecutados, cuyo destino se desconoce. Detrás del negocio están las 19 empresas de alimentos concesionarias, varias de las cuales fueron aportantes de la campaña de Juntos por el Cambio. Once de ellas, además, recortaron salarios de sus trabajadores en abril y luego pidieron el ATP al Gobierno nacional. Los legisladores denuncian que las canastas además tienen sobreprecios y no cumplen con la calidad nutricional mínima. Desde el sindicato docente UTE agregaron que tampoco se están entregando la cantidad de canastas que declaran desde Ciudad. Desde el Gobierno de la Ciudad niegan sobreprecios y desvíos, y argumentan que las diferencias se deben a variaciones de costos y "actualización del pago a las concesionarias". 

Además de sumarse a la denuncia sobre una parte del presupuesto que fue ejecutado y sobre el cual se conoce su destino, el legislador del Frente de Todos Santiago Roberto indicó, en diálogo con Página/12, que las canastas que entrega el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, no sólo no cumplen con los requisitos nutricionales mínimos, sino que también tienen sobreprecio. “Luego de la respuesta que el Gobierno de la Ciudad realizó casi tres meses después de recibir el amparo, nos enteramos que pagaban 1400 pesos por cada bolsón quincenal. Yo fui al supermercado de cercanía al que voy habitualmente, y por los mismos alimentos que trae el bolsón --incluso algunos de primeras marcas que claramente esos bolsones no tienen-- pagué 653 pesos. Es decir, menos de la mitad. De ese modo podemos saber que hay un 115 por ciento de sobreprecio”, explicó Roberto. Lo mismo fue verificado desde el entorno de Bregman en relación al precio de la canasta. “Basta con ir a un comercio de barrio para verificar que los precios de los alimentos que compra el Gobierno de la Ciudad están inflados”, explicaron.

En esa misma línea, el secretario General de UTE, Eduardo López, confirmó en diálogo con este diario que “las canastas no solo son un desastre nutricionalmente, sino que tienen sobreprecios”. Pero además, agregó que “el Gobierno de la Ciudad les paga a las empresas, por ejemplo, por entregar 100 canastas, pero a las escuelas les entregan 50 porque, por la pandemia, no van todos los chicos a buscarlas. Se quedan con la plata de las 100, pero entregan la mitad, o incluso menos”. En cuanto al procedimiento que utilizan para lograr esto, López indicó que “van a la escuela, le preguntan a la directora cuántos chicos fueron a buscar la canasta el mes pasado y en base a eso van recortando”.

Consultados por Página/12, desde el Gobierno de la Ciudad negaron las acusaciones explicando que no se habría contado agosto en la suma ejecutada, y que además la suma "contempla el pago de Redeterminaciones de Precios sancionadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas". Es decir, se argumenta un pago retroactivo por el aumento de costos pasados, que sin embargo no se encuentra publicado en el Boletín Oficial (como debe ocurrir con todo ajuste presupuestario que pasa por esta instancia). "A la fecha en que se brindó la información referenciada en el mencionado amparo aún no se contaba con la información referida a la ejecución presupuestaria de las entregas de canastas escolares nutritivas correspondientes al mes de agosto", argumentan.

El recorrido judicial

Debido a la mala calidad de los alimentos, que durante la pandemia fue empeorando, y al no tener los números acerca del dinero que el Gobierno gasta en alimento escolar, en marzo las legisladoras del PTS-FIT Bregman y Barry presentaron ante la justicia un amparo colectivo junto a docentes, cooperadoras y familias. Luego de dos meses, el 22 de junio, la jueza de la causa, Romina Tesone, exigió al Gobierno de la Ciudad que informase el costo y la cantidad de canastas entregadas, cuánto se le pagaba a las concesionarias por el servicio --antes y durante el aislamiento--, el monto del presupuesto previsto para el servicio de los comedores y cuánto había sido ejecutado hasta el momento. 

El Gobierno porteño se negó entonces a brindar información. El 4 de agosto, durante una sesión especial en la Legislatura porteña, Bregman pidió sin éxito al jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, que brinde los números. El 18 de ese mismo mes la jueza resolvió aplicar una multa al ministro de Educación, Luis Bullrich --quien reemplazó a Soledad Acuña cuando estaba de licencia-- de ocho mil pesos diarios durante el tiempo en el que no haga pública la información y, además, remitió el expediente a la justicia penal. 

Luego de esta medida, finalmente el 23 de agosto el Gobierno de Larreta respondió. Tampoco en esa instancia brindó la información de cuánto le paga a las concesionarias, pero sí detalló cuánto se ejecutó del presupuesto anual, cuánto cuesta cada bolsón y cuántos habían entregado hasta el momento. De ese modo se supo que hasta agosto se había ejecutado el  69,86 por ciento del presupuesto total de 2020 para comedores escolares que era de  $5.031.358.533 --$4.598.750.004 comedores y $432.608.529 lácteos--, es decir $3.531.129.891.

En esta respuesta, a la que accedió Página/12, el GCBA informó que en la décima entrega se repartieron 133.557 canastas de almuerzos, 78.001 de refrigerios y 222.687 canastas de desayuno. También informaron que el precio que abonan por cada canasta es, respectivamente, de $1.400, $529 y $175. Según el equipo de Bregman, "de eso resulta que el Gobierno destinó $267.212.554 para aquella décima entrega, sin contar la leche porque ello posee una partida presupuestaria propia--". 

Por otro lado, agregaron que "en las audiencias celebradas en el amparo, el Ministerio de Educación manifestó que era imposible registrar las cantidades entregadas, y que ellos computaban los beneficiarios registrados. Es decir, se trata de una cifra relativamente estable ya que los beneficiarios registrados son quienes tuvieron beca el año pasado, quienes tienen beca este año y quienes hayan iniciado el trámite. De ahí que, si en la décima entrega pagaron $267.212.554, tomando las diez entregas realizadas hasta agosto, gastaron $2.672.125.540", detallaron. De esto se concluye que habría más de 800 millones de pesos que fueron ejecutados, pero se desconoce su destino.

Bregman señaló que “desde hace mucho tiempo vemos el déficit en la alimentación de los chicos en la Ciudad, pero a partir de la pandemia notamos que empeoraba cada vez más, por eso hicimos un amparo, sabiendo que por las vías políticas el Gobierno de la Ciudad nunca nos escucha, y allí se abrió una investigación en la que empezaron a saltar todo tipo de cuestiones. Creemos que esto no puede terminar acá. Queremos saber cuánto cobran las concesionarias y qué pasa con ese dinero. Se debe abrir una investigación al respecto”, subrayó. 

Las concesionarias

Entre las irregularidades que se vienen denunciando sobre las empresas concesionarias de provisión de alimentos a las escuelas públicas, hay una que atañe específicamente a los tiempos de pandemia. Once de estas firmas pidieron el ATP al gobierno Nacional para pagar salarios, aún cuando el 35 por ciento del porcentaje que reciben de la Ciudad de Buenos Aires es para ello. Y además aplicaron suspensiones y descuentos salariales en abril. Hay un detalle que es claramente previo a la pandemia: al menos cuatro de las 19 concesionarias fueron aportantes a la campaña de Cambiemos en 2015: Friends Food S.A., de Raúl Forastiero, que aportó entonces 14 mil dólares; Teylem, que forma parte del Grupo L al igual que Bagalá y está presidida por Víctor Luis Lusardi; Siderum, dirigida por Fabián Rodríguez y Arkino, presidida por Manuel Martin. Todas estas, a excepción de Siderum, pidieron el ATP.

Las otras empresas que pidieron el ATP son Caterind SA, cuyo presidente es Oscar José Baldi; Dassault S.A., presidida por Carlos Alberto Denarie e Hispan S.A., por Guillermo Alejandro Quiroga. Díaz Vélez SRL, cuyo gerente es Leonardo Ramón Pérez; Enrique Tavolaro SRL, cuyos gerentes son Jorge Enrique y Andrea Tavolaro; Servir'c SA, cuya presidenta es Liliana Delia La Grotta; Treggio SRL, gerenciada por Walter y Vanesa Edith Ferrarotti; Bagala S.A de Víctor José Bautista Lusardi y Servicios integrales de Alimentacion SA, cuyo presidente es Miguel Lombraña. 

Por este “doble pago”, el abogado del colectivo “Vacantes para todos”, Eduardo Barreyro, presentó un amparo. En diálogo con Página/12, Barreyro indicó que pudo corroborar que, por ejemplo, “hay una de esas empresas que paga 400 sueldos con el ATP". "Estamos sumando información de montos, sabemos que entre los que pagan la mitad del sueldo con el ATP en abril y mayo figuran esas once empresas”, detalló el letrado.

Como un dato que hace que los números cierren aún menos, el abogado del colectivo Vacantes para Todos --además de denunciar el "doble pago"-- descubrió que el precio que el Gobierno porteño supuestamente paga por los alimentos fue bajando desde el mes de octubre del año pasado hasta hoy. “Bajaron el precio que gastan en alimento per cápita. En octubre estaban pagando 162 pesos por almuerzo, en diciembre 174, y ahora están pagando 140. Es aproximadamente un 25 por ciento menos”, advierte. La ejecución presupuestaria, sin embargo, no refleja esa disminución. 

Dado que la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos prohíbe expresamente el aporte de empresas, los partidos utilizan fundaciones para recibir dinero para las campañas. En el caso de Cambiemos, la fundación Formar --que tenía a Guillermo Dietrich y a Esteban Bullrich como referentes-- fue una de las más útiles para tal fin. Según la información brindada por Formar al portal Chequeado, entre las empresas aportantes de la campaña 2015 figuraban las cuatro concesionarias mencionadas (Friends Food, Teylem, Siderum y Arkino). 

“Es una cuestión gravísima. Las investigaciones están indicando que estas concesionarias que desde nuestro espacio venimos cuestionando aparecen como aportantes de Mauricio Macri", repasa Bregman. "Entonces una vez más, estas cosas que parecen inexplicables como por qué la comida es tan mala, o por qué Soledad Acuña permite este sistema, se explican porque habría alguna especie de retorno vía aportes a campañas electorales”.

“La clave es descentralizar”

Los legisladores opositores y los sindicatos docentes plantearon en diálogo con Página/12 algunas alternativas al esquema actual para la alimentación de los alumnos porteños. Según Santiago Roberto “por el mismo dinero que gasta la Ciudad para los bolsones propusimos hacer una tarjeta escolar alimentaria para todos los chicos que tienen matrícula en la Ciudad de Buenos Aires. No solo para los que van a comedores, sino para todos, incluso para aquellos que pidieron la vacante y no se la dieron”, detalló.

El legislador resaltó que “de ese modo se podría universalizar el servicio de comedor a través de la entrega de cinco mil pesos mensuales a cada uno de los chicos que van a las escuelas públicas porteñas. La clave sería descentralizar para que de ese modo no haya negociados con las concesionarias”, puntualizó el legislador.

La postura de los sindicatos docentes va en la misma línea. Según López “tenemos como propuesta que, mientras dure la pandemia, haya una tarjeta alimentaria, algo similar a lo que hacen en el Pami que, en vez de entregar los medicamentos, le dan a los jubilados una tarjeta. Y luego sería una buena idea que el Estado vuelva a hacerse cargo, como era antes, y deje de tercerizar a estas empresas con las que hacen negocios”.

Bregman cree que la solución es la estatización de los comedores: “yo fui a la escuela pública cuando era chica y me parece ideal el viejo esquema del comedor de la escuela en el que había comida fresca, caliente y rica. Que los chicos tengan ahí la comida servida por los trabajadores que la hicieron en ese momento, con la guía de nutricionistas diciendo qué es lo que deben comer para estar sanos. Con controles de las cooperadoras y comisiones de padres que cuiden el funcionamiento de esos comedores estatales”, propone.