Las barreras impuestas por cuestiones de género, las violaciones sistemáticas de derechos de los pueblos originarios, las dificultades que se les suman a las personas con discapacidades, las limitaciones que deben soportar quienes viven alejados de los centros urbanos de mayor importancia, la falta de acceso a diversos derechos, como la conectividad digital. Todas estas cuestiones, y otras, se trataron en los foros realizados por el Inadi en el NOA, en el marco de una serie de estas actividades de consulta a organizaciones sociales de todo el país con el fin de actualizar el Plan Nacional contra la Discriminación.
Los distintos expositores, de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, mostraron un mosaico de acciones de discriminación que afectan a distintos grupos de personas. Hubo propuestas de que el Estado argentino se reconozca plurinacional, y también se planteó la necesidad de la penalización de los actos de discriminación.
La violencia de género se llevó quizás la mayor cantidad de exposiciones. Además de las descripciones sobre las acciones concretas, del crecimiento de la violencia en el aislamiento por la pandemia, hubo propuestas. La abogada Yanina Mohamed, del Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca, propuso que haya representación legal gratuita del Estado para las víctimas de violencia de género.
La salteña Maru Rocha Alfaro, de la Red PAR, reseñó hechos de violencia, como la continuidad de la práctica del chineo (la violación de niñas y mujeres de pueblos originarios por parte de hombres criollos), y propuso realizar campañas de concientización y de información, que "sean sostenidas en el tiempo, y que no sean solo por tv".
Exponentes de organizaciones de mujeres de Tucumán enfatizaron la necesidad de que se apruebe una ley de paridad de género en esa provincia. Lo dijo, entre otras Laura Alejandra del Valle, de Mujeres del Frente de Todes. Lorena Núñez, de Los Irrompibles, agregó que el sistema electoral que usan dificulta la participación de las mujeres y "muy pocas llegan a componer esos espacios”.
De Salta, la profesora de filosofía Carolina Vaca, de la organización Volver a Sonreir, que trabaja con mujeres del penal de adultas, señaló que ser mujer en contexto de encierro “significa también ser víctima” de una serie de hechos de violencia, en un espacio que acentúa esta situación.
Lucio Plaza, del PJ de Jujuy, denunció la inexistencia en su provincia de un mecanismo de acompañamiento a las personas de la diversidad, sobre todo a quienes empiezan a descubrir su identidad, para quienes “todo es más difícil”, tanto en el ámbito familiar como laboral. Sostuvo que en Jujuy hay "un perjuicio muy enraizado” hacia este colectivo, y consideró que de todas las discriminaciones que sufren, la más grave “es la institucional”, la violencia policial.
Natalia Fernández, de la Asociación de Periodistas de Salta, planteó “la necesidad de la capacitación y la formación hacia periodistas”. "Entendemos que nos es posible fomentar un Plan Nacional contra la Discriminación dejando por fuera a los medios de comunicación”, afirmó.
Estado plurinacional
Jorge Ernesto Angulo, del Consejo de Pueblos Originarios Llankay Maki, de Jujuy, denunció la invisibilización de los saberes de estos pueblos, afirmó que esto es por la persistencia de la discriminación y el racismo, y consideró que "se debe ir a un estado plurinacional".
Angulo dijo que en la pandemia la discriminación a estos pueblos "se profundiza" y no se les da "participación activa” en los Comités de Emergencia, por ejemplo. “No se nos escucha, no hemos podido acceder ni siquiera a servicios básicos en Jujuy para poder llevar adelante esta situación de emergencia”, sostuvo.
En el mismo sentido, sostuvo que cuando hay un conflicto territorial, no son escuchados, “lo nuestro va en tortuga” y las denuncias en su contra “avanzan más rápido”. Referentes de pueblos originarios de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, expusieron situaciones similares.
Malka Manestar, de Abogados y Abogadas de la República Argentina por los Derechos Humanos (ANDHES), que actúa en Jujuy y Tucumán, también consideró que Argentina debe reconocerse plurinacional, y señaló que hoy en día las organizaciones del Estado tienen "una visión totalmente monocultural", lo que es "una base para la estigmatización a los pueblos originarios".
Señaló que hay dificultades para el acceso a la justicia de estos grupos. También denunció la falta de representación indígena en los órganos estatales, la falta de participación en instancias de decisión sobre temas que les atañen, la falta de consulta previa, libre e informada.
Desde Orán, en Salta, el abogado Hernán Mascietti, de la organización Techo y Tierra de los Asentamientos Humanos, denunció que las comunidades indígenas sufren expresiones de violencia y de discriminación de parte del sistema de salud, más aún en este momento de pandemia.
La periodista Elena Corvalán, de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, se refirió a la discriminación asociada a la desigualdad de acceso a la comunicación de las poblaciones rurales, sean criollas u originarias. "No solo existen dificultades para la comunicación presencial, por la lejanía y por los malos caminos, cuando existen, sino también que la mayoría de las empresas que ofrecen servicios de comunicación, sea de telefonía o internet, no tienen un servicio o, si lo tienen, no es bueno en esos lugares", sostuvo antes de proponer, "frente a estas limitaciones, una comunicación comunitaria, popular, alternativa, e indígena", y reinvindicar la conectividad digital como un derecho.
Sobre sordos
Diego Quispe, de la Asociación de Sordos de Orán, también reclamó participación en los organismos estatales y pidió que el Estado provincial salteño y la Municipalidad de esa ciudad se reúnan con ellos. Recordó que pidieron que haya un intérprete de la lengua de señas dentro de la Municipalidad y que trabaje junto con la asociación, pero no recibieron respuestas. Y dijo que tampoco los invitan "a participar de las políticas" en la provincia. Dijo que buscan "que las personas sordas podamos asesorar cuáles son nuestras necesidades". "Se nos dificulta mucho llegar al estado", lamentó.
Por las personas con discapacidades también habló Griselda Bazán, de Catamarca, quien manifestó con crudeza: "nosotros somos caros para el Estado". Y pidió que haya empatía en las decisiones para que no se agraven los padecimientos que ya sufren, como ocurrió, dijo, en la gestión del gobierno de Cambiemos.
Migrantes sin acceso a derechos
Elena Rivero, de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, destacó que en Salta "hay una gran población de migrantes", y denunció que hay situaciones "de discriminación, de xenofobia" que se asientan en el racismo.
Descendiente de migrantes europeos, Ricardo Sckholnik, de la Asociación de Inmigrantes y Descendientes de Tucumán, reseñó que los inmigrantes actuales, de países latinoamericanos y africanos, “tienen los mismos problemas” que los primeros inmigrantes venidos del viejo continente. “Están siendo discriminados por ser extranjeros o por ser de un color diferente en los servicios de salud, en los servicios legales, en los diferentes instrumentos del estado se los discrimina permanentemente”.
Violencia institucional
El abogado Martín Plaza, de la Asociación Pensamiento Penal de Salta, se refirió a la violencia institucional, celebró en este aspecto el documento del Inadi vinculando esta práctica con la discriminación y señaló precisamente que la mayor parte de las víctimas son personas de la poblacion vulnerable, de barrios más humildes, “como un elemento característico”. Y propuso que el Inadi convoque a otros organismos y organizaciones para trabajar sobre esta cuestión.
El director Alejandro Arroz, de la REDIGITAL NOA y la Asociación de Creadores Audiovisuales, recordó que constantemente hay actos de estigmatización y discriminación y propuso que el Inadi pida que “se instrumenten acciones concretas contra la discriminación”. “Todo aquel que es racista que hace comentarios discriminadores en nuestro país, no tiene consecuencias, insistió en la línea de la penalización.
