Denuncian que avionetas fumigan a campesinos santiagueños

“No somos libres de sembrar lo que queramos”

La denuncia apunta a empresarios que no son de la provincia, cuyos campos de soja y maíz acorralaron a agricultores del departamento Jiménez.
La chacra de Escobar, en el paraje La Pajosa La chacra de Escobar, en el paraje La Pajosa La chacra de Escobar, en el paraje La Pajosa La chacra de Escobar, en el paraje La Pajosa La chacra de Escobar, en el paraje La Pajosa 
La chacra de Escobar, en el paraje La Pajosa  

En la zona cada año es posible que llueva en octubre. Pero lo que es seguro en septiembre es que los campesinos de Jiménez, departamento de Santiago del Estero en el límite con Tucumán, vean sus siembras dejar de crecer y en ocasiones sus pieles queden enrojecidas. La causa es la fumigación que realizan fincas sembradas con maíz y soja.

Todos los años se hacen denuncias. Esta vez la realizó Américo Escobar, quien vive en el paraje La Pajosa junto a otras familias. El sábado en horas del mediodía pudo filmar con su teléfono el paso de una avioneta mientras describía el rocío de un líquido inoloro. La denuncia la hizo contra la Finca Los Aluces, y su encargado, Rubén Bermúdez. Sin embargo, entendió que quien hace la aplicación por avioneta, de apellido Bonetti, “se ensañó conmigo y mi familia porque pasa entre cuatro o cinco veces por encima de la casa. Yo ya me siento perseguido”, afirmó.

Empezamos con dolores de estómago, de cabeza, hay gente que dice que es urticaria y uno se autoconsuela”, dijo Escobar al describir su situación. Contó que el problema es que la siembra queda dañada por los agrotóxicos y se quema o deja de crecer. En este caso en particular explicó que el objetivo de quienes tienen el sembradío de soja al lado de su campo es sacar aquellos brotes de soja que surgieron solos y preparar el suelo para la próxima siembra. Sacar los brotes es secarlos.

No somos libres de sembrar lo que queramos porque el avión te pasa por encima, lo fumiga y te lo seca, te lo envenena. Es un envenenamiento”, afirmó. El lunes, cuando este medio habló con Escobar, estaba saliendo para el Hospital del Charco (también en Jiménez), “porque se me está levantando la piel. Se me hace cascarita en la cara”. Sucede que en una de las pasadas de fumigación de la avioneta, el líquido le cayó encima mientras él trabajaba su campo, sin tener protección alguna.

La chacra de Escobar

Contó que una de las soluciones que le dieron los finqueros fue arrendarle el campo “para que fumiguen tranquilos”. Por lo que dijo el trabajador rural, la estrategia de arrendar los campos a quienes viven y trabajan desde siempre en la zona es una práctica recurrente a la que acceden acorraladas algunas familias campesinas. Escobar detalló que tiene 20 hectáreas de tierra. Al menos 6 hectáreas tienen siembra y en otra hectárea tiene su casa con frutales como pera, manzana, durazno, naranjo, y verdura. El resto es monte nativo y lo que cosecha es para dar de comer a los animales que cría. A su entender, lo que hacen los grandes finqueros “es un negocio y nos están matando. Pero la gente no se levanta a luchar. Y a veces es por miedo”.

Islas campesinas en un mar de soja

El departamento santiagueño Jiménez se encuentra en el límite con la provincia de Tucumán y la ruta nacional 34, en camino a Rosario de la Frontera, ya en la provincia de Salta, la atraviesa en parte. “Jiménez y Pellegrini son un mar de soja de grandes productores que son de fuera de la provincia. Acá en Jiménez (los grandes productores o finqueros) son tucumanos. Lo tenemos a (el ex gobernador de esa provincia, Sergio) Alperovich, al dueño de la gaseosa Manaos… y nuestras comunidades campesinas quedaron como islas en medio de ese mar de soja”, dijo a Salta 12 Sergio Raffaelli, quien es cura en Jiménez. Junto a las comunidades y organismo del estado nacional como el INTA y otras asociaciones campesinas, Raffaelli participa de la Mesa de Tierras de la zona. Detalló que, como en octubre se suelen iniciar las lluvias, las fincas preparan los suelos con los herbicidas a partir de septiembre.

El departamento, describió el religioso, tiene unos 5 mil kilómetros de extensión y tiene 80 comunidades con un número diverso de familias. Explicó que existe una ley que regula la aplicación de fitosanitarios o agroquímicos. Esta norma indica que cuando la aplicación es vía terrestre debe estar a 500 metros de distancia de la comunidad o las casas, y a 1500 metros cuando se trata de avionetas. “Hay muchas denuncias. Y tenemos como una primera movilización rápida desde la Fiscalía de Termas de Río Hondo que permite canalizar las denuncias durante este tiempo. Se suelen secuestrar mosquitos (camiones aplicadores de fitosanitarios) y avionetas. Pero luego van al Ministerio de la Producción (de la provincia), pagan las multas y vuelven a trabajar”, detalló. Como sucede con los desmontes en Salta, muchas veces las multas se convierten en un mero trámite y resulta más barato pagarlas que perder la producción estimada.

El director de Agricultura de Santiago del Estero, Wilson Michelini, por su parte, sostuvo que se tenía previsto hacer la visita al paraje y la notificación correspondiente de la ley de aplicación de agroquímicos. “Se van a hacer todos los controles que se precisen y se aplicará la ley y si hay grises de la ley, vamos a sacar una resolución para aplicar las sanciones que correspondan”, dijo el funcionario a Salta/12.

Como esta cronista le habló de agrotóxicos, inmediatamente aclaró que “debemos hablar de productos fitosanitarios o agroquímicos que están aprobados por el SENASA. No está prohibido su uso”, aunque dijo que sí se debe detectar “cuando existe una mala práctica de aplicación”, sin que se respeten las condiciones establecidas por la ley, o cuando se utiliza una dosis mayor a la recomendada.

Añadió que por ahora se está revisando la Ley de aplicación con el fin de generar los secuestros de los elementos utilizados para fumigar con una resolución más inmediata de lo que establece la actual normativa. Y es que para llegar al secuestro se deben continuar con otros pasos. Efectivamente, según confirmó Escobar, la comitiva de la provincia fue hasta el lugar y ya elevó la denuncia. Mientras, dijo que referentes de la empresa le solicitaron retirar la denuncia.

Según los monitoreos del departamento, entre 1976 y lo que va de 2020 en la zona se desmontaron 244.130 hectáreas. Desde 1976 a 1996 el desmonte fue de 126.307 hectáreas, mientras que en los últimos 20 años fue de 117.823 hectáreas.

Según datos oficiales ofrecidos por la asociación ambientalista Greenpeace, en tanto, entre 1998 y 2018 en Santiago del Estero se perdieron 1.879.982 hectáreas de bosques nativos.

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ