El ex juez federal de Rosario durante la última dictadura, Guillermo Ernesto Tschopp, fue procesado por más de 55 casos de privación ilegítima de la libertad en calidad de partícipe necesario y complicidades en diversos crímenes de lesa humanidad. En algunos de ellos, “en concurso real con la aplicación de tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político”. El juez federal Marcelo Bailaque dispuso esa medida sobre Tschopp en una causa iniciada en 2018 por una denuncia presentada por H.I.J.O.S., en la que se solicitaba la investigación de la actuación del ex magistrado durante la pasada dictadura. De acuerdo a la resolución, Tschopp omitió investigar las denuncias por apremios ilegales, aplicación de tormentos y otros delitos que señalaban los detenidos “blanqueados” cuando el juez les tomaba declaración. La abogada de la querella Nadia Schujman, calificó el procesamiento del ex juez como “histórico” para el juez que justamente trabajó desde 1976 a 1983, y adelantó que Tschopp no es el único al que se puede reprochar penalmente la comisión de delitos por lo que hizo o no hizo en la dictadura, y tenemos elementos para seguir avanzando en la investigación que probablemente pidamos indagatoria para otros funcionarios federales actuales”. 

El fiscal federal Adolfo Villate examinó más de 120 recursos de Habeas Corpus que habían sido presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, y expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo, y contó con el aporte de sobrevivientes que atestiguaron. Entre los casos por los que fue procesado Tschopp por no haber procedido a investigar, se encuentran los secuestros de integrantes de la ex Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Constancio Vigil.

Schujman por su parte agradeció “el trabajo realizado por las trabajadoras del Archivo de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, donde estuvieron meses removiendo el archivo”, sobre el cual destacó que “había muchos nombres conocidos de la Justicia Federal, sus firmas y lo que cada uno hizo en esa época”.

Para contextualizar, la abogada recordó que “en esa época los familiares de desaparecidos tocaban muchas puertas, y pedían los hábeas corpus sin ayuda de muchos abogados en la Justicia Federal. Los jueces tenían una obligación de conducta en la ley vigente en ese momento, y no como descuido o negligencia sino a sabiendas de los mas graves delitos”.

Según consta en la presentación de HIJOS durante el tiempo que estuvo al frente del juzgado federal, Tschopp rechazó sistemáticamente los pedidos de hábeas corpus presentados por familiares de víctimas de la dictadura en los que intervino, incluso en aquellos en los que hubo un reconocimiento expreso de detenciones ilegales llevadas a cabo por parte de fuerzas represivas del estado como policía provincial, policía federal o ejército. En ningún caso Tschopp abrió una investigación.

El ex juez también quedó procesado como partícipe de siete casos de homicidio, entre ellos de los hermanos y estudiantes peruanos Rory Céspedes Chung y María Antonieta Céspedes Chung, cuyas ejecuciones en la vivienda que compartían con el militante socialista argentino, Conrado Galdame, suscitó un conflicto diplomático con Perú. Galdame fue asesinado en el Servicio de Informaciones (SI), en Rosario, donde funcionó el mayor centro de detención clandestino de la provincia

La resolución revisó el caso del secuestro de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), Virginia Mulhall, detenida en noviembre de 1977 por los policías del SI y tras prestar una “declaración espontánea” fue sometida a juicio en el juzgado de Tschopp. Ante el magistrado, Mulhall dijo que “haber firmado su declaración espontánea vendada y sin poder leerla (…) haber sido sometida a golpes y señaló que su declaración fue tomada mientras estaba desnuda y le aplicaban electricidada”.

El procesamiento señala que “la única acción del imputado (el juez Tschopp) frente a esto fue ordenar que sea revisada por el médico de la Cámara Federal de Apelaciones” pero “no se tomó ninguna medida adicional” para investigar los delitos que había denunciado la militante.