La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación, Silvina Batakis, defendió este lunes el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que los fondos traspasados por el gobierno de Mauricio Macri a la Capital entre 2016 y 2019 fueron "excesivos". Los senadores del FdT recordaron que los gobernadores rechazaron el “decreto inconsulto” de Macri, que “tampoco cumplió la promesa de subsanar el reparto discrecional a favor de la Ciudad mientras a las provincias se le quitaba los recursos del Fondo Sojero”. Juntos por el Cambio, en sintonía con la decisión de su mesa política, se abroqueló en defensa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó el proyecto y amenazó con judicializar la decisión.

El proyecto del Gobierno responde a la manda constitucional que establece que la asignación de recursos del Estado Nacional a una jurisdicción debe ser refrendado por el Congreso. Algo que el decreto de Macri no cumplió. El expresidente aumentó los recursos que recibe la Ciudad del 1,4 por ciento --de la masa coparticipable que corresponde a la Nación-- al 3,75 junto al traspaso de parte de la Policía Federal.

Aunque la administración de Cambiemos luego la redujo el monto al 3,5; un monto que desde Gobierno nacional –como lo afirmó el propio presidente Alberto Fernández al hacer el anuncio el 9 de septiembre--, consideran “excesivo” para compensar económicamente el traspaso de la competencia de la seguridad a la Ciudad. Por lo que estableció que la Ciudad continuará recibiendo el 1,4 de coparticipación más el 0,92 por el traspaso policial. Un reducción del 1,18, que el Gobierno transferirá a un Fondo de Financiamiento a la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción que en los ’80 resignó 8 puntos de coparticipación federal para repartir en el resto de las provincias.

El proyecto de Convenio establece que el Estado Nacional asignará a la Ciudad 24.500 millones de pesos anuales por el traspaso de la competencia de Seguridad, que surgen de sus propios recursos correspondientes a la coparticipación y sin afectar la coparticipación federal de las provincias. El mismo será liquidado mensualmente, con una actualización trimestral bajo la fórmula compuesta de un 80 por ciento de actualización salarial y un 20 restante por el índice de precios al consumidor de la CABA.

Desde JpC criticaron el texto del convenio. La senadora macrista Laura Rodríguez Machado advirtió que solo participaban del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto porque consideran que era el último día de vigencia del protocolo de sesiones remotas que los opositores habían respaldado, que rechazaban la prórroga que el oficialismo aprobó la semana pasada y que judicializarían las decisiones del Senado adopte. Aunque ante de finalizar el plenario propuso una lista de 14 expositores para discutir el convenio. Martín Lousteau y varios de los senadores de JpC insistieron en que “la quita que desfinancia a la Ciudad” se realiza con “discrecionalidad” para ayudar a la provincia de Buenos Aires a hacer frente a la protesta policial de La Bonaerense en demanda de aumentos salariales.

Desde el FdT pusieron el punto de partida en la “discrecionalidad” de Macri en asignar recursos “excesivos” por decreto y sin que se cumpliera, como establece la Constitución, que el mismo fuera refrendado por el Congreso. Y a partir de allí, ampliaron su críticas a la decisión del gobierno de Cambiemos. La mendocina Anabel Fernández Sagasti recordó el documento firmado por los gobernadores bajo el título “Por un verdadero federalismo”, donde cuestionaron el “inconsulto decreto” de Macri, que el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, se comprometió en revisar, algo que nunca hizo. También salió al cruce de Lousteau, que dijo que la Ciudad “era rica por el aporte del sector privado y no por su Estado”: “La Ciudad recibe el aporte millonario de YPF por sellos e impuestos, mientras que el petróleo se refina en Mendoza y La Plata”.

El oficialista Martín Doñate fue mucho más duro. “Es una ciudad que nos ha salido cara a los argentinos”, dijo el rionegrino y aclaró: “no se le está sacando fondos a la Ciudad de Buenos Aires; lo que se está haciendo es recuperando fondos que se dieron de manera ilegítima y arbitraria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Si nosotros tomáramos la referencia de todas las provincias al sur del río Colorado, la suma de todos los presupuestos de las provincias patagónicas no llega al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, de las pocas cuadras de la Capital Federal, y esa es una discusión que nos tenemos que comenzar a dar. Porque además está claro que los recursos naturales, estratégicos, energéticos, la riqueza que genera nuestras provincias patagónicas, está muy por encima de la riqueza que genera esa ciudad capital”, insistió Doñate. 

También replicó las críticas opositoras, al recordar que durante el gobierno macrista “quitaron a las provincias patagónicas el subsidio del gas, con el argumento de que había ‘veredas calefaccionadas’; los subsidios al transporte y el reembolso de los puertos; y pudimos parar el beneficio de zona austral a los jubilados. Decisiones con altísimo nivel de centralismo”, afirmó.