Al igual que otras personas vinculadas al caso Maldonado que sufrieron persecusión, los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro habían sido denunciados penalmente por el ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, pero en un fallo emitido ayer la justicia determinó que no cometieron delito alguno y los sobreseyó.
Habían sido acusados de falsa denuncia, asociación ilícita y traición a la patria por "haber utilizado la hipótesis de la desaparición forzada para obtener cautelares contra el Estado nacional". De hecho, ambos letrados consiguieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara tales medidas en primer lugar luego de la feroz represión contra la Lof mapuche en Resistencia de Cushamen, en enero de 2017, y luego mientras estuvo desaparecido Santiago Maldonado.
"Después de dos años y medio de estar procesado y querellado por un gobierno que se fue dejando un daño irreparable, hoy, el día de mi sobreseimiento pido que no vuelvan nunca más". Así anunció el abogado cordobés Carlos "Chuzo" González Quintana que la Justicia dejó sin efecto la imputación que pesaba sobre él y el también letrado Fernando Cabaleiro, por sus participaciones en el caso Maldonado.
Los abogados habían sido denunciados en 2018 por la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de conformar una asociación ilícita, falsa denuncia y traición a la patria debido a sus pedidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lograr que el Estado buscara a Santiago mientras aún permanecía desaparecido tras haber sido reprimido junto a la comunidad mapuche en Cushamen, en Chubut.
Y en el caso de González Quintana, también fue sancionado severamente por el tribunal de disciplina del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba con su suspensión en el ejercicio profesional por seis meses, bajo el argumento de "haber utilizado la hipótesis de la desaparición forzada de persona para conseguir medidas cautelares contra el Estado nacional".
"Mientras espero el equinoccio de primavera y como un hermoso regalo de la pacha, recibo esta notificación judicial como un alivio inmensamente fresco. En marzo del año 2018, cuando habían transcurrido apenas cinco meses de la aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado y a instancias de una descabellada denuncia penal redactada por el inefable Fernando Soto, exabogado del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión Bullrich, se inició una persecución política, mediática y judicial contra mi compañero Cabaleiro y contra mí", repasó González Quintana en un posteo que hizo en Facebook.
El abogado confesó también que nunca sintió tan de cerca la presión de un gobierno. "Nada menos que Patricia Bullrich nos presentaba batalla... esta vez ya no en los medios amigos sino en la justicia federal (...) Recibí amenazas de todo tipo, incluso esas que te estrujan el alma de estupor... con la familia no!, dijimos... y seguimos adelante. Recibí una sanción disciplinaria que ordenó suspender mi matrícula de abogado por 6 meses, el máximo previsto por la ley... y seguimos adelante. Guardé silencio como estrategia defensiva hasta tanto esta infame causa penal que me desvelaba se terminara de resolver con el sobreseimiento... y seguimos adelante".
González Quintana agradeció a quienes "siempre creyeron en nuestro compromiso con esta causa en particular". "A la gente mapuche que sigue resistiendo en los territorios ancestrales, a la mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba, que me abrazó en medio de la intemperie más absoluta y cuando la tormenta me golpeaba desde los cuatro puntos cardinales. A los miles de compañerxs de todo el país que pusieron el cuerpo y la cara por nosotros dos. A decenas de periodistas que informaron siempre de manera honesta, sensata y verdadera lo que pasaba con Cabaleiro y conmigo. A mi familia que no me soltó la mano nunca. A mi compañera de vida con quien hacemos vida. A mis socios del estudio jurídico en Córdoba. A los abogados que me defendieron en las distintas instancias procesales penales y disciplinarias. A las mujeres lihua que sostuvieron mi espíritu guerrero con medicina y oraciones ancestrales. En definitiva a toda la gente consciente que sigue creyendo que el mundo se cambia con la acción y no con la palabra que nunca se sostiene".
González Quintana y Cabaleiro habían pedido medidas de protección a la CIDH luego de la feroz represión de enero de 2017 contra la comunidad del lonko Facundo Jones Huala, y cuando desapareció Santiago hicieron lo mismo en ese expediente ya abierto, para que el gobierno al menos reconociera su situación en lugar de negar que alguna vez Maldonado haya estado allí. Cuando ocurrió la sanción del Colegio Público cordobés contra Quintana, su compañero Cabaleiro la repudió.
"Es increíble esta resolución cuando dice que fue determinante, supuestamente, la participación de Chuzo en el otorgamiento de la medida cautelar, como si eso fuera un delito, cuando fue otorgada por una persona que estaba desaparecida, que lo dija Bullrich u Otranto vaya y pase pero es tremendo y gravísimo que lo diga un tribunal de ética del ejercicio de la abogacía", dijo Cabaleiro a PáginaI12. Los abogados enviaron la resolución del Colegio cordobés al expediente abierto en junio de 2018 y que ya analiza la CIDH por la persecución a varias personas que tuvieron intervenciones clave en el caso, tales como ellos mismos y los testigos mapuches.
Paradójicamente, el sobreseimiento lleva la firma del juez Guido Otranto.
