La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas de 18 de los acusados por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012, en la que murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas. Entre otras, quedaron firmes las sentencias del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, de los empresarios Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano, y la del maquinista del tren, Marcos Antonio Córdoba. Quedó pendiente de resolución la condena de Ricardo Jaime, quien también se desempeñó como secretario de Transporte.

La Corte se expidió respecto de las condenas dispuestas en el primero de los juicios orales por la tragedia, mientras que todavía no recibió el expediente relacionado con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado en el segundo juicio oral.

El fallo del máximo tribunal de justicia que confirma las condenas fue firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Horacio Rosatti, quienes rechazaron las apelaciones de los defensores de los condenados.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra uno de los andenes de la terminal ferroviaria de Plaza Miserere. En diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara dijeron en su fallo que el tren funcionaba en malas condiciones porque los fondos públicos que se recibían no se destinaban a mejorar el servicio. Se dijo que los funcionarios públicos no controlaban el destino de los fondos y también fueron condenados altos directivos de la empresa TBA.

De todos modos, diez días atrás se conoció que el conductor del tren, Córdoba, reconoció durante un peritaje psicológico que fue el responsable de lo ocurrido aquel 22 de febrero porque desconectó el freno de emergencia, llamado freno hombre-muerto. “Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir”, dijo ante las peritos psicológicas. Córdoba admitió su accionar como una forma de probar que está arrepentido y acceder a la libertad condicional. La causa por la tragedia de Once giró, justamente, en torno de los frenos.

En mayo de 2018, la Cámara Federal de Casación confirmó 20 de las condenas y bajó la mayoría de las penas. El 5 de octubre de ese año los condenados fueron detenidos y algunos de ellos siguen en esa situación.

En el fallo de la Corte Suprema quedó pendiente la situación de Ricardo Jaime, que tiene una pena de siete años de prisión. Esto se debe a que en el juicio oral se lo condenó sólo por uno de los delitos, el de administración fraudulenta. Con posterioridad, Casación también lo encontró responsable del delito de estrago culposo.

La Corte Suprema sostuvo que antes de resolver el caso de Jaime, se requiere una doble condena, de manera que Casación debe analizar de nuevo la situación del ex funcionario y ratificar la condena, para que la Corte pueda expedirse.

Por la tragedia de Once también fue condenado Julio De Vido, quien el 10 de octubre de 2018 recibió una pena de 5 años y 8 meses de prisión que le impuso el Tribunal Oral Federal 4 en el segundo juicio oral del caso. De Vido fue condenado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y no por el estrago.

La defensa de De Vido apeló la condena que se encuentra en la Cámara de Casación. La Sala II de Casación tiene el expediente desde hace un año y todavía no lo resolvió.

Las principales condenas que quedaron firmes son las de Schiavi (5 años y seis meses de prision), los Cirigliano y Córdoba (3 años y 3 meses). Respecto de los empresarios se tuvo en cuenta “la deliberada decisión de las autoridades de TBA de no realizar el mantenimiento de los bienes concesionados, contando con la colaboración necesaria de los directivos de Cometrans SA y, especialmente, de los por entonces funcionarios de la Secretaría de Transporte”. Agregó que esos funcionarios “tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización del sistema de transporte ferroviario, deber que deliberadamente incumplieron; todo lo cual ocasionó un paulatino deterioro del material rodante y la disminución de su vida útil, ocasionándose un enorme perjuicio al patrimonio estatal”.

Los recursos rechazados por la Corte habían sido presentados por las defensas de los imputados mencionados, más Pedro Ranieri, Jorge De los Reyes, Guillermo D'Abegnino, Laura Aída Ballesteros, Francisco Pafumi, Carlo Michele Ferrari, Marcelo Calderín, Carlos Pont Verges, Antonio Suárez, Oscar Gariboglio, Víctor Astrella, Jorge Álvarez, Alejandro Lopardo y Sergio Tempone, informó el máximo tribunal.