La Fiscalía de la Cámara de Apelaciones a cargo de Nidia Cicero avaló la medida judicial que paralizó la megaobra de las empresas IRSA y Portland denominada Ciudad Palmera, ubicada en avenida Avellaneda 1300, 1400 y 1500, en el barrio porteño de Caballito. La fiscal de Cámara argumentó en el mismo sentido que el juez de primera instancia Darío Reynoso, quien ordenó el 13 de agosto pasado mediante una medida cautelar la paralización del desarrollo inmobiliario por encontrar que hay indicios de que los diez edificios que se van a construir en los cuatro predios en que se parceló el terreno, no son obras individuales sino que forman parte de un Master Plan cuyos efectos ambientales deberían ser considerados en conjunto. El amparo había sido presentado por el Consejo Consultivo Comunal de Caballito, integrantes de la Junta Comunal 6, la asociación vecinal S.O.S. Caballito y el Centro Cultural Estación de los Deseos.

En julio, los comuneros y las agrupaciones barriales de Caballito presentaron el amparo cuestionando, entre otras cosas, los certificados ambientales otorgados a las obras que prevé la construcción de más de mil departamentos, un shopping a cielo abierto y estacionamientos, que fueron evaluadas de forma individual y catalogadas como "de impacto ambiental Sin Relevante Efecto".

Las empresas sostienen que no hay un plan maestro, que sólo se trata de cuatro proyectos separados, uno para cada parcela, y que cada uno tiene su correspondiente expediente administrativo aprobado. Sin embargo, en un escrito de 27 páginas, la fiscal Cicero argumentó en el mismo sentido y con las mismas sospechas que tuvo el juez Reynoso al ordenar la suspensión de la obra hasta que se defina la cuestión de fondo.

El Master Plan supera los 2500 m2 de comercios permitidos en la zona, ya que contempla la construcción de aproximadamente 80.000m2 de centro comercial a cielo abierto, superando al Alto Palermo, el shopping de Palermo.

La fiscal advirtió que "más allá de los carriles formales que hubieran elegido para su tramitación administrativa, no descarto, al menos en la etapa preliminar en que se encuentra la causa, lo expuesto por Reynoso en el sentido de que existiría una continuidad lógica, espacial y funcional en la obra a construir que trasciende a cada parcela". Por lo cual sostiene que "es factible entender que el proyecto estaría diseñado para funcionar como un conjunto total donde cada una de sus partes, es decir, los edificios, cocheras, galerías y locales comerciales de cada parcela, no pueden escindirse e interpretarse sino dentro del marco que le proporciona el resultado final de la obra como proyecto global".

Para Cicero, "no sería incorrecto considerar el proyecto en su conjunto a los fines de mensurar el impacto global" ya que según surgiría de la publicidad que se hace del proyecto inmobiliario "la finalidad buscada es, justamente, la integración del conjunto y no un funcionamiento aislado de cada una de las diez torres, con su estacionamiento y sector comercial, lo que además, no sería físicamente factible desde que las construcciones estarían ubicadas en parcelas que son contiguas".

El comunero por el Frente de Todos en Caballito, Osvaldo Balossi, dijo a Página/12 que el escrito de la fiscal produjo una "enorme alegría porque nuevamente la justicia nos está dando la razón en todo lo que planteamos. Esto nos corrobora que tenemos razón y nos da esperanzas de que la Cámara también nos la dé, para que tanto el Gobierno porteño, responsable de haber firmado los permisos, como IRSA cumplan con la ley. Es decir, si quieren seguir con ese emprendimiento tienen que pasar por la Legislatura para habilitar la construcción, con una ley de doble lectura con audiencia pública porque no es una orbita más sino un megaproyecto que tiene un gran impacto ambiental".

"Al dividir la obra en cuatro desarrollos, cada una fue catalogada como sin impacto relevante. De esta forma se evitaron pasar por la Legislatura y por la audiencia pública donde los vecinos y vecinas pueden opinar", dijo el comunero. Y agregó que para la justicia "está casi probado que no son obras individuales, y que por la envergadura del proyecto va a tener un impacto ambiental relevante en el barrio ".

La obra que rechazan las organizaciones barriales, también había sido cuestionada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que denunció que el gobierno porteño utilizó el viejo Código de Planeamiento Urbano en lugar del actual Código Urbanístico para otorgar el permiso de construcción a la desarrolladora Portland.

Según detalló Balossi, si bien las obras en el terreno están paralizadas por la medida cautelar, dos semanas atrás el juez Reynosos autorizó a la empresa a "realizar tareas de apuntalamiento por peligro de derrumbe en una de las paredes del pozo, la que da a la avenida Avellaneda".

 

En tanto, la abogada patrocinante de la acción de amparo, Nadia Mileva Solodkow, sostuvo en un comunicado que “no hay dudas del impacto ambiental negativo del proyecto" y que esperan que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que tiene que expedirse sobre la causa, "escuche al barrio". Y agregó: "sabemos la fuerte presión que ejerce el Gobierno y la empresa en la Justicia, por eso valoramos el dictamen de la fiscal Nidia Cicero".

Los otros cuestionamientos

Si bien en lo inmediato queda ver qué resuelve la Cámara de Apelaciones, en el desarrollo inmobiliario denominado Ciudad Palmera hay un cúmulo de irregularidades denunciadas. La causa judicial sobre las que deberá resolver el juez Dario Reynoso, quien a la hora de dictar la cautelar que paralizó la obra se centró en algunas de las ilegalidades posibles y suficientes para dictar la medida, tiene todavía mucha tela para cortar. Entre las cuestiones de fondo que deberá dirimir el magistrado están los planteos que hizo el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que apuntó, por un lado, a que el gobierno porteño otorgó durante la pandemia permisos de construcción utilizandó el viejo Código de Planeamiento Urbano en lugar del actual Código Urbanístico. Y por otro, a que la empresa dueña del predio tendría que haber cedido para del predio a la Ciudad para uso público y espacios verdes.

El juez Reynoso dictó la medida cautelar antes de aceptar el ingreso del escrito que presentó el ODC, por lo cual los planteos que hicieron serán parte de las cuestiones de fondo que deberá evaluar el magistrado. Según explicó el abogado y titular de la ONG, Jonatan Baldiviezo, por fuera de los argumentos que esgrimió el juez al dictar la medida, cuyo eje principal es que no se hizo una evaluación acumulativa de impacto ambiental por los diez edificios proyectados, están en discusión los permisos de obra, los metros cuadrados de construcción y de tierra que tendrían que haber pasado a manos de la Ciudad.

"El 25 de junio le otorgaron un nuevo permiso de obra a Portland para la Parcela N° 1. Lo consiguieron en solo cuatro meses, y lograron algo extraño, que se aplique el Código de Planeamiento Urbano, que fue derogado hace dos años", dijo el letrado, quien agregó que de esta forma lograron "que el edificio pueda tener 5 metros más de altura que la autorizada por el nuevo Código Urbanístico". 

Pero además, remarcó que otra cuestión "grave para la ciudadanía" es que la empresa IRSA, dueña del terreno y la que realizó el parcelamiento, "tenía que haber cedido entre 6.000 y 12.000 metros cuadrados a la Ciudad para uso público y espacios verdes. Porque las normas del Código de Planeamiento exigen que el propietario de un predio superior a 1.5 hectáreas, para iniciar un proyecto de urbanización, debe ceder entre el 25% y el 50% de la superficie del predio a la ciudad", explicó. Y agregó que "la Ciudad no se quedó con ni un metro cuadrado de ese terreno", que, "considerando el valor de la incidencia del suelo en los futuros metros cuadrados que se construirán, esta superficie equivale entre 35 a 40 millones de dólares".