La justicia provincial se metió ayer de lleno en la investigación de los incendios de las islas frente a Rosario. Lo hizo luego de que el Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, diera instrucciones a la fiscal María Laura Martínez, para tramitar una causa que investigue a los responsables de la explotación de los distintos lotes isleños donde se provocaron quemas en los últimos tiempos. La fiscal hizo la presentación ayer ante el juzgado extracontractual N° 2 a cargo de la jueza Jorgelina Entrocasi, quien aceptó los primeros trámites en esta etapa: individualizar a los poseedores de la tierra y suponerponerlos con el mapa de fuego, y recién entonces actuar sobre las personas o sociedades que tengan domicilio legal en Rosario. El lunes pasado,  el diputado nacional Marcos Cleri (PJ) hizo público en Rosario/12 un listado con más de dos centenares de productores ganaderos que usaban el delta del Paraná para criar ganado. 

Las medidas que la fiscal solicitó y que la jueza autorizó tienen por fin recabar información de la Dirección General de Catastro de Entre Ríos, de la Municipalidad de Victoria y de la de Granadero Baigorria “para determinar cuáles son los inmuebles que integran el territorio insular del departamento de Victoria y sus titulares registrales”.

La fiscal Martínez explicó que en esta etapa "la justicia recabará datos para formar un corpus probatorio en dos aspectos fundamentales para evitar que continúen los incendios en las islas: en las organizaciones administrativas se buscarán registros catastrales, y un mapeo de los focos ígneos".

“De esta forma, se somete al análisis de un perito para determinar el propietario del inmueble donde se producen los incendios”, explicó la fiscal extracontractual. Puntualmente el perito será aportado por la Universidad Nacional de Rosario.

La investigación apunta a los titulares de las propiedades. "Debemos saber quiénes son los propietarios de los terrenos con domicilio en Rosario”, destacó la fiscal Martínez.

En materia de defensa del ambiente, desde la Justicia se trata de investigar a través de tres grandes ejes que de forma periódica aparecen como problemáticos en el territorio provincial: los incendios en las islas, los agroquímicos y los modos de uso del suelo y del agua.

Martínez señaló que en el último tiempo se fortaleció el papel de las fiscalías como ámbito de defensa de la legalidad y de los intereses generales, por lo que la intención es sincronizar los tiempos judiciales con los de las demandas sociales, con el ambiente y los ciudadanos.

“Desde la Procuración se maneja un proyecto para que la fiscalía se aboque a la protección de intereses generales a través de la promoción de la legitimación activa. Vemos una necesidad creciente de estar mejor sincronizados con las demandas sociales”, precisó Martínez, quien recordó que la Constitución aprobada en 1994 incorporó tratados internacionales que le dan un lugar central a los derechos sociales, culturales y económicos de la ciudadanía.

“Creemos que el Poder Judicial debe ser permeable a revalorizar la problemática medioambiental. Dentro de este concepto jurídico aparece la defensa de los humedales en el río Paraná, y el objetivo claro de detectar quiénes son los propietarios de los terrenos donde se producen los incendios", concluyó la fiscal.

Cabe recordar que esta misma semana, Cleri hizo una presentación en la Justicia federal entrerriana por la quema de pastizales en las islas sobre la base del listado que le envió el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En ese listado consta que hasta marzo pasado, cuando terminó la etapa de vacunación, y solamente en la jurisdicción de Victoria, más 200 productores ganaderos declararon entre 200 y 1.700 cabezas de ganado cada uno. El legislador del Frente de Todos pidió que se crucen los datos con la geolocalización del lugar de vacunación, la del dueño de la tierra y la del lugar donde se produjeron los incendios, que arrasaron con más de 260 mil hectáreas, para determinar responsabilidades. 

"Vamos a dar este listado a la Justicia de Entre Ríos porque además de indagar a los propietarios se tiene que indagar a los productores ganaderos, que son los que se pueden beneficiar de manera indirecta si ocupan la tierra que fue incendiada", dijo el legislador a Rosario/12.

Los informes elaborados por el Sistema Nacional del Manejo de Fuego (SNMF) reflejan con crudeza el desastre ambiental que están generando las quemas de pastizales. Además de precisar que el 95 por ciento de los focos son intencionales, el organismo precisó que desde marzo a la fecha las llamas arrasaron 265 mil hectáreas del delta medio, en un humedal castigado por la bajante extrema del río Paraná y la escasez de lluvias.