Cinco de los seis policías de la comisaría 1ª de Pergamino que se encontraban de guardia el 2 marzo, cuando un incendio en la celda 1 derivó en la muerte de siete jóvenes, fueron detenidos acusados de abandono de persona seguido de muerte. Se trata de un sargento, un teniente primero, dos oficiales y una ayudante de Guardia. El sexto, el comisario y jefe de la primera, al cierre de esta edición estaba prófugo. La Comisión Provincial por la Memoria, con la presencia de Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, dio una conferencia de prensa junto a familiares de las víctimas. Más tarde, se realizó una marcha en reclamo de justicia.

El juez de Garantías 1 de Pergamino, César Solazzi, ordenó las seis detenciones tras el pedido del fiscal a cargo de la investigación, Néstor Mastorchio, por “abandono de persona seguido de muerte”. Los bonaerenses detenidos fueron identificados por la justicia como el sargento César Brian Carrizo, el teniente primero Sergio Ramón Rodas, los oficiales Alexis Miguel Eva y Matías Exequiel Giullietti, y la ayudante de Guardia Carolina Denise Guevara. El comisario que hasta anoche se encontraba prófugo es Alberto Sebastián Donza. Las detenciones se realizaron en Junín, Pergamino y, paradójicamente, en el pueblo El Socorro.

Mastorchio hizo pie fundamentalmente en los testimonios de los otros detenidos alojados en las celdas de la primera, quienes coincidieron en que los policías no hicieron ningún esfuerzo por tratar de salvarlos.

El Ministerio de Seguridad bonaerense informó que los seis funcionarios fueron desafectados de la policía. En este caso, el aporte a la justicia por parte de los hombres de Cristian Ritondo fue paulatino, siguiendo las teorías de la manzana podrida y de lo más delgado del hilo: inmediatamente desafectaron al sargento Carrizo y al oficial Eva, que se encontraban presentes en el momento del incendio. Después a los otros cuatro, especialmente al comisario Donza, responsable de la comisaría, de las detenciones, y de las condiciones de vida de los detenidos a su cargo, a quienes se les extendió el período de presunción de inocencia en actividad como no había  ocurrido con sus siete presos.

Las detenciones fueron llevadas a cabo por instructores judiciales de la Procuración General bonaerense y seis brigadas de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quienes ayer, continuaban con las “diligencias” para lograr la captura del comisario Donza.

El abogado Pablo Caldentey, quien representa como querellante a los familiares de dos de las víctimas, adelantó que no descarta que la imputación alcance a otros policías de Pergamino.

Las detenciones de los cinco hasta recién uniformados se concretaron al cumplirse un mes de la muerte de los siete jóvenes. Por ese mismo motivo, la Comisión Provincial por la Memoria mantuvo su reunión mensual en la misma ciudad de Pergamino, con la presencia de sus integrantes, uno de sus presidentes, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo; el padre Pedro Di Paola, Elisa Carca y Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.

Pérez Esquivel, Cortiñas y Di Paola se entrevistaron con familiares de las víctimas y con el intendente Javier Martínez, tras lo cual participaron de una misa en la parroquia Perpetuo Socorro, oficiada por Di Paola y el párroco Juani Cabrera. La CPM representa a los familiares de Sergio Filiberto, Franco Pizarro y Fernando Latorre, y también estuvieron presentes los familiares de Juan Carlos Cabrera.

“Vinimos a plantear principalmente tres líneas de acción –dijo Cipriano García a PáginaI12–. La primera es que el municipio de Pergamino cuente con Mecanismos de Prevención de la Tortura. El grave desenlace del hacinamiento en las celdas de la comisaría primera, donde los detenidos se encontraban, como ocurre en todas las comisarías de la provincia, sin luz, sin agua, sin comida, sin atención médica, exige que los lugares de detención sean controlados; la segunda, que la comisaría primera, que ya está señalizada por haber sido un centro clandestino de detención, sea utilizada desde ahora como sitio de la memoria; y tercero, que el Estado, que estuvo ausente para la atención previa de los jóvenes que resultaron víctimas del incendio, establezca medios de apoyo a sus familiares”.

Por la tarde, los familiares y los integrantes de la CPM marcharon por las calles de Pergamino en reclamo de justicia.

El incendio ocurrió la tarde del 2 de marzo, luego de que dos de los detenidos, que mantenían una discusión, iniciaran una pelea. Las fuentes policiales los describieron como “presos conflictivos”. La solución para los supuestos “conflictivos” fue decidir encerrar a los 19 detenidos. En la celda 1 comenzaron a protestar prendiendo fuego a trozos de colchones no ignífugos (otra señal del desinterés del estado, que desde el incendio del penal de Magdalena en el que murieron 35 presos, está obligado a proveer de colchones ignífugos), que por calor desarrollaron el fuego sobre el resto, generando gases venenosos que provocaron la muerte de los detenidos en la celda 1.

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