El fallo que llamó “sicarios” a los médicos y denunció a las y los funcionarios que garantizaron a una niña violada la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo fue repudiado por organismos y organizaciones sociales. Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijeron que “por fallos como éste es que seguimos exigiendo que es urgente y prioritario el aborto legal en Argentina”. “Es inadmisible que existan prácticas judiciales como las de los jueces Rizzi y Anzoátegui, que siguen avasallando los derechos de las mujeres y desconociendo los fallos de la Corte Suprema”, dijo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elisabeth Gómez Alcorta.

“Es vergonzoso el activismo judicial anti derechos que se expone con absoluta impunidad en una sentencia. Hablar de ‘Protocolo de homicidio parental’ para referirse a una política pública refrendada por la Corte en el fallo FAL, no sólo implica desconocimiento del derecho, sino un inocultable desprecio por los valores democráticos”, dijo la abogada Soledad Deza, de Mujeres x Mujeres de Tucumán. Mónica Menini, articulante de la Campaña, enmarcó este fallo en el avance de sectores antiderechos que ostentan una “oposición ciega a un derecho que las mujeres, las niñas y las personas gestantes tenemos adquirido en nuestro país, que es la interrupción legal del embarazo o el aborto por ciertas causales que ya existían en el Código Penal desde 1921. El fallo FAL vino a hacer una aclaratoria sobre lo que ya estaba escrito. La mayoría de las provincias argentinas están adheridas a las guías de interrupción o a protocolos”. “Por eso insistimos en que es tan necesario que esta situación se revierta definitivamente y que el aborto esté legalizado en Argentina. Es urgente que nuestra legislación tenga esta transformación definitiva porque las mujeres, las niñas, las personas gestantes siguen llegando al sistema de salud sin el conocimiento pleno de si estoy exigiendo un derecho o si me van a armar una causa y me van a llevar presa”, explicó.

Este lunes Página|12 reveló que dos jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 denunciaron a los organismos y funcionarios que le garantizaron a una niña, víctima de violación desde los cinco a los catorce años por parte de su hermanastro, su derecho legal a interrumpir el embarazo producto de los abusos.

Se trata de Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, que ya habían sido recusados este año por transfóbicos y machistas en una causa en la que estaba imputada una mujer trans. Los jueces cuestionaron la “interrupción legal del embarazo” (ILE). Llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos, metiendo presión y amenazas a los efectores del sistema de salud a cargo de llevar adelante estas prácticas garantizadas en el país desde hace un siglo.

“Este tipo de fallos impacta sobre los efectores de salud, que lo que tienen que saber es garantizar la salud, y no ponerse a la expectativa de si mañana un juez me va a decir que soy un sicario porque no hice más que garantizar el derecho a quien me lo pide”, agregó Menini. Los jueces compararon, además, a la ILE con los métodos de tortura de la mafia o los rituales de las tribus antropófagas y llamaron “manual de salvajadas inhumanas” al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, del Ministerio de Salud de la Nación.

El malestar por el fallo que recordó a las cruzadas y al medioevo, creció a lo largo del día. Algunos actores hablaron de la necesidad de abrir un juri de enjuiciamiento por su mal desempeño reiterado, en esta causa y en la que estaba imputada una mujer trans, de la que fueron recusados en marzo por la Cámara Nacional de Casación Penal por no aplicar la perspectiva de género y el respeto a su identidad de género. “Es muy grave lo que expresaron sobre una decisión que es ley en nuestro país y que tiene el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo Menini. “Que tupé llamar “sicarios” a quienes garantizan derechos. Hay que empezar a pedir más juicios políticos a los jueces como Anzoátegui”, disparó Deza. “Desde Mujeres x Mujeres, como organización feminista, haremos activaremos los carriles institucionales para que estos jueces no usen su lugar de poder para violar derechos”, adelantó.

El rechazo no solo vino desde el movimiento de mujeres, sino también de actores políticos como por ejemplo la Juventud Radical que a través de su cuenta de Twitter repudió el voto de los jueces “machistas, transfóbicos y patriarcales” Anzoátegui y Rizzi. “La ILE es una práctica legal hace un siglo. Jueces así permiten la perpetración del patriarcado y la naturalización del mandato a parir, además de impartir justicia por mandatos religiosos”, agregaron.

En su cuenta de Twitter Gómez Alcorta enmarcó estas acciones junto a otras, como la de la Cámara Nacional de Casación Penal en el caso Diana Sacayán, “que evidencian la falta de perspectiva de género en la administración de justicia de nuestro país. La necesidad de transformación es urgente”.