Un plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados emitió este jueves un dictamen sobre los proyectos de inclusión laboral para la población trans travesti. La iniciativa establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública.

El dictamen al proyecto de Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans "Diana Sacayán–Lohana Berkins" cosechó un amplio respaldo político ya que fue apoyado por el Frente de Todos, bloques provinciales, la izquierda y Juntos por el Cambio, aunque la principal bancada opositora planteó algunas disidencias parciales.

Durante su exposición, la titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, señaló que “producto de un trabajo muy intenso” se logró unificar aspectos de “15 proyectos presentados” y que es “el primer punto” de un “paquete de leyes” de la agenda en pos de ampliar derechos para el colectivo trans. Al mismo tiempo, destacó que “la incorporación al ámbito laboral formal” resulta clave para que muchas personas puedan “dejar de lado la prostitución como actividad de sobrevivencia”. 

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, destacó la importancia que tuvo el Poder Ejecutivo y el Senado en lograr este avance y remarcó el papel que juegan los gremios para impulsar la incorporación de personas trans y travestis: “Sin dudas, para que este derecho se convierta en una realidad efectiva es fundamental el rol de las organizaciones sindicales. Se deben este debate”.

La iniciativa legislativa se suma al Decreto 721/2020 de cupo laboral en la administración pública firmado por el presidente Alberto Fernández, a principios de septiembre, y al Decreto 0015/20 de cupo laboral en el Senado suscrito por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

En su intervención, la diputada radical Brenda Austin explicó que están dadas las condiciones para que la Cámara "avance con una ley integral”. “Nos debemos una reparación mucho más profunda”, aseguró y pidió hacer foco en la niñez trans, con el objetivo de “buscar respuestas y soluciones para todo el proceso” de la vida.

En la misma línea, el jefe del bloque CC-ARI, Maximiliano Ferraro, afirmó que el proyecto buscar beneficiar a “una población que sinceramente no es un sector vulnerable, sino un sector que ha sido vulnerado en su derecho a ser, en su libertad y en su vida”. “Es una ley que reconoce y amplía derechos”, manifestó y agregó: “Tiene que ver como un acto reparatorio por parte del Estado”.

El proyecto plantea, entre otras cosas, que el Estado nacional debe ocupar en una proporción no inferior al 1 por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

Las organizaciones LGBTIQ vienen reclamando que se establezca la inclusión laboral, a partir de los graves problemas que tiene esta población para acceder a un trabajo estable, debido a que en su mayoría se dedican al trabajo sexual y su nivel educativo es precario.