Los concejales de Pichanal, Graciela Castillo e Iván Basterra, presentaron un proyecto de resolución a fin de que se abastezca de agua potable a los vecinos de la comunidad wichí de El Algarrobal (ubicada en la periferia del ejido urbano de Pichanal, uno de los municipios del departamento Orán). 

“El agua que sale por los grifos de las diferentes viviendas tiene un fuerte olor a cloaca que hace imposible su ingesta. La situación pone en peligro la salud de los habitantes de esa comunidad”, dice el proyecto de resolución. Indica además que pese al insistente pedido realizado por el cacique de la comunidad, Nelson Campos, hasta el momento los vecinos no obtuvieron respuestas.

El viernes que pasó la Municipalidad a cargo de Sebastián Domínguez cambió la bomba del pozo que fue perforado para abastecer a la comunidad de agua. El pozo se perforó en 2019, cuando el intendente era Julio Jalit. Al terminar la gestión en diciembre de ese año el pozo quedó inconcluso y fue Domínguez quien prosiguió con el proyecto hasta finalizarlo. Pero al salir el agua se dieron con que tenía olor a cloaca y era intomable. 

Pese a los reclamos nunca hubo respuestas concretas. El viernes la Municipalidad publicó un video mostrando el cambio de la bomba de agua del pozo de El Algarrobal. Así lo confirmó el secretario de Gobierno de esa Municipal, Víctor Ramoha, a Salta 12. 

Al ser consultado por la calidad del agua, reclamo fundamental de la comunidad, dijo desconocer sobre su falta de potabilidad.“Hablé con la gente después del cambio de la bomba y me dijo que sigue saliendo con el mismo olor”, dijo Basterra ante la novedad. 

“Estamos pidiendo que por lo menos le pongan un tanque para que los abastezcan con agua potable, pero en la Municipalidad dicen que no tienen cómo hacer con los camiones por la alta demanda que tienen por la pandemia”, dijo Castillo por su parte.

Por ahora la comunidad tiene que soportar temperaturas superiores a los 40 grados en una zona afectada por la sequía con agua con olor a cloaca, o juntarla de una manguera que proviene de otro de los barrios de Pichanal. Pero la presión en ocasiones es muy baja y se quedan sin posibilidad de recolectar agua potable. 

La sospecha de la concejala es que existe una filtración de las cañerías de las cloacas a las napas de agua que están generando una contaminación que impacta en el agua del pozo de la comunidad El Algarrobal. “Son cañerías muy viejas pero no las quieren cambiar”, agregó. 

A la situación, ya complicada, se suma que según indicó la concejala, los líquidos cloacales están siendo vertidos directamente en el río San Francisco. Pues los servicios que hay para el municipio son los de “agua y energía”, y no el de cloacas.

Investigado por contaminar

Según la investigación que se sigue en el Ministerio Público Fiscal de la provincia, el ex intendente Jalit está imputado por el delito de contaminación ambiental. El 25 de agosto pasado, cuando se dio a conocer sobre la imputación de este y otros delitos se indicaba que “se probó que el exfuncionario ejerció acciones claramente abusivas de su poder de intendente municipal, se introdujo invadiéndola en propiedad privada ajena y luego mandó a proceder al vertido y vaciado de la totalidad de la recolección de residuos domiciliarios, patógenos y líquidos cloacales en un sector cercano río San Francisco. 

Además de provocar la contaminación del suelo, aire, agua, atmósfera y en general el ambiente de un modo peligroso para la salud, puso en peligro a personas que realizan cirujeo y animales, de los cuales algunos son de consumo humano”, indicó el Ministerio Público. 

Agregó que “por decisión de Jalit, se ocuparon dos inmuebles, donde se vertieron líquidos cloacales previa apertura de canales desagüe, que formaron una laguna y se originaron dos basurales. Tal acción fue demandada y tramitada en la justicia civil, que condenó al Municipio a pagar al propietario de un terreno, la suma de 3.500.000 pesos, al determinar que hubo negligencia del jefe comunal en las acciones realizadas sobre una fracción de 100 hectáreas correspondiente a uno de los inmuebles. La suma total de la condena no fue cancelada, lo que significó el embargo de la Coparticipación Federal Impositiva del Municipio”, indica la información.