El excamarista Eduardo Freiler denunció penalmente a los exintegrantes del Consejo de la Magistratura Luis María Cabral y Miguel Piedecasas por las “gravísimas irregularidades en las que deliberadamente y a sabiendas de violar las normativas pertinentes” incurrieron al designar a Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal, en 2016. Entre otras, la falta de la necesaria mayoría absoluta para la designación. La denuncia recayó en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti y deberá ser investigada por el fiscal Eduardo Taiano.

Freiler denuncia lo ocurrido en el primer año de la era Cambiemos, cuando la comisión de Selección de Magistrados que presidía Cabral y el Consejo que encabezaba Piedecasas consumaron la primera irregularidad del proceso para copar la Cámara con jueces amigos, designados por decreto y sin acuerdo del Senado. Mientras tanto, la Corte Suprema se toma su tiempo para pronunciarse sobre la validez de los traslados a dedo.

Las “graves falsedades” que documenta con las actas del Consejo datan del 23 de noviembre de 2016 y arrancan con “pueriles mentiras” de Cabral para introducir el tema en la comisión. Las designaciones de subrogantes “quedaron pendientes de la reunión anterior”, dijo. Gabriela Vázquez le advirtió que el tema no estaba en el orden del día pero Cabral insistió en que se había “postergado”. Freiler buscó el acta de ese encuentro y corroboró que “nunca se mencionó la vacante” y por ende tampoco la postergación de su tratamiento.

La segunda falacia que señala es cuando Cabral propone designar a Bruglia invocando “la comunicación verbal” con el resto de los camaristas, que “han manifestado su acuerdo”. El consejero no informó quiénes dieron el supuesto acuerdo. Vázquez y Rodolfo Tailhade le recordaron que debía ser por escrito y entonces Cabral admitió que era “su propuesta”, individual, a la que adhirió el representante de Macri, Juan Bautista Mahiques. Así reconoció “su segunda pueril mentira conducente a la maniobra de incluir a SU candidato”, subraya Freiler.

En el acta del plenario, ese mismo día, consta que hubo diez consejeros y un solo tema: las subrogancias aprobadas por la comisión. La designación de Bruglia se aprobó “por mayoría de los señores consejeros presentes”, con voto negativo de Vázquez y abstención de Jorge Candis. Freiler señala que “curiosamente, sin explicación, no se dejó constancia de los votos negativos de (Ruperto) Godoy, Tailhade y (Virginia) García”, y se detiene en el debate sobre la mayoría necesaria. “Tailhade solicita que se deje constancia que cinco votos no constituyen mayoría”, se asentó en el acta. Cabral lee el artículo de la ley 24.937 que exige “mayoría absoluta de los miembros presentes” para tomar decisiones. Pero “las dudas y errores fueron aprovechadas por los denunciados para lograr su cometido”, deduce Freiler en base a un cálculo sencillo: sobre diez consejeros, uno se abstuvo, cuatro votaron en contra y cinco a favor. Conclusión: no hubo mayoría absoluta. “Necesitaban seis votos (mitad más uno de los presentes), pero deliberada e intencionalmente omitieron tal extremo y condujeron al Consejo a la designación ilegítima de un magistrado”, denuncia.

Freiler añade que la designación de Bruglia, que era juez del Tribunal Oral Federal 4 y subrogante en el TOF—5 a cargo del juicio ESMA III, incumplió además el criterio de la Corte en el fallo “Uriarte” sobre selección de subrogantes. El fallo destacó el derecho de toda persona a ser juzgada por magistrados que “aunque provisorios sean y aparenten ser independientes”, el deber estatal de garantizar un procedimiento con “parámetros básicos de objetividad y razonabilidad” que aseguren su independencia, y el criterio establecido por la ley 26.371 para cubrir vacantes en las cámaras: sorteo entre los demás miembros, luego entre jueces de otra cámara y por último entre jueces de primera instancia que dependan de esa cámara. Cabral y Piedecasas “obviaron el orden de prelación, el mecanismo de sorteo y cualquier otro parámetro objetivo”. “Lo que propugnaron y lograron no fue una subrogancia. Fue el traslado liso y llano en violación abierta y flagrante a leyes y garantías”, remarca Freiler.