Agricultoras, campesinas y mujeres de los pueblos originarios de todo el país harán este jueves un pañuelazo contra la violencia machista, en el día de la mujer rural. La actividad fue convocada luego de los femicidios de Lucía Correa Arenas, productora de la agricultura familiar, en el cinturón hortícola de La Plata, y de Roxana Masala -del MTE Rural- en la localidad de Perico, Jujuy, provincia en la que en el último mes sufrió cinco femicidios. La protesta consistirá en poner a la vista, en quintas y chacras, un pañuelo violeta y publicar la foto de cada una de las trabajadoras en las redes sociales.
La acción de reclamo está siendo promovida por las mujeres de las principales organizaciones de trabajadores de la agricultura familiar: el MTE Rural, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Mocase, el Frente Agrario Evita y la UTT.
“En los territorios rurales las mujeres no tienen acceso ni siquiera a denunciar. No hay comisarías de la mujer; las comisarías que existen no están capacitadas para tomar denuncias de violencia de género; por ley las tienen que tomar, pero no lo hacen. No hay fiscalías rurales tampoco. El estado no llega con ningún tipo de respaldo o política”, planteó a PáginaI12 Rosalía Pellegrini, de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
En la organización aún están conmocionados por el femicidio de Lucía Correa Arenas, ocurrido a principios de agosto en una quinta de Angel Etcheverry, en La Plata. Lucía, de 25 años, vivía con uno de sus hijos, de 10, y su pareja actual, Roger Ismael Cara Tarraga. Ambos eran integrantes de la UTT. En la noche del 1° de agosto, él la mató de un disparo, frente al niño. El ataque ocurrió en la casa de unos familiares del agresor, que intentaron auxiliarla en vano. La ambulancia llegó cuando Lucía ya había perdido la vida. El femicida se fugó. La policía logró localizarlo poco después y actualmente permanece detenido.
Tras el asesinato, las mujeres de la UTT resolvieron abrir un refugio para víctimas de la violencia machista. Está ubicado en la localidad de Lisandro Olmos, y su objetivo es contar con un lugar para que aquellas mujeres rurales que estén pasando por situaciones de peligro no se vean obligadas a volver con sus agresores por no tener dónde ir. La idea del refugio, además, es acompañar a que las víctimas puedan insertarse en un proyecto donde sostenerse económicamente. Está sostenido a pulmón por un grupo de integrantes de la organización que, por supuesto, reclaman al estado políticas de fondo.
El 29 de septiembre, en Jujuy, María Roxana Masala fue envenenada por su marido, que luego se suicidó. Ella integraba la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la localidad de Perico, y el día anterior a su asesinato había ido a marchar con sus compañeras en reclamo de justicia por el femicidio de Iara Rueda, una joven de 16 años que apareció muerta en un descampado en Palpalá. El asesinato de Masala fue el quinto femicidio registrado en la provincia en el término de un mes, sin que desde el estado haya habido respuestas a esta emergencia. Más bien todo lo contrario: las movilizaciones que vienen haciendo las mujeres jujeñas están siendo reprimidas.
“Estamos proponiendo un pañuelazo violeta como forma de visibilizar la posiciones del feminismo, sacándonos fotos en nuestro lugares de trabajo y mostrando que no estamos solas. Las distancias en las zonas rurales son muy grandes; poner una marca ya es una forma de encontrarnos en momentos en que no podemos hacer concentraciones por la epidemia”, añadió María Eugenia Ambort, del MTE.
Las trabajadoras de la agricultura familiar reflejaron su situación y reclamos en un comunicado. “En el campo, muchas veces más que en la ciudad, somos víctimas de una cultura patriarcal que naturaliza la violencia hacia las mujeres. Vivimos muy distantes unas de las otras y nos encontramos aisladas a la hora de pedir ayuda”, señalaron.
“Trabajamos día y noche sin descanso, pero no vemos paga. Por ser mujeres, los patrones no nos dan trabajo de manera independiente. No podemos disponer de nuestro dinero y esa es la principal razón para seguir conviviendo con el agresor”
Firmada por la UTT y el MTE Rural, la convocatoria señala que “hacer denuncias en la ruralidad es casi imposible” y se topa con una “justicia ineficiente”. “Todas conocemos a una mujer que es maltratada o sufre abusos, o hemos sido víctimas en algún momento, y la pandemia no ha hecho más que recrudecer esta situación.
El pañuelazo será difundido con el hashtag #panuelazovioleta, #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos. Sus principales demandas al Estado son políticas de género integrales, casas-refugio para víctimas de la violencia y acompañamiento y asistencia económica para las víctimas, acceso a la Educación Sexual Integral y plena implementación de la Ley de Erradicación de la violencia de género en los ámbitos rurales.
