La fiscala penal N° 3, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, se convirtió ayer en la cuarta integrante del Ministerio Público Fiscal de Salta que es sometido a un sumario por presuntas fallas en el ejercicio de sus funciones. 

Por disposición del procurador general de la provincia, Abel Cornejo, se le abrió un sumario disciplinario para investigar por qué no llevó a cabo ningun trámite sobre la denuncia de una mujer que asegura que sus dos hijos mayores, de 10 y 12 años de edad, fueron víctimas de abuso sexual por parte de su padre, un oficial del Ejército que ya cuenta con un procesamiento por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio del hijito más pequeño, cuando tenía tres años de edad.

La instructora sumariante será la fiscala penal a cargo de la Fiscalía de Impugnación, Ana Inés Salinas Odorisio. Según el procurador, pudo advertirse "prima facie” que Flores Toranzos incurrió en una "falta de deberes funcionales atinentes a su cargo como titular de la Fiscalía Penal N° 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, en orden a la violación de los deberes que surgen de la normativa constitucional referida a la actuación del Ministerio Público Fiscal, las leyes que regulan la actuación fiscal y las resoluciones de la Procuración General", informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Cornejo consideró que por su gravedad y complejidad, todo esto justifica la promoción del sumario disciplinario.

De acuerdo al detalle que brindó el MPF, el 9 de octubre pasado la Fiscalía de Flores Toranzos recibió un oficio del comandante de la V Brigada de Montaña del Ejército Argentino, el coronel mayor Mariano Castelli, quien pidió información sobre el estado procesal de la causa en la que un oficial está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en perjuicio de su hijo. El jefe de la V Brigada indicó que necesitaba esta información para mantener actualizada la situación del oficial imputado ante la fuerza y ante la eventual asignación de destinos y tareas. De paso, el coronel mayor mencionó el tiempo transcurrido desde la radicación de la denuncia en contra del oficial en cuestión, de casi 1 año y 8 meses, y la necesidad de contar con una definición de su situación procesal.

El 14 de octubre, la Procuración General solicitó a la Fiscalía la remisión de las actuaciones. Así se supo que la denuncia original había sido presentada por la cónyuge del acusado el 7 de febrero de 2019 por supuesto abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hijo de 3 años. El hombre fue imputado al día siguiente, el 8 de febrero, por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, y la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías de 2° Nominación el mantenimiento de detención del imputado.

El 19 de febrero la Fiscalía requirió la prisión preventiva del oficial; el 22 su defensa pidió su sobreseimiento, lo que fue rechazado. Pero el 27 de marzo, cuando la defensa requirió la libertad o el arresto domiciliario del acusado, el Juzgado de Garantías le concedió el beneficio y dispuso su incorporación al sistema UADME (Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico).

Más tarde la nueva defensa del imputado pidió que se aplicaran medidas sustitutivas, a lo cual se opuso la Fiscalía, pero el 20 de mayo el Juzgado otorgó el beneficio al militar y, según indicó el MPF, la fiscala consintió esa decisión judicial.

El 8 de octubre de 2019 la denunciante volvió a presentarse ante la Fiscalía, en este caso denunciando que sus otros dos hijos, de 10 y 12 años, habrían sido abusados también por su padre. "Ante los nuevos hechos denunciados y las diligencias probatorias realizadas con posterioridad, la fiscala no arbitró medida procesal alguna", informó el MPF. "En virtud de ello y de conformidad con el Reglamento General del Ministerio Público, es que el procurador dispuso la apertura del sumario disciplinario, para corroborar la posible responsabilidad de la fiscala Cecilia Flores Toranzos en los hechos descriptos", ratificó.

El procedimiento del sumario puede concluir con una sanción administrativa, si se comprueba que hubo fallas en el accionar de la investigada. Si se considerara que la irregularidad amerita la remoción, debe presentarse un pedido de juicio político. 

Cinco con sumarios

Con Flores Toranzos son cinco los integrantes del Ministerio Público Fiscal que están con sumarios. También están sometidos a sumarios los fiscales penales Pablo Paz y Gustavo Vilar Rey, y el auxiliar fiscal Sergio Dantur. Además, se instruye un sumario a la ahora ex directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Silvia Cristina Triverio.

En junio de 2019 se abrió un sumario administrativo contra Paz, por presuntas irregularidades en la investigación del asesinato de Jimena Salas, cometido el 27 de enero de 2017 y que todavía sigue impune. 

El segundo sumario, abierto el 5 de septiembre de 2019, fue para investigar presuntas irregularidades en el CIF, que depende del MPF, por el que quedó en la mira su ex titular Silvia Triverio.

En marzo de este año se iniciaron dos sumarios contra el fiscal el auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur. El primero es por supuesto "mal desempeño en sus funciones" por una denuncia sobre tres hechos de violencia institucional que se le atribuyen al fiscal auxiliar. El otro sumario tiene que ver con un operativo, del que también participó el ahora detenido y procesado comisario Walter Mamaní, en el que fueron detenidos de manera espectacular cinco policías acusados de haber pedido una coima, los cinco resultaron inocentes.

Y en julio último el procurador general ordenó la apertura de un sumario en contra de Vilar Rey, luego de que una auditoría en la Fiscalía de Derechos Humanos, que tiene a su cargo la investigación de denuncias de violencia policial, demostrara que no había avances en estas causas.