Un dictamen lapidario del fiscal Federico Delgado dejó al descubierto uno de tantos mecanismos para armar causas que se usaron durante el gobierno de Mauricio Macri. En este caso planteó que están dadas las condiciones para llamar a indagatoria al ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y otros dos funcionarios de ese organismo --incluida su cuñada-- por promover una acusación trucha contra sus antecesores. Como ocurrió con frecuencia en los últimos años, las denuncias con visos de falsedad eran publicitadas en medios de comunicación sintonizados con Cambiemos como grandes escándalos de corrupción. El caso analizado por la fiscalía, que deberá evaluar el juez Daniel Rafecas, se refiere a criterios que se utilizaron durante la gestión de Nelson Periotti en Vialidad para tasar y expropiar terrenos para permitir la construcción de la Autopista Presidente Perón, pero que paradójicamente Iguacel también aplicó, según destaca Delgado.

La denuncia que había hecho Iguacel se gestó en la Unidad de Ética de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y su área de Asuntos Jurídicos y derivó en una presentación en la Oficina Anticorrupción (OA), que comandaba Laura Alonso, y todo confluyó en una denuncia penal que le tocó al fallecido Claudio Bonadio, quien decidió avanzar y terminó procesando a catorce ex funcionarios, entre ellos Periotti y los hermanos Claudio y Manuel Keumurdji (el primero trabajó en las expropiaciones y el segundo en Asuntos Jurídicos). Lo que se les reprochaba era el contenido de tres resoluciones a través de las cuales se establecieron metodologías para poder resolver las expropiaciones, la tasación y el pago de terrenos y viviendas a personas que se verían afectadas por la construcción de la autopista, trazada desde el Camino del Buen Ayre hasta La Plata, pasando por 11 municipios. Solo en Merlo, por ejemplo, afectaba a 2 mil viviendas.

La situación con la que se encontró la DNV desde 2012 fue que muchas personas carecían de títulos de propiedad o tenían títulos “imperfectos”. El Tribunal de Tasaciones de la Nación aceptó tasar los terrenos pero no las construcciones. Por lo tanto, la propia DNV, para complementar ese paso que faltaba, en una de sus resoluciones estableció un sistema para sumar un complemento y que las personas expropiadas pudieran comprarse una nueva vivienda o alquilar. Se basaban en la llamada “Ley Pierri” de regularización dominial de inmuebles.

Para Bonadio, el contenido de esa resolución y otras dos anteriores eran irregulares y generaban sobreprecios. Alegó que el procedimiento de tasación era irregular y la indemnización para propietarios y poseedores de terrenos era contraria a la ley. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal revocó algunos de los procesamientos apelados y afirmó que las resoluciones se habían dictado con el fin “de llenar un vacío legal: el caso de los ocupantes sin títulos” y que no contradice lo establecido en la ley de expropiación "sino que lo complementa”. El tribunal sostuvo que no había nada que demostrara ninguna conducta “dolosa”. En esa línea había dictaminado también el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Guillermo Noailles. En base a estas últimas decisiones, los Keumurdji hicieron una nueva denuncia.

El dictamen de Delgado que pide indagar a Iguacel recuerda aquellas resoluciones y dice: “Alcanza con leer la denuncia que dio origen a la causa y confrontarla con el resto de las constancias incorporadas a ese mismo expediente para advertir que los funcionarios de la DNV efectuaron un recorte arbitrario de la información que obraba en el organismo. El objetivo buscado a través de esa maniobra era claro: demostrar con contundencia la comisión de un delito en el dictado de las resoluciones 1649/12, 3076/12 y 1030/15 y direccionar la causa penal en ese sentido cuando, en rigor de verdad, luego no sólo se demostró que la cuestión era opinable, sino también que los funcionarios públicos que impulsaron y prestaron declaración testimonial en ese expediente tenían conocimiento sobre la verdadera ocurrencia de los pormenores que giraron en torno a los procesos de expropiación para la construcción de la Autopista Presidente Perón”.

El fiscal además plantea que el propio Iguacel, su jefe de Asuntos Jurídicos, Ricardo Stoddart, y el de Etica, Diego Martínez, así como la funcionaria Agustina Morán, cuñada del ex director de Vialidad, utilizaron las “mismas herramientas legales” que sus antecesores denunciados “para sortear los inconvenientes de relocalización que presentaban los habitantes de las zonas a expropiar”. “Las autoridades de la DNV”, dictaminó Delgado, formularon las acusaciones “fragmentando los hechos e interpretándolos de tal modo que lo que era legal parezca ilegal. Tanto fue ello así, que poco tiempo después y en circunstancias similares usaron las mismas herramientas que habían denunciado como ilegales”, insistió. “Su intención fue teñir la actuación de sus antecesores en el cargo con un manto de ilegalidad que no era tal. En otras palabras, hicieron un uso privado de la infraestructura legal que, por definición, es pública y de alcance universal”, afirmó Delgado. Recordó además que Bonadio se había basado en el análisis surgido de un convenio de la DNV y la Facultad de Derecho (UBA) pero el estudio se hizo sobre “un recorte previo de legajos”, de lo que explica que se ocuparon Morán y Jéssica Caballero.

Los delitos que estarían en juego para Delgado son falso testimonio, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Delgado señaló mecanismos complementarios para “aparentar ilegalidad de las resoluciones de la gestión anterior” de Vialidad con otros artilugios “por fuera del expediente”, como la publicación de notas periodísticas en los diarios La Nación y Clarín que hablaban, por ejemplo, de los ex funcionarios de Vialidad del kirchnerismo como “la banda de los expropiadores”.

Según lo que se vio esta semana en el juicio conocido como “Vialidad” u “Obra pública” contra Cristina Fernández de Kirchner, es posible que el armado de acusaciones fuera habitual: como informó este diario, una testigo denunció en las audiencias que el macrismo la obligó a firmar imputaciones falsas.