No hubo lugar para cavar en la grieta. El plenario de las comisiones de Derechos Humanos y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dio en forma unánime dictamen al proyecto de ley que dispone “la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores y trabajadoras víctimas del terrorismo de Estado, que revistaban como personal en relación de dependencia del sector privado”. “Cuando no hubo consecuencias legales sobre la impunidad, la historia se vuelve a repetir. No es mirar para atrás, sino para adelante”, sostuvo la diputada del Frente de Todos Josefina González, hija de desaparecidos. Legisladores de todos los bloques ratificaron la política de Estado por “Memoria, Verdad y Justicia”.

La fecha del plenario coincidió con el aniversario de la elección del 30 de octubre de 1983, que marcó la recuperación democrática en la Argentina. “Es parte de un acto fundante en el mundo, somos el único país en juzgar y encarcelar a los genocidas de una dictadura”, destacó el presidente de la comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky. El dirigente de la CTA afirmó que el proyecto es “un acto de justicia hacia aquellos que estuvieron en la primera línea de la lucha por el Estado de derecho y por las reivindicaciones del movimiento popular”. También agradeció el acompañamiento que tuvo el proyecto por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares y los organismos de derechos humanos.

“Los derechos humanos como política de Estado trascienden a los gobiernos, son parte de la democracia y del Estado de derecho”, sumó Vanesa Siley (FdT), que preside Legislación del Trabajo, y recordó que todavía están pendientes el juzgamiento de las “complicidades civiles” de la desaparición de trabajadores durante la dictadura, como lo demostró la llamada “causa Ford”. Como dirigente del gremio de Judiciales porteños, Siley remarcó la emoción que significó para los familiares la recuperación de los legajos de los trabajadores de la justicia (que por decreto se aplicó en el Estado), “muchos de ellos delegados de base y militantes sindicales”.

Albor Cantard (JpC) recordó que en 2015 un proyecto similar no se trató el Senado. El radical santafesino se refirió a la “doble invisibilidad de las víctimas, que realizan los practicante de las violaciones como los negacionistas Holocausto y de los 30 mil desaparecidos”. “Hay que sacar eso velo”, afirmó y agregó: “a 37 años de la recuperación democrática nos interpela la deuda de la democracia con los derechos humanos, como el flagelo de la pobreza y el desamparo”.

La diputada Claudia Ormachea (FdT) remarcó que el “30 por ciento de los detenidos-desaparecidos por la dictadura fueron trabajadores y trabajadoras” y recordó cómo la Asociación Bancaria reconstruyó el legajo laboral de Beatriz, la hija de la Madre de Plaza de Mayo Aida Sarti, desaparecida a los 20 años y trabajadora del Banco de Italia. Al tiempo que describió las “complicaciones” que surgen del “sector privado, financiero y bancario” para llevar adelante esa reparación. 

“Es un aporte a la reconstrucción de la memoria de aquellos que sufrieron persecución, cárcel, torturas y desapariciones”, agregó la entrerriana Blanca Osuna (FdT) y recordó a sus compañeros de militancia en la Juventud Trabajadora Peronista y desaparecidos en la dictadura. La salteña Verónica Caliva (FdT) respaldó la “reparación de los trabajadores víctimas de la dictadura mas sangrienta” y repasó los casos de sus colaboradores civiles en su provincia, como el empresario Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte, y la causa aun pendientes de Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, por la desaparición de trabajadores durante el terrorismo de Estado.

Al inicio de la reunión, la radical Karina Banfi y el macrista Fernando Iglesias dieron su apoyo al proyecto antes de retirarse porque tenían “otros compromisos”. Iglesias se hizo tiemmpo para recordar que con un grupo de derechos humanos en 1981 le propuso a Hebe de Bonafini que se reuniera con el titular de la CGT Brasil, Saúl Ubaldini, pero que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, tras un frustrado encuentro, dijo “los gorilas de Ubaldini nos sacaron a patadas en el culo”. Varios diputados replicaron la “intervención oportunista” de Iglesias, que ya no participaba del plenario.

“La primera vez pude ver la cara a mi papá fue en la Biblioteca Argentina de Rosario en una foto, yo tenía 15 años. Y en su legajo de la facultad por primera vez su letra”, relató la diputada santafesina Josefina González al recordar que su padre fue secuestrado por la dictadura dos meses antes que ella naciera. “La dictadura también quiso desaparecer su registro. Lo contrario no es solo la memoria y la justicia, también la aparición. Nosotros en los registros, vemos sus caras, nombres e historia, que alguien se encargó de registrar sobre esos compañeros desparecidos, que eran militantes que pelearon y trabajaron para la sociedad”.