En la inauguración de la 76ª Edición de la Expo Rural 2020, de la Sociedad Rural Salteña, los grandes productores, en la voz del presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, reclamaron por “las situaciones que vemos en el avance sobre la propiedad privada”. 

La respuesta del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, no se hizo esperar: “me van a encontrar peleando por los intereses de mi pueblo porque para eso me eligieron. Me van a encontrar en ese lugar peleando para hacer respetar la propiedad privada porque así debe ser y así lo establece nuestra constitución, que se respeten las leyes”, dio en su discurso inaugural ante el evento.

Pasando por Guernica (en Buenos Aires), el conflicto familiar Etchevere (en Entre Ríos), y las disputas entre titulares registrales con las comunidades criollas e indígenas en el Chaco Salteño, la conflictividad por la propiedad de la tierra parece no cesar. Chemes mencionó que el avance sobre la propiedad privada ha “venido como tomas de campos, terrenos, o diferentes propiedades”, por lo que solicitó que “desde el gobierno se den señales claras y se tome cartas en el asunto”. Ello por entender que esta situación es “un síntoma peligroso”.

En la provincia ya se detectaron en este último mes al menos cuatro conflictos entre comunidades originarias que se afirman en el uso de sus territorios ancestrales enmarcado en la Ley de Emergencia Territorial 26.160, y que algunos ruralistas entienden como parte de esta falta de “seguridad jurídica”, para la “propiedad privada”. 

Al menos dos de estos conflictos fueron judicializados y terminaron en pedidos y órdenes de desalojo emitidas desde la Justicia provincial pese a la prohibición instituida por Ley. Uno de esos casos tiene que ver con la comunidad Yokwespehen (Los despojados según algunos, Los expulsados, según otros), ubicada en el kilómetro 20 de la ruta 86 (en la jurisdicción de Tartagal, departamento San Martín), desalojada en plena madrugada y sin que se cumpla con el resguardo de derechos básicos. 

Ante el reingreso de la comunidad al territorio de uso ancestral el abogado Hernán Mascietti había presentado un hábeas corpus que finalmente fue declarado “improcedente” por el juez de Tartagal, Ricardo Martoccia. El pedido era para proteger a la comunidad ante un eventual y nuevo desalojo de las tierras en disputa con Jorge Panayotidis.

Para Romero y Sáenz, el campo es “el motor del desarrollo”

Tanto la intendenta de Salta Capital, Betina Romero, como Sáenz, refirieron en sus discursos a una “grieta” que repercute en el sector productivo. “Al igual que ustedes nos duele que planteen el campo versus otra parte de la sociedad”, dijo en su discurso la intendenta de Salta Capital, Bettina Romero. 

“La agenda de su sector es la de todos los salteños”; agregó la mandataria al sostener que “ese sector productivo fue siempre el motor del país”. “Son un ejemplo de capacidad y calidad para defender estos valores que la Argentina necesita” agregó.

Sáenz por su parte, presentó las gestiones que realizó ante Nación para reactivar el traslado de la producción vía trenes, lo que favorecería al sector ruralista  y que le valió la visita del ministro de Transporte, Mario Meoni, a la provincia, la semana pasada.

“Salta necesita más que nunca el apoyo de todos los sectores productivos y del campo. Como motor del desarrollo y generador de riqueza que implica más y mejor trabajo para cada salteño. Soy un convencido, y lo digo desde el corazón, no me van a encontrar nunca alimentando la grieta”, sostuvo el mandatario salteño.

Afirmó que se busca que “haya confiabilidad de que cuando invierten en Salta no le cambian las reglas del juego. Estoy seguro que el campo es el motor de una sociedad más justa, más equitativa y solidaria. Necesitamos motorizar el campo y la producción. Quiero un salteño trabajando su tierra y no mendigando a Buenos Aires un plan social”, agregó en un segmento de su discurso.

Quienes forman parte del campo “pusieron la espalda siempre al Estado y hoy el Estado no les puede dar la espalda. Seguridad jurídica, confiabilidad, y previsibilidad”, es lo que el gobernador prometió.

Un compromiso siempre incumplido

“Sólo sacaremos a Salta con más y más producción. Por eso más trabajo, cuidando celosamente del ambiente en marco de sustentabilidad sin fanatismos pero sobre todo para que el Chaco salteño pueda surgir”, sostuvo Sáenz en uno de los pasajes de su discurso. La promesa de producir de manera “sustentable” se coló también durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Sin embargo los desmontes continuaron pese a la Ley que los impedía en algunas zonas.

El Chaco salteño es la región que más se transformó con el avance de la frontera agropecuaria. Y en donde aún con la pandemia, los desmontes continuaron. Una vez más la asociación ambientalista Greenpeace denunció que desde el comienzo de la cuarentena fueron desmontadas 48.656 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, que entre el 15 de marzo y el 31 de octubre perdieron más de 200 hectáreas de bosques por día. 

“Es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices de este ecocidio y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios agropecuarios”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Los datos desagregados por provincias indican que en Santiago del Estero se desmontaron 19.673, en Salta 12.863; 10.011 hectáreas en Formosa y 6.109 en Chaco. Estas cuatro jurisdicciones concentran el 80 por ciento de los desmontes del país. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja.