Mariana tiene 46 años y Lucho es su mejor amigo. Se conocieron en el local donde él da clases de zumba: ahí fue que un día le contó el deseo que tenía con su pareja, Andrés, de ser padres. La realidad a veces no tiene verosímil, no necesita ser creíble. Si el relato de ella fuese ficción, quizá tendría otros argumentos:
-Hace muchos años cuando miraba la serie Friends me llegó a lo profundo lo que hizo Phoebe, el personaje que le prestaba la panza a su hermano. Cuando Lucho me contó las ganas que tenía de tener un hijo me acordé de aquella escena y esa misma noche lo llamé para decirle que contara conmigo -dice Mariana, que vive en Villa María, Córdoba, al igual que Lucho y Andrés. Al principio Lucho había intentado adoptar, pero se encontró con una cantidad de trámites burocráticos que lo desalentaron. Cuando Mariana le dijo que los iba a ayudar todo les cerró. “Ella era parte de nuestras vidas, así que iba a tener un vínculo más allá de que lo gestara o no”, cuenta Lucho y mueve materiales de construcción: les salió un crédito Procrear y están arreglando su casa en el barrio Malvinas Argentinas, a unos minutos del centro de Villa María. Una vez que sus ganas se unieron empezaron los trámites médicos pero también los judiciales: menos en Ciudad de Buenos Aires, donde a partir de un amparo colectivo se avaló la no judicialización, en el resto del país hay que tener aprobación jurídica para que al nacer el bebé se pueda anotar a nombre de quien haya tenido la “voluntad procreacional”. Esto significa quien haya querido que ese bebé exista, ya se trate de personas que lo hagan de manera individual o en parejas.
-Fueron muchas instancias, nos entrevistaron por separado, a Mariana la visitaron, entrevistaron también a su hijo que tiene 18 años y nos hicieron pericias psicológicas. De a momentos resultaba cansador y sabíamos que existen atajos para que fuera más rápido, pero elegimos hacer todo en orden -cuenta Lucho, que es muy conocido en Córdoba porque conduce un magazine de TV local.
Los atajos que menciona son, por ejemplo, iniciar la gestación en una provincia y cerca del parto trasladarse a CABA, donde se puede anotar a los niñxs sin mayores complicaciones.
SI NO ESTÁ PROHIBIDO...
Nailé Prandi es la abogada de Lucho, Andrés y Mariana y también baila zumba, de ahí que conocía su historia de cerca y decidió acompañar las presentaciones judiciales ante la justicia. “Lo primero en lo que nos basamos fue el artículo 19 de la Constitución nacional, que dice que ‘Ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’. Otra de las razones que pusimos en tela de juicio es que la gestación por sustitución (GS) se está haciendo mucho en el extranjero y eso genera una desigualdad frente a quienes no pueden viajar”, dice Prandi. El juez Sebastián Monjo -titular del Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Cuarta Nominación de Villa María- les dio el sí con un fallo que tiene cuarenta páginas de fundamentos donde reconoce la voluntad procreacional, el derecho a los avances científicos y la imposibilidad de gestar un hijo por su cuenta siendo una pareja de varones. El segundo paso fue lograr que la obra social entienda su derecho. Prandi explica que para conseguirlo se basaron en “la Ley de acceso integral a los procedimientos de reproducción asistida, 26.862, que establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga o no obra social, tiene derecho a acceder a técnicas para lograr el embarazo”.
EN EEUU SÍ SE CONSIGUE
Horacio no había tenido nunca a un bebé en brazos pero quería ser papá. Carlos tenía otra cancha: el vínculo con sus sobrinos había sido una experiencia cercana a la paternidad y con eso le bastaba. No tenía el deseo de ser padre cuando a los 40 empezó una relación con Horacio, que de entrada le dijo que sus planes incluían hijxs. De entonces pasaron diez años y conocieron las dos campanas de la GS. Primero Horacio contactó a una agencia que le hizo el puente con una gestante en Florida, Orlando. Cuando su entorno supo que estaban en campaña de probar de vuelta pero en Argentina, una íntima amiga de la hermana de Carlos se ofreció y una compañera de trabajo del tío de Carlos también, así que iniciaron los tratamientos casi a la par y la familia se agrandó de golpe. Ahora tienen cuatro hijxs de 7, 4, 4 (gemelxs) y 3 años. Se conocieron haciendo gimnasia, tuvieron onda y en la primera cita Horacio le dijo a Carlos que ya había iniciado el tratamiento. Fueron ocho meses de viajes, chats y videollamadas con la gestante y su relación creció a la par que crecía la beba en un vientre a 7400 kilómetros. Entonces decidieron que la paternidad sería compartida. Con lxs hijxs que gestaron en Argentina lo vivieron diferente al proceso en Orlando: se juntaban una vez por semana con las gestantes, entablaron un vínculo afectuoso y estuvieron cerca en todas las etapas. “Allá vimos todo un comercio que no era nada lindo, había abogados que se tironeaban para cobrarnos extras, me acuerdo que me ofrecieron por 5 mil dólares más la bendición de un rabino, por mil dólares la foto del piecito, otros mil dólares para la filmación de su corazón. Era todo una locura comercial”, dice Carlos.
NOS VEMOS EN LA CORTE
A la nena que tuvieron en Estados Unidos la pudieron inscribir sin problemas. Pero lxs tres hijxs que tuvieron acá todavía tienen una documentación provisoria. Al Defensor Público de Menores de CABA Atilio Álvarez (ahora jubilado), se le metió en la cabeza que las gestantes debían anotarse como madres y ellos como adoptantes. Por eso apeló el fallo de primera instancia, donde no le dieron la razón, y lo mismo hizo cuando el caso entró en la Cámara de Apelaciones. Horacio y Carlos insistieron en anotar a lxs niñxs como propixs y ahora su caso entró en la Corte Suprema de Justicia. “Parece un detalle administrativo, pero nosotros no queremos darles una identidad que no tienen. Previo a iniciar la gestación dejamos por sentado que las gestantes no tenían voluntad procreacional: ellas nos prestaron su vientre para ayudarnos con nuestro deseo, no querían ser madres”, dice Horacio con un griterío de fondo: tener cuatro hijxs en pandemia le implica ser creativo e inventar estrategias para hablar por teléfono, trabajar como escribano y salir a dar unas vueltas de manzana todos los días. La intensidad nunca se termina: “Es así, tener hijos te mueve todas las rutinas”.
TÍA Y GESTANTE
Gastón tiene 35 años y está en pareja con su novio hace 15: se conocieron cuando tenía 20 y al mes ya estaban viviendo juntos. Su pareja, diez años mayor, lo acompañaba en la decisión de adoptar pero no quería ser padre, por eso había decidido “ser padre soltero en pareja”. Para saber que existe la GS no hace falta ser un gran investigador: con prender la TV en cualquier momento del día puede aparecer Mirko, el hijo del animador Marley que se gestó en el vientre de una mujer estadounidense. El tema es que para personas como Gastón, que se dedica a la docencia y tiene un ingreso medio, no pasaba ni por asomo la posibilidad de entrar a una de las agencias internacionales. Después de estar un tiempo en el registro de adoptantes sin suerte, un domingo de enero dijo en un almuerzo familiar que iba a volver a intentarlo y se iba a reinscribir en el Registro, ya que veía muy difícil la posibilidad de que alguien le prestara el vientre. “Una de mis cuatro hermanas, que ya ha sido mamá y ahora no tiene deseo de serlo, me dijo ‘si querés intentarlo yo te presto mi vientre, si se da buenísimo, si no seguís con lo de la adopción’. Me pareció un gesto tan grande, tan lindo, tan desinteresado, que cada vez que lo recuerdo se me corta la voz”.
Cuando habló con su pareja la novedad y cuáles eran sus planes, su respuesta le dio otra alegría. “Bueno, yo te acompaño, estoy. Me encantaría que nuestros hijos también lleven mi apellido”, le dijo. Ahora, mientras hacen los trámites judiciales para dejar asentada su voluntad procreacional y tener el aval jurídico, están esperando que la obra social les dé el visto bueno para los análisis, algo que en primera instancia no pasó y no es una novedad. Según Nadia Parolín, abogada rosarina que acompañó los trámites de varias GS, la cobertura en los sistemas de obras sociales y prepagas no figura de manera expresa en la ley de reproducción humana asistida. “¿Se puede reclamar? Sí. Pero esto quizá significa un juicio más. O sea que las personas no solo terminan haciendo un juicio para que les dejen gestar, sino que al no haber ley tienen que hacer un amparo para que se los cubran. Algunas lo hacen, otras que tienen la posibilidad terminan por pagarlo para no demorar las cosas”.
GESTACIÓN SOLIDARIA
El equipo de la Federación Argentina LGBT fue el que inició la movida para que se llame “gestación solidaria” a lo que muchas veces se llama “gestación por sustición”, “subrogación de vientre” o “alquiler de vientre”. El giro lingüístico no es ingenuo y lo explican en una Guía, que está disponible en su página web: “En la gestación solidaria muchas veces quienes llevan adelante el embarazo son personas conocidas de las requirentes, en donde el aspecto económico puede estar plenamente ausente. Y aún cuando está presente, dado que un embarazo genera gastos (ropa, alimentación, gastos médicos, etc) y lucro cesante para la persona que gesta, encontramos que en la mayoría de los casos sí existe un sentido de la solidaridad presente en la motivación de todas las partes”. La Federación tiene dos proyectos de ley sobre el tema. Uno habla de modificar el Código Civil y Comercial, para que sea más claro que la GS es una técnica dentro de las de reproducción humana asistida. Y otro más completo regula todos los pasos de la GS. “La verdad es que cada persona, y digo persona digo porque también hay hombres con capacidad de gestar, decide sobre su propio cuerpo. No tenemos que ejercer esa tutela, ponernos en omnipotentes y decidir sobre los cuerpos de otras personas. Nos pasa siempre en esto de que todes deciden sobre nuestros planes de vida, o sobre nuestros propios cuerpos: es la historia del patriarcado”, dice Flavia Massenzio, integrante de la Defensoría y presidenta de la Federación Argentina LGBT La diputada nacional Gabriela Estévez junto a nueve legisladoras del Frente de Todos tienen un proyecto en estado parlamentario listo para tratarse en comisiones. “La necesidad fundamental es darles resguardo a las personas que quieren llevar adelante este procedimiento, generando un marco legal y evitar cualquier tipo de explotación”, dice Estévez, que presenta por tercera vez un proyecto similar porque tiene un compromiso personal: es cercana a una pareja de varones que accedió a la GS y vio por los trastornos judiciales y de dinero que pasaron. Estévez es adoptante, tiene una hija de cinco años y así como entiende que hay que mejorar el Registro para agilizar las adopciones, considera que las personas que se deciden por la GS necesitan que “el Estado medie y acompañe” para resguardar los derechos de todes: “De la persona gestante, de quienes van a ser sus padres y del niñe por nacer, ya que necesita hacer ejercicio pleno de sus derechos y tener acceso a su identidad”.
¿LEGAL O ILEGAL?
A diferencia de los proyectos escritos por la Federación, los de Estévez sí llevan una instancia judicial: “Eso es la presencia del Estado. Es lo que garantiza que no haya vulneración de derechos y que no haya situaciones de explotación. Por eso se pide esa intervención, que además está normada y no va a ser para poner complicaciones e impedimentos, sino para resguardar derechos”. Cuando en 2013 empezaron los debates para la reforma del Código Civil y Comercial la GS fue uno de los puntos que se habían incorporado en el capítulo de la reproducción humana asistida. Entonces expertas en derecho de civil y bioética como Eleonora Lamm y Marisa Herrera colaboraron con los fundamentos, poniendo como ejes la soberanía de los cuerpos y la voluntad procreacional sobre el orden biológico. En 2015 el Código se trató en el Senado y todos los puntos del capítulo fueron aprobados menos ese, ya que algunos dijeron que la complejidad daba para un debate aparte. Según Estévez el artículo de su proyecto que habla de autorización judicial no va generar discrecionalidad en jueces, como a veces pasa cuando la moral impide que se realicen abortos con protocolo ILE. “No va a quedar simplemente a decisión personal y subjetiva, va a haber una normativa en el medio. Y fundamentalmente lo que se intenta con esto es evitar que se generen grandes redes de negocio con las clínicas y las personas que puedan llegar a estar sometidas a una situación de explotación”, dice la diputada. Si alguno de los proyectos consiguiera el dictamen en comisiones, con el calor de mayoría progresista que hay en ambas Cámaras, es posible que se apruebe una regulación para esta técnica que ya practican miles de personas. Mientras tanto, mientras no exista una ley clara, los derechos reproductivos de quienes buscan una GS seguirán atravesados por prejuicios morales y desigualdad de clase.
