Prevé recaudar 307 mil millones con la contribución de solo 9.298 personas

Aporte Solidario Extraordinario: por qué finalmente Diputados la tratará el martes 

Imagen: NA

Finalmente, el próximo martes la Cámara de Diputados tratará en el recinto el proyecto de Ley de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas, en una sesión especial convocada para ese día por diputados del oficialismo y de distintos bloques de la oposición.

El proyecto, que busca recaudar 307 mil millones de pesos, llega al recinto tras haber cerrado la negociación con los gobernadores sobre el nuevo pacto fiscal y la reforma tributaria que enviará al Congreso el Ejecutivo. Así las cosas, con el aval de los mandatarios provinciales y la certeza de que el aporte extraordinario no se “pisará” con la reforma tributaria el oficialismo decidió avanzar.

El proyecto, cuyos autores son los diputados nacionales Carlos Heller y Máximo Kirchner, obtuvo dictamen de comisión el pasado 25 de septiembre y a lo largo de su debate en Comisión sumó el apoyo de amplios sectores políticos, sociales, sindicales y culturales

El texto establece que las personas físicas que cuenten con fortunas superiores a los 200 millones de pesos deberán realizar un aporte solidario extraordinario para afrontar las consecuencias de la pandemia y apoyar el camino de recuperación económica.

El pedido de Sesión Especial encabezado por el titular del bloque oficialista Máximo Kirchner y acompañado por distintos referentes del Frente de Todos también cosechó las firmas de los bloques minoritarios de la oposición. De esta manera el Frente de Todos se garantiza el quórum para iniciar la sesión.

Al respecto de la convocatoria de la sesión el diputado del Frente de Todos, Itaí Hagman, explicó ante la consulta de Página/12 que “al tratarse de una ley que establece un aporte extraordinario por única vez, y no de un impuesto regular, tratarla el próximo martes o hace tres meses era lo mismo. Acá no es que el Estado deja de recaudar durante los meses en los que la ley no estuvo vigente, sino que se recauda por única vez y con fines definidos”.

Por otra parte, el diputado también recordó que “se le pidió a los sectores que cuestionaban el proyecto que presenten alternativas y nunca lo hicieron”, y agregó: “siempre estamos abiertos a recibir aportes y a dar la discusión, pero no hubo propuestas de modificaciones estructurales en el debate en Comisión”.

Los puntos centrales del proyecto

El dictamen, que se tratará en el recinto de sesiones, prevé el cobro de una tasa del 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

La recaudación de ese aporte se destinará un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20% a las pymes, 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20% a becas al programa integral de becas Progresar y 25% a programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa, según establece el proyecto.

Por otra parte, el texto que será tratado en el recinto fija que la tasa se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% en la franja de 600 a 800 millones.

En tanto, la tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1.500 millones, al 3,25% para fortunas de 1,500 millones de pesos a 3.000 millones, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

La iniciativa establece también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondiera; pero si la persona trae el 30% de las tenencias financieras que tiene declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuviera en el país.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) espera recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del corriente año), que alcanzaría a un universo potencial de 9.298 personas.

Además, en la sesión se tratarán otros proyectos vinculados a temas ambientales. Por un lado, la llamada Ley de Fuego, que impide la utilización comercial de tierras que hayan sufrido incendios forestales. El objetivo es reducir los incendios intencionales y la especulación. Por otra parte, se debatirá la Ley Yolanda, que determina la realización de capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la administración pública.

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