Las familias de los asentamientos Ampliación Parque La Vega, en la zona sudeste de la ciudad Capital, y Los Pinos, en el municipio de Villa San Lorenzo, marcharon desde la céntrica plaza 9 de Julio hasta el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para reclamar respuestas a su problemática habitacional y también por la libertad del delegado Yuthiel Alderete.

En el IPV, el secretario ejecutivo Federico Carrizo, hermano del presidente del organismo, Gustavo Carrizo, recibió a la delegada de la toma de Parque La Vega, Mercedes Vilte, quien fue con la representación legal del abogado Adolfo Sánchez. También recibió a la delegada de Los Pinos, María Flores, y a la militante de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, Marcela Gutiérrez. La reunión comenzó antes del mediodía y terminó pasadas las 14 sin ninguna solución gubernamental. 

En Los Pinos hay 12 mujeres imputadas por el delito de usurpación, 4 ya se fueron de la toma pero siguen acusadas y quedan 8 asentadas con alrededor de 30 niños y niñas. 

Las mujeres son jefas de hogar, están asentadas con sus familias desde el año pasado y tienen una orden de desalojo en la que les notifica que se ejecutará el próximo martes. El pedido de desalojo fue del fiscal Pablo Paz, quien realizó las imputaciones. La jueza de garantías Ada Zunino hizo lugar al pedido del fiscal y rechazó una presentación que hizo la defensora oficial Ana Carrizo para la suspensión. 

La delegada de Los Pinos explicó a Salta/12 que se movilizaron este viernes porque ya presentaron varias notas al presidente del IPV y no les respondió. Sin embargo, las enviaron a hablar con el funcionario Francisco Solá, de Tierras y Bienes. 

"Nos urge que nos frenen la orden de desalojo el martes. Si nos desalojan nos vamos a quedar en la calle con nuestras cosas. Hay 2 niños con discapacidad, una mujer con marcapasos y 3 mujeres embarazadas", manifestó Flores. 

La delegada dijo que hay muchas situaciones que deberían ver los funcionarios antes de desalojarlos. Señaló que son mujeres vulnerables, atravesadas por la desigualdad social y de género, que permanecen en la pobreza, tienen solo trabajos informales y son sobrevivientes de violencia. 

Flores indicó que varias mujeres lograron separarse en el asentamiento de sus agresores y, pese a que realizaron denuncias, no tienen asistencia jurídica, psicológica o económica. Algunas de ellas, atravesaron antes por situaciones de violencia de género. 

"Los vecinos del barrio Nueva Esperanza 2 dicen que el loteo se hizo mal en el barrio y que quedó ese espacio en el que estamos", sostuvo Flores. El gobierno municipal y la Justicia informaron que se trata de espacios verdes, sin embargo, antes de que se asentaran las familias, la delegada describió que era un lugar con yuyos y basura. 


Yuthiel Alderete está detenido por pedido de Córdoba, quien le imputó varias causas judiciales. Sánchez es su abogado defensor e informó que espera respuesta al pedido de libertad y de la apelación a la prisión preventiva, que tiene que ser resuelto por el Tribunal de Impugnación. También hay una denuncia que está siendo tramitada en la Fiscalía de Derechos Humanos, luego de que Alderete manifestara haber sido víctima de torturas y vejámenes en la Alcaidía. 

Gutierrez informó que el único avance que han logrado hasta ahora es la resolución de la Universidad Nacional de Salta para que se realice un censo en la toma de Parque La Vega. Resaltó que del gobierno no hubo avances.

El diputado Claudio del Plá del Partido Obrero, quien estuvo acompañando la movilización, sostuvo que Alderete es un preso político, a quien "le han armado un conjunto de causas que no tienen nada que ver con su historia personal sino con el papel que él juega como representante de los vecinos que están buscando una solución al problema de la vivienda". Resaltó que le han acumulado una cantidad de causas como la "interrupción en la vía pública, como si él solo pudiera cortar una calle" o "ante la falta de agua cuando intentaron tener una conexión por una cuestión sanitaria fundamental y (pese a las notas presentadas) Aguas del Norte no había dispuesto ningún servicio de emergencia". "Son causas vinculadas al reclamo por un techo para las familias", sostuvo. 

Del Plá dijo que presentará un proyecto en la Cámara de Diputados para la expropiación de 39 hectáreas en la zona sudeste de la ciudad entre las rutas 21 y 26, que son parte de 259 hectáreas que están vacías, "que tienen todos los servicios y autopistas alrededor  y es lo que debería urbanizarse". Detalló que son tres predios los que propone expropiar y pertenecen a la familia Marinaro, De La Arena y a la empresa Solimar.