Transcurría el año 2005 cuando los ambientalistas visibilizaron una lucha por la defensa de tierras en las que vivían habitantes wichí y criollos en la zona del municipio de General Pizarro, en el departamento Anta.
El entonces gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, había enviado en 2004 la iniciativa de ley para vender los lotes fiscales 32 y 33 a grandes productores agrícolas. La Legislatura provincial había dado luz verde a la venta. Se decía que con el dinero se realizarían las obras de la ruta provincial 5, que se utiliza en el transporte de granos.
La venta de las tierras implicaba el desalojo de la comunidad wichí Eben Ezer que vivía en el lugar, y la afectación de los pobladores criollos que desde siempre habían realizado sus actividades como agricultores familiares. En el primer programa de “La Noche del 10”, conducido por Diego Maradona, fue invitado el actor Ricardo Darín, quien habló de la situación y visibilizó el problema.
Maradona se sumó al reclamo y dijo mirando a las cámaras: “No queremos más películas americanas en las que matan a los indios porque si no se cumple con esta solicitud eso es lo que va a pasar”. En esa semana Néstor Kirchner recibió a los caciques de la comunidad Eben Ezer, Simón López y Donato Antolín. El Presidente sentó a López en el sillón de Rivadavia, y ordenó la re compra de parte de los ex lotes, que hoy ya son parte de la Reserva Nacional Pizarro.
Luego de salvarse la reserva, Maradona invitó a López a su programa, y lo abrazó delante de millones de espectadores. Pizarro fue el puntapié inicial de la Ley Nacional de Bosques Nativos que rige hasta hoy en la Argentina.
Oscar Soria, quien en aquel momento estaba a cargo de comunicaciones de la organización ambientalista Greenpeace, ayer recordó en sus redes sociales aquella osadía. “Ese momento fue ciertamente un punto de inflexión para la causa ambiental en Argentina: la gente empezó a prestar más atención a la silenciosa devastación de los bosques argentinos. En ese momento, marcamos un ‘gol’ por la causa, con el único y único. Gracias Diego. Gracias por todo!!!”.
Volvieron las audiencias pero sigue el desmonte
Por otra parte, Greenpeace celebró que el gobierno provincial haya dado marcha atrás con la quita de las audiencias públicas para desmontar. Sin embargo, criticó que los desmontes hayan continuado durante la cuarentena en Salta, sin que exista desde el gobierno provincial la intención de frenarlos.
“Es un paso importante, ya que se evita un retroceso en los requisitos que se deben cumplir para deforestar legalmente. Sin embargo, es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices de este ecocidio y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios agropecuarios”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la entidad ambientalista.
Greenpeace recordó que junto a comunidades indígenas, organizaciones sociales, personas de la academia, y el Ministerio de Ambiente de la Nación, se hicieron los reclamos correspondientes ante la publicación de la resolución N° 333, que permitía que algunos proyectos de desmontes no pasaran por audiencias públicas, y que la decisión de disponer el proceso quedara en manos de la autoridad de aplicación a cargo, en este caso la Secretaría de Ambiente provincial. Tras las observaciones realizadas por la Secretaría de Política Ambiental de la Nación, a cargo de Florencia Gómez, el gobierno de Salta retrocedió y volvió a declarar obligatoria la realización de audiencias públicas y la presentación de Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS).
El 20 de octubre pasado, la organización ecologista envió una carta al gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, y al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, advirtiendo que la reducción de requisitos para autorizar desmontes “representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675”.
Ahora, mediante la resolución 411/2020, la Secretaría de Ambiente de Salta modificó la resolución 333/2020 y estableció que “para los Planes de Cambio de Uso de Suelo (PCUS) los proponentes deberán presentar Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAyS) y celebrar la correspondiente audiencia pública”.
Greenpeace recordó que según datos oficiales, Salta es una de las provincias con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja).
El monitoreo de deforestación que realiza Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales reveló que, a pesar de las restricciones por la pandemia de covid-19, entre el 15 de marzo y el 31 de octubre en la provincia de Salta se desmontaron 12.863 hectáreas.
“Más desmonte significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen que debe prohibirse y penalizarse”, declaró Giardini.
