Las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), Inés Bocanera; Ana Pérez Declerc y Pilar González Sastre, presentaron ayer el informe anual 2020. Entre lo más destacado se encuentra el incremento de llamados al 911 durante el ASPO y las más de 20 mil denuncias radicadas sobre violencia familiar y de género en los distintos organismos. 

Además, se incorporó un registro oficial de femicidios y se trabajó sobre la visibilización de la violencia política, recientemente incorporada. 

Los datos estadísticos que se aportaron desde el Observatorio señalan que durante el período de enero a septiembre, el Sistema de Emergencia 911 recibió un total de 127.812 llamadas vinculadas a violencia familiar y de género. De ese número, 58.363 fueron caratuladas como "violencia familiar en curso", 5.061 como "violencia de género" y 482 fueron por "violencia familiar histórica". Este último responde a los casos que son denunciados de manera posterior a cuando ocurrieron los hechos. 

De acuerdo con los informes anuales anteriores, se podía suponer que en enero de cada año se evidencia un nuevo pico de denuncias que con el correr de los meses va fluctuando, volviendo a incrementar recién en diciembre. Sin embargo, este 2.020, con pandemia de por medio, las llamadas al 911 aumentaron de marzo a mayo, coincidente con el ASPO.

Los gráficos presentados señalan que en enero de este año se recibieron más de 7.500 denuncias. La cifra bajó en febrero en casi mil llamados (6.500), pero se incrementó de marzo a mayo, donde mantuvo una meseta de más de 7.000 denuncias por mes. Ya para junio, el número volvió a descender por mil y tuvo su registro más bajo en septiembre, con una cantidad que superó las 5.000. Esa baja se da en coincidencia con el "período que, con algunas variaciones, se puede considerar como DISPO". 

El OVcM sostuvo que "se puede señalar un aumento y una dinámica diferenciada para los meses de marzo a mayo con respecto a los dos años anteriores", dando cuenta que quienes no podían salir de sus casas acudieron a este sistema de emergencia.

Otros tipos de registros de denuncias son los establecidos por el Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG) de la Corte de Justicia de Salta. Esta última registró el ingreso de 15.437 casos en los cuatro distritos que guarda en la provincia (Centro, Metán, Orán y Tartagal), en las comisarías y otros organismos. 

Asimismo se asentaron un total de 20.830 víctimas de violencia. De ese total, 14.698 están ubicadas en el Distrito Centro, seguido por Tartagal, Metán y Orán. Ahora bien, de ese total de personas denunciantes, casi un 73% fue realizado por mujeres y el resto por varones.

En 2016, fueron registradas 14.695 denuncias; en 2017, 11.510; en 2018, 14.584 y en 2019, 21.707. Entre 2018 y 2019 se produce el salto más significativo con un aumento del 49% de las denuncias y este año sin haberlo terminado el número se aproxima al del 2019. Además, los meses que aún restan son los que más denuncias presentan de acuerdo a los informes anteriores. 

La violencia más denunciada fue la psicológica, seguida por la física y, en tercer lugar, la económica y la sexual. Pero es necesario aclarar que en cada caso se pueden presentar más de un tipo de violencia, y de acuerdo a las denuncias, se identifica la psicológica junto con otro tipo. De los casos denunciados, el 40% fue por violencia física; y de ese porcentaje, la modalidad de la violencia fue la doméstica. 

Femicidios que no cesaron

El Observatorio diseñó un registro oficial de femicidios, que incluyó distintas etapas de evaluación para establecer de manera más certera si se trató de un femicidio o no.  De esa forma, informaron que en lo que va del 2.020 ocurrieron 9 femicidios en la provincia de Salta, uno de ellos un femicidio vinculado. 

Si bien, la directora Pérez Declerc comunicó en la presentación que se perdieron 10 vidas, el informe hizo la salvedad con el caso de Fabiana Arismendi de la localidad de Cerrillos. Señalaron que el hecho se encuentra "en proceso de investigación para determinar si se trata de un femicidio, con la concurrente participación de otra u otras personas en el hecho, o si bien se trata de un suicidio". El cuerpo de Fabiana apareció calcinado el 1 de octubre. 

Los femicidios contabilizados son el de Analia Astorga, Paola del Milagro Avila, Claudia Roxana Padilla, un femicidio vinculado a una menor de General Mosconi, María Eleonor Gine, Rosa Sulca, Plácida Meléndrez Ilafaya, Alicia Mamaní y Elvira Sabán. 

De los 9 casos, 7 cursan un proceso judicial debido a que en los otros dos, el femicida se quitó la vida luego del asesinato. Se trata de los casos de Astorga y el femicidio vinculado. 

Como el registro se hizo de enero hasta los últimos días octubre, no se contabilizó la muerte de la joven Milagro Melina Flores, que falleció el 16 de noviembre luego de estar internada en estado grave a causa de las heridas de arma blanca provocadas por su pareja. 

Muy lejos de la diversidad 

Desde el OVcM llevaron adelante también el Relevamiento de las áreas de género municipales 2020. De los 60 municipios que integran la provincia, se supo que la mitad cuenta con área de género, pero sólo 7 tienen áreas de diversidad. 

El mismo relevamiento se hizo en el 2.017 y en comparación con esos datos, en este año se registró una disminución en la proporción de municipios con psicólogues, trabajadores sociales y abogades ejerciendo funciones en la municipalidad. "Se desprende de este estado de situación que, tal como se observó en el informe anual del OVcM de 2019, ´aún hoy nos encontramos ante la ausencia de un plan de actuación sistematizado´", recordaron en el infrome.

Pérez Declerc señaló que "todavía falta mucho por hacer en el ámbito municipal, falta reforzar los equipos interdisciplinarios, muchas personas trabajan de forma voluntaria y es importante que se jerarquice esta tarea porque es fundamental el seguimiento". En ese sentido, dijo que desde el organismo no sólo se arbitran los medios para hacer las denuncias sino que se busca acompañar a los municipios en la tarea. 

Incorporar violencias

El Observatorio incorporó en su informe anual a la violencia política, violencia digital por motivos de género y la situación de vulnerabilidad en el marco de la Covid-19. La definición de la violencia política en la Ley 26.485 a fines del año pasado, permitió visibilizar el ámbito que incursionan las mujeres que deciden participar en la vida política. 

Después que el Observatorio registrase denuncias de este tipo, generó un formulario, "a los fines que toda persona que quiera exponer su situación, pueda manifestarse y así lograr configurarse una constancia de la misma, dando la responsable derivación para el abordaje de la situación que se exponga". De acuerdo a lo anunciado, el formulario se subirá pronto a la web del organismo.

Tanto para la violencia política como la digital, el Observatorio colaboró activamente en la visibilización y erradicación de las mismas, articulando con organismos a nivel provincial y nacional.

También abordó la situación de empleadas de casas particulares, que durante el contexto de aislamiento quedaron expuestas a la situación de precariedad laboral y vulnerabilidad de derechos. El organismo realizó una campaña junto a la Iniciativa Spotlight, para acercar vías de asesoramiento y denuncia. Así como la de niños, niñas y adolescentes, a quienes se buscó acompañar debido al aumento de abusos sexuales. 

Por último, informaron que se trabajó para la aplicación de la Ley Micaela, legislación a la que la provincia adhirió en abril del 2.019. Se realizaron articulaciones, cooperaciones y convenios con distintos organismos, obteniendo como resultado la capacitación en los tres poderes del Estado, según informaron.