Un sistema que pierde credibilidad

Injusticias: De Etchecolatz a Hakim y Boudou

Hay un hilo que une la ofrenda que hizo el genocida Etchecolatz a Jesús por su octava condena a perpetua, con la muerte de un jefe médico cuando reclamaba un aumento al gobierno porteño y la confirmación del fallo contra Boudou realizado sin fundamentos por la Corte Suprema. El papel de la justicia y el de los medios.
Imagen: Télam

“Señor Jesús, si me condenan es por haber defendido tu causa”, decía el cartelito que se colgó en la pechera el genocida Miguel Etchecolatz cuando asistió al tribunal a escuchar su octava condena a perpetua. El médico Alejandro Hakim murió en una marcha de trabajadores de la salud que reclamaban aumento salarial al gobierno de CABA, que durante cuatro años recibió más del doble de lo que le correspondía de coparticipación. La Corte rechazó la apelación de Amado Boudou, que fue condenado a cinco años de prisión, por la declaración de un testigo al que se le pagó el equivalente de cinco millones de pesos actuales para que lo acusara.

Etchecolatz es un ejemplo de perversión, en su caso a través de la injusticia llevada a su máxima expresión por la dictadura. La muerte de Hakim resalta la responsabilidad del gobierno de CABA en otra injusticia. En CABA sobró la plata en estos años y casi nada fue a salud pública. Los trabajadores de la salud tienen varios muertos por covid-19 porque fueron la primera línea defensiva de la sociedad frente a la pandemia.

La actitud de la Corte es una injusticia en la raíz de la justicia. Un día antes, el contenido de esta decisión había sido filtrado a Clarín, La Nación e Infobae, persistiendo en prácticas usuales del lawfare, donde los medios hegemónicos crean el clima propicio para una acción judicial turbia. La Corte se amparó en el artículo 280 para expresar su rechazo sin necesidad de fundamentarlo, pero se filtró la decisión para que lo fundamentaran estos medios.

La condena a Boudou es un caso emblemático del lawfare porque a pesar de la copiosa campaña mediática que aparentaba el esclarecimiento total con gran cantidad de información, no se le pudo probar que se haya favorecido de alguna manera o enriquecido.

Se lo condenó por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” porque al testigo Alejandro Vanderbroele se le pagó un millón y medio de aquella época para que dijera en su testimonio que el ex vicepresidente había participado en las negociaciones por la venta de la empresa Ciccone, que finalmente fue estatizada.

No es una acusación. Es lo que realmente pasó. Y lo reconoció el mismo declarante quien, gracias a ese capital, que equivale a unos cinco millones de ahora, tiene una posada en el centro turístico de Chacras de Coria. El hombre pidió al Programa de Protección de Testigos que le financiara su hotelito y a cambio incriminó a Boudou.

Ha pasado tiempo desde que los medios hegemónicos construyeran la leyenda negra alrededor de Boudou, el funcionario kirchnerista que rescató las jubilaciones del negociado de las AFJP. Si esa leyenda fuera cierta, Boudou debería tener propiedades de origen inexplicable y un estilo de vida ostentoso como la mayoría de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Pero en ese tiempo, la sociedad pudo comprobar que el ex funcionario kirchnerista no esconde nada.

La compra, supuestamente legal, del único testigo que acusa a Boudou en la causa Ciccone, no es un fenómeno aislado en Argentina porque estas irregularidades han sido una práctica usual del lawfare que impuso Macri en reemplazo de la política.

El perito oficial David Cohen que declaró contra el ex ministro Julio De Vido en la causa por la compra del gas licuado fue a juicio por falso testimonio. El otro que fue presentado como perito fue el falso abogado y espía Marcelo D'Alessio, que está preso por extorsionar testigos. Los ex funcionarios públicos Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino fueron condenados a tres años de prisión también por "falso testimonio agravado”. Como pensaban que el juez Sebastián Casanello era demasiado kirchnerista, declararon que lo habían visto cuando se reunía con la ex presidenta en la Quinta de Olivos, en una maniobra para apartarlo de una causa contra Lázaro Báez.

En vez de acusar a Cristina Kirchner en la causa por la obra pública, los peritos y funcionarios que han pasado a declarar en las audiencias públicas y orales ponen en evidencia el interés del titular de Vialidad durante el macrismo, Javier Iguacel, en difamar a la ex presidenta. La base de esa causa es un informe que Iguacel obligó a realizar apenas asumió. Pero el acusador Iguacel está acusado, en cambio, de intervenir en los negociados por las licitaciones de autopistas que favorecieron a las empresas del Grupo Macri.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó este viernes un tuit con la frase: “Causas armadas, sentencias truchas, testigos falsos. Nada justo puede resultar de eso".

Por su antagonismo con el kirchnerismo, el macrismo condenó antes de juzgar. La parte macrista de la sociedad sabe que las acusaciones son insostenibles, pero considera que la única justicia posible es la que condena igual que ellos, por portación de ideología. La construcción de sentido de los medios hegemónicos instaló perversamente que kirchnerismo o peronismo son sinónimos de corrupción.

De la misma forma hicieron durante la dictadura cuando instalaron que los genocidas defendían a la democracia y la civilización occidental y cristiana. El cartelito que se puso Etchecolatz tiene ese origen. Ahora parece marciano porque está desactualizado, pero era lo que decían los genocidas para justificarse.

La careta de los genocidas se cayó de la misma manera en que se caerá la careta de la justicia macrista porque son herramientas coyunturales.

La Corte no puede considerar la apelación de Boudou como si se tratara de un caso aislado. Sobre todo cuando el fiscal Carlos Stornelli está imputado en una causa por extorsión a testigos para que declaren según sus indicaciones.

No es cualquier fiscal, sino el que ha actuado en las causas más importantes para perseguir a ex funcionarios kirchneristas. Y a pesar de esa imputación, ni siquiera fue apartado de sus funciones hasta que se aclare su situación.

Dos jueces de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, validaron las declaraciones irregulares de arrepentidos que no estaban grabadas ni filmadas. Hay empresarios que han denunciado que cuando llegaban al juzgado de Claudio Bonadio, donde actuaba Stornelli, se los extorsionaba para que involucraran a Cristina Kirchner. A los que se negaban los dejaban detenidos en un calabozo insalubre.

La ley del arrepentido es un adefesio que plantea situaciones que se prestan a este tipo de extorsiones. Se la remendó con recomendaciones estrictas de que las declaraciones fueran grabadas y filmadas para que se pudiera evaluar hasta qué punto eran espontáneas.

Y resulta que dos jueces mandan estas exigencias a la basura en una causa donde hay testigos que denuncian extorsiones, donde hay otra causa relacionada con imputados en casos de extorsión de testigos, en la que el mismo fiscal está involucrado.

La frase de Kicillof recoge un sentimiento muy extendido en la sociedad sobre estas actuaciones en el Poder Judicial. El trabajo de zapa de los medios hegemónicos que justifican la corrupción de la Justicia va perdiendo la pulseada y estas situaciones ya no tienen la impunidad que tenían cuando empezó el lawfare como práctica extendida.

Esa impunidad cambió por una situación en la que el sistema judicial pierde legitimidad en cada decisión ilegítima. La sociedad ya no los ve como hechos aislados, sino como parte de una misma práctica que en todo el mundo tiene el nombre de lawfare. Es un camino que lleva indefectiblemente a la necesidad de que la sociedad recupere una Justicia creíble.

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