Las múltiples aristas que se abren a la discusión con el crimen de Gualeguay

Los debates pendientes

El foco político y mediático está puesto sobre el juez que dispuso la liberación de Sebastián Wagner y la situación de los violadores. Pero una mirada integral requiere discutir el problema de la violencia machista y las políticas públicas que el Estado no implementa.

El femicidio de Micaela García puso en el centro de la polémica la decisión del juez Carlos Rossi de darle la libertad condicional al sospechoso de matarla, quien ya tenía una condena por dos ataques sexuales. El caso abrió el debate sobre qué hacer con los violadores que llegan al sistema penal. Pero más allá de que son dos cuestiones pertinentes, que deben ser analizadas, el tema es más complejo y tiene otras aristas. No puede abordarse sin una mirada integral del problema de la violencia machista y de las políticas públicas que no implementa el Estado para prevenir los femicidios.

Hogar. Micaela tenía 21 años. En los últimos 9 años, 329 chicas de 16 a 21 años fueron asesinadas por ser mujeres, en 8 de cada 10 casos a manos de un conocido, mayoritariamente –6 de cada 10– por su pareja o ex pareja, según el relevamiento que lleva adelante el Observatorio de Femicidios Maricel Zambrano que coordina La Casa del Encuentro. El registro indica que 125 fueron asesinadas por su novio o esposo, 68 por su ex pareja, 32 por un vecino o conocido, 17 por otros familiares, 16 por padres o padrastros. Sólo en el 21 por ciento de los casos no existía vínculo aparente entre la víctima y el femicida. Es decir, el mayor riesgo está en el hogar. En el 53 por ciento de los casos el asesinato ocurrió en la vivienda de la víctima, en la que compartían o en la del femicida.
Violaciones. La mayoría de las violaciones, se presume, no son siquiera denunciadas. Sobre todo las que perpetran maridos, novios, convivientes y allegados. “No se puede tener diagnósticos ciertos de la magnitud de la violencia sexual que afecta a las mujeres porque no hay estadísticas serias ni datos certeros al respecto en el país”, advierte Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de la Violencia de Género, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Reincidencia. Existe la creencia generalizada de que los violadores son reincidentes. Distintos estudios publicados en otros países dan cuenta de que las conductas son reiteradas, señala la pisquiatra infanto juvenil Irene Intebi, directora del Centro Regional de Recursos de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil. ¿Se podría evitar esa reincidencia con un abordaje terapéutico intramuros? Hay opiniones encontradas en este punto. Eva Giberti, titular del Programa Las Víctimas contra las Violencias, por ejemplo, considera que al violador debería corresponderle reclusión perpetua, con la excepción de que se demuestre en evaluaciones carcelarias que tuvo un cambio de conducta. La psicóloga y sexóloga Isabel Boschi, quien fue vicepresidenta en 2012 de la Asociación Internacional para el Tratamiento de los Ofensores Sexuales, opina que podría ser posible y que “hay que intentarlo”. Pero –apunta– dependería de que sean sometidos a un programa especial durante su encarcelamiento y de las condiciones que tenga al recuperar su libertad: si tiene adonde ir a vivir, una figura significativa que lo contenga afectivamente, trabajo, y además, se le debería hacer un seguimiento con alguna institución que hoy no existe en el país.
Experiencia piloto. Recién el año pasado se implementó un proyecto del Servicio Penitenciario Federal –iniciado durante la gestión del ex ministro de Justicia Julio Alak– por el cual se creó el Programa para Ofensores Sexuales (POS) en el penal de Senillosa, en Neuquén. El traslado de los reclusos hacia esa cárcel es voluntario. Habrá que esperar la evaluación de sus resultados. Pero en el resto de las cárceles provinciales, los condenados por violación están separados del resto de los convictos porque suelen ser acosados y atacados. Y no reciben ningún tipo de abordaje terapéutico.
Responsabilidades. Frente al planteo de libertad condicional solicitado por Sebastián, Wagner, detenido por el femicidio de Micaela, hubo tres informes que desaconsejaban otorgarle ese beneficio: uno de los propios peritos del tribunal que encabeza el juez Rossi, otro del servicio penitenciario provincial y el tercero, del fiscal. Por eso llama la atención la decisión del juez de Ejecución de la Pena. Deberá dar sus explicaciones durante el jury que seguramente se abrirá por su actuación en el caso. Pero es interesante que en el mismo fallo, el magistrado dice que el Estado no brinda en Entre Ríos ningún tratamiento para los ofensores sexuales. Aquí está el nudo de la responsabilidad del Estado sobre el femicidio de Micaela. El juez es responsable de una parte. Hay que dar una mirada más amplia al problema: “Se observa la ausencia de respuesta institucional orientada a la implementación de un programa tratamental específico, lo que se traduce en el fracaso del sistema, ya que estos individuos generalmente no progresan en el régimen o lo hacen tardíamente y con serias dificultades, retornando al medio al agotarse la pena, en un estado de mayor vulnerabilidad al que presentaba a su ingreso”, sostuvo el juez Rossi –lo cual hace más inexplicable su resolución– y señaló, por otra parte, que sus recomendaciones a las autoridades han sido “reiteradamente desoídas”.
Educación. Dice la socióloga Silvia Chejter, estudiosa del tema: “Existen disidencias entre las feministas de distintos países acerca de si la violación debe considerarse un delito público (que pueda perseguirse de oficio) o debe ser de instancia privada. Otro punto de disidencia es si deben incrementarse las penas. En general la mayoría de las discusiones en cuanto a políticas criminales están centradas en cuestiones relacionadas con los agresores y no con las víctimas. He revisado numerosos expedientes y sentencias por casos de violación, a lo largo de varias décadas, y está claro que los jueces siguen actuando de acuerdo a su ideología, aun desoyendo lo que dicen los peritos, como en el caso de Micaela. De modo que no se trata sólo de políticas criminales sino también de la ideología que permea a gran parte de los funcionarios del servicio de justicia para quienes las violaciones (y otros delitos sexuales) son un delito poco importante”. Además, Chejter advierte sobre la ausencia de políticas educativas y comunicacionales desde el Estado para enfrentar el problema de la violencia machista en términos más amplios que “tienen un carácter sistémico de sometimiento de las mujeres y es parte de ejercicios de poder que tienen en este caso tres ejes fundamentales: el control del cuerpo, de la sexualidad y la reproducción”.
Recortes. La gran herramienta federal para combatir los patrones culturales que naturalizan las agresiones hacia las mujeres es la educación sexual integral y no la salida punitivista. Sin embargo, el gobierno de Cambiemos desjerarquizó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, le recortó presupuesto, redujo la cantidad de materiales impresos para las escuelas y desactivó las capacitaciones masivas a docentes.
Inseguridad. “El ámbito más inseguro para las mujeres es el familiar. Eso no excluye que hay muchas situaciones de violencia sexual y femicidios que ocurren en la vía pública. Tenemos que volver a discutir una agenda de políticas de seguridad con enfoque de género y una perspectiva feminista. Las mujeres tenemos el derecho a disfrutar de la nocturnidad, a vivir las ciudades. No podemos vivir atemorizadas de que nos pueden violar o asesinar. Tenemos que pensar cómo hacer para que el espacio público sea más seguro para las mujeres”, señala Malacalza. Y reclama políticas públicas integrales para la prevención de la violencia de género. “Integrales significa que tiene que haber un compromiso de todos los actores gubernamentales, judiciales y del ámbito legislativo. Las políticas tienen que desestructurar la relación de dominación entre los géneros. Y deben incluir, apunta, capacitación a los operadores de la justicia. Y no pensar solo en la emergencia. “La agenda de la Subsecretaria de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires es la implementación de la línea 144, refugios y botón antipánico. Es decir, se reduce a la emergencia. No están pensando en la problemática del empleo, en cómo las políticas económicas de ajuste afectan hoy a las mujeres, ni en políticas penitenciarias, entre otros ejes necesarios”.