La Comisión Permanente del episcopado católico se reúne martes y miércoles de la semana que se inicia y se estima que de ese encuentro podrá surgir una declaración pública de la jerarquía que, de existir, incluirá un nuevo rechazo a la legalización del aborto, pero también demandas sobre otros temas de interés social.
Teniendo como telón de fondo la media sanción lograda en Diputados del proyecto de ley de legalización del aborto y frente a lo que parece ser la inminente aprobación de la iniciativa en la Cámara de Senadores, los obispos católicos están molestos con el Gobierno y, en particular, con el presidente Alberto Fernández. El principal reproche tiene que ver con el hecho de que la iniciativa de la ley haya partido del Poder Ejecutivo. Para los obispos –también para aquellos que se sienten ideológicamente más cercanos a la actual administración oficial- “no era necesario hacerlo ahora”. Dicho esto al margen de la oposición frontal y categórica que el episcopado católico tiene a la iniciativa de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El lobby eclesiástico se traslada ahora a las provincias, donde los obispos tienen acceso directo y capacidad de presión tanto con las autoridades locales como con los senadores que deberán emitir su voto.
Al margen de las manifestaciones públicas que la mayoría de los obispos hicieron de manera individual en las últimas semanas, el malestar de la jerarquía católica puede reflejarse en los próximos días en un documento colectivo que sería emitido por la Comisión Permanente del episcopado cuya reunión está convocada para el martes 15 de diciembre.
La Comisión Permanente es un órgano estatutario de la Conferencia Episcopal en el cual tienen asiento los integrantes de la Comisión Ejecutiva (presidente, dos vicepresidentes y el secretario general) y los obispos representantes de cada una de las regiones episcopales del país. Es la instancia institucional colectiva más importante solo superada por la asamblea general del episcopado. Si bien hasta el momento no hay una decisión tomada respecto de un documento público, se sabe que la propuesta de declaración fue planteada e impulsada en varias de las reuniones regionales que se celebraron en las últimas semanas y desde allí surgieron mandatos para los delegados que participan de la Permanente.
El tema de la legalización del aborto es “innegociable” para los obispos. Para la inmensa mayoría por razones de principios y por coherencia con el punto de vista institucional católico en la materia. También porque el papa Francisco así se los hizo saber cada vez que tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema. Jorge Bergoglio también le transmitió esa posición al presidente Alberto Fernández. El Presidente también ha dicho que siempre fue claro con el Papa respecto de su enfoque y que confía en que nada entorpecerá la buena relación entre ambos.
Los argumentos han sido expuestos por el episcopado. El obispo Gustavo Carrara y el sacerdote José María Di Paola –entre otros- fueron dos de los principales voceros de esa posición en la comisión que debatió el tema en Diputados.
“Les pedimos un segundo de reflexión frente a lo que significa el respeto a la vida” dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojea, en un mensaje dirigido a los legisladores poco antes de que se produjera la votación en el recinto de Diputados.
Desde el sector más conservador del episcopado el tema de la legalización del aborto sirve además como argumento y pretexto para expresar la disconformidad latente con el Gobierno que hasta el momento estuvo contenida, primero por la asunción de las nuevas autoridades y luego por la pausa obligatoria impuesta por la pandemia.
Entre los obispos más cercanos y con más diálogo con el Gobierno también hay incomodidad. Se quejan diciendo que “aportamos en todo lo que nos pidieron y estuvimos cerca cuando fue necesario”. Los más molestos agregan que “ahora nos pagan con esto” refiriéndose al proyecto que obtuvo media sanción esta semana en la Cámara de Diputados. Este grupo de obispos considera además que se trata de un debate que “divide a los argentinos” y recuerda que el Presidente ha insistido en más de una ocasión en la necesidad de unir a los argentinos y le ha pedido también a la jerarquía católica que colabore en este propósito. “No era el momento para plantear esta discusión que divide, máxime teniendo en cuenta la gravedad de los problemas sociales que enfrenta el país”, dicen.
No hay aún una decisión a favor de la elaboración de un documento, pero es posible que la probabilidad de que ello ocurra vaya creciendo con el correr de los días, mientras aumentan también los diálogos y las consultas entre los obispos y a medida que se acerca la fecha de la reunión de la Comisión Permanente.
Si finalmente el documento ve la luz no hay dudas de que la cuestión del aborto será central. Pero no será el único tema. Todo lo referido a la gravedad de la situación social también está en la agenda y a ello se agrega la preocupación por la inseguridad que viven de cerca especialmente los obispos del conurbano, agravada por la presencia del narcotráfico en esas zonas.
Lejos de Buenos Aires los obispos de Chubut también plantearon semanas atrás su demanda para atender problemas derivados de la megaminería y, en una carta pública dirigida al gobernador Mariano Arcioni, volvieron a rechazar el proyecto de ley “Desarrollo industrial minero metalífero sustentable” de esa provincia. En la ocasión, además de reclamar instancias participativas y “caminos alternativos”, los obispos fueron terminantes al decir “no a este proyecto inconsulto; no a la metodología utilizada para imponerlo; no a la estrategia comunicacional direccionada donde se califica a nuestro pueblo como una minoría ‘ruidosa’, no al abordaje unilateral de la compleja problemática minera”.
Pueden no ser éstos los únicos temas. Pueden incorporarse demandas de diverso tipo, aunque existe un principio de acuerdo para no agregar demasiado, algo que hasta haría perder fuerza al rechazo central hacia la legalización del aborto. Pero está visto que una vez abierta la “lista de reclamos” retenidos en el tiempo por distintas razones y carentes hasta ahora de pronunciamiento episcopal, un documento de los obispos puede incluir una agenda más amplia en la que varios pretenderán incorporar sus propias quejas.
