La investigación penal que se tramita en Rosario sobre Vicentin dio ayer pasos contundentes destinados a asegurar pruebas y recursos económicos. Desde las 7 de la mañana se realizaron 13 allanamientos en distintos puntos de la provincia: 12 fueron en Reconquista y Avellaneda (tres en empresas y el resto en domicilios particulares) y 1 en Ricardone. Sin embargo lo más pesado de la jornada fue el aval del juez Hernán Postma a una serie de medidas poco frecuentes y muy duras para accionistas y directivos de la agroexportadora que solicitó el fiscal Miguel Moreno: la orden de Interdicción de cuentas bancarias y cajas de seguridad de personas físicas y jurídicas relacionadas al grupo.
Además, se dispusieron las siguientes medidas judiciales:
-Prohibición de cambiar la propiedad de las acciones de las empresas donde Vicentin Saic tenga participación. Incluye Renova, Friar, Oleaginosa San Lorenzo y Algodonera Avellaneda, entre otras.
-Prohibición de desprenderse de activos de las empresas donde Vicentin Saic tenga participación. Alrededor de una veintena de firmas que integran el grupo.
-Levantamiento del secreto bancario y bursátil.
-Congelamiento e intervención de las cuentas bancarias y cajas de seguridad de los miembros del directorio de Vicentin Saic.
-Medida de no innovar sobre la titularidad de los bienes del actual presidente del directorio de Vicentin Saic, Omar Scarel, de Gustavo Nardelli, Alberto Padoán, Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Máximo Padoán, entre otros ex directores del Grupo Vicentin, cuyos domicilios fueron allanados ayer.
En cuanto a los allanamientos se iniciaron a las 7 de la mañana de este lunes y los realizaron personal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Fiscalía, personal del Organismo de Investigación del MPA, y personal de la AIC. En todos los casos se dispuso secuestro de material de interés para la investigación; secuestro de dispositivos de almacenamientos electrónicos, celulares, relevamiento de vehículos hallados y documentación de interés para la causa; además la identificación de todas las personas que se encontraban en los inmuebles. No se libraron órdenes de detención libradas.
La investigación está a cargo del fiscal Miguel Moreno, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. Los delitos que se investigan son Estafa, Presentación de balances falsos y Desbaratamiento de derechos acordados. Los denunciantes son los acreedores Cuatro Hojas S.A.; Olzen Intrustria y comercio de Calzados S.A; Banco Macro; La Clementina S.A; Grassi SA, Maniagro SA y los bancos internacionales que querellan en conjunto: IFC International Finance Corporation (Washington, EU); FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (La Haya, Holanda); ING Bank (Amsterdam, Países Bajos); Natixis New York Branch (Nueva York, EU); Coöperatieve Rabobank U.A. (Utrecht, Países Bajos).
Según dijo ayer a este diario el abogado del grupo Grassi y otros acreedores de Vicentin, hay muy pocos antecedentes de medidas judiciales de este alcance.
La investigación de Moreno tiene además la novedad de que bloquea la venta de empresas que pertenecen a Vicentin, pero que en los últimos años fueron pasadas a nombre de sociedades creadas en Uruguay cuyos dueños son accionistas y directivos de Vicentin. Lo que el juez Hernán Potsma ordenó hacer "es lo que el juez Fabián Lorenzini (a cargo del concurso de acreedores) se rehusó a hacer desde el principio", que es "descorrer el velo societario (el abuso de las sociedades anónimas pantallas para encubrir a quienes realmente realizan maniobras ilícitas) e iniciar el recupero de los activos de Vicentin Saic, fugados con fraude a los acreedores y a los trabajadores", dijo Feldman.
Cabe recordar que hay investigaciones penales abiertas en tribunales federales de Buenos Aires, Reconquista, Rosario, Paraguay y trámite de búsqueda e identificación de bienes en juzgados de Nueva York.
