En un año de una sequía inédita, agravada por los incendios que proliferaron en la provincia, el intendente de la localidad cordobesa de Anisacate, destino habitual de los veraneantes de la capital, propuso aplicar un impuesto extraordinario de 2 mil pesos a las viviendas que tuvieran piletas.
La iniciativa del jefe comunal Jorge Merlo provocó el rechazo de los vecinos y obligó al dirigente peronista a reconocer que "debido a la situación económica provocada por la pandemia, no era el momento de tomar una medida" de esa naturaleza, aunque recomendó el uso responsable del agua, en una provincia que ya declaró la emergencia hídrica.
El argumento original del jefe comunal para aplicar el impuesto extraordinario durante los cuatro meses de la temporada de vacaciones se basaba en que la localidad no cuenta con medidores de agua y el costo del servicio vigente consta de una tarifa fija de 770 pesos, que se incrementa de acuerdo con la cantidad de metros cúbicos de agua que se calcula que consumen quienes tienen piletas,
De acuerdo con los datos oficiales se estima que, por lo menos, se consumen 1000 litros de agua solo en la limpieza de las piletas.
La polémica sirvió para acordar la instalación de medidores en cada vivienda, en una localidad de 3000 habitantes estables, que se incrementan durante los meses de verano.
Por el momento, la resolución municipal que deroga el fallido impuesto recuerda que el agua es un insumo "finito, renovable, de uso indispensable para la población, su fauna y su flora", y exhorta a la responsabilidad social a todos los habitantes de la localidad.
