El fiscal federal Adolfo Villatte y las querellas en la causa Klotzman, que juzga delitos de lesa humanidad contra 29 víctimas cometidos entre agosto y noviembre de 1976, esperan que antes de mediados de 2021 haya sentencia. El juicio que, después de varias postergaciones empezó en septiembre pasado tiene sentados en el banquillo a un ex militar de Inteligencia y --por primera vez-- a tres ex policías federales de la delegación Rosario. Todos están imputados por hechos cometidos en el centro clandestino de detención, conocido como Quinta Operacional de Fisherton: homicidios, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita; además de sustracción y supresión de identidad con relación a la hija de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral. La última audiencia del año será el miércoles, y en febrero retomará el debate frente al Tribunal Oral Federal Nº 2 que integran Mariela Emilce Rojas, Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez. Las expectativas para el año que comienza apuntan a una reparación que permita seguir construyendo verdad, memoria y justicia.

La acusación fiscal involucra al ex capitán de inteligencia Jorge Fariña y a los ex miembros de la Delegación local de la Policía Federal Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique López, por hechos cometidos "mientras se hallaba operativo el grupo de tareas conformado por quienes integraban el Destacamento de Inteligencia 121 y los miembros de la PFA". El juicio se centra en la Quinta Operacional de Fisherton, que dependía del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario; y las víctimas fueron integrantes de la organización PRT-ERP o tuvieron alguna vinculación con sus miembros.

Después de tres meses de producción de prueba --en su mayoría con audiencias virtuales--, el fiscal Villatte estimó que quedarían entre tres y cuatro meses de audiencias, para luego realizar los alegatos y esperar un veredicto condenatorio para mediados del año que comienza. El titular de la Unidad de Derechos Humanos de los Tribunales Federales de Rosario, indicó que entre los principales testigos ya declararon los dos sobrevivientes y hablaron de ese lugar como el sitio donde ocurrieron los delitos. Fernando Brarda y Daniel Guibes "dieron cuenta que ese centro clandestino existió, detallan cómo era y permiten no tener dudas", aseguró el fiscal. 

Al mismo tiempo, recordó que por primera vez un tribunal federal local juzga la apropiación. "Demuestra una vez más que en aquel momento había apropiaciones y que era una forma más de represión ideológica, como fue sacar a una niña --la nieta 103 recuperada por Abuelas, hija de Klotzman y Barral--, de brazos de su madre cuando nace y ser puesta en una familia que no tiene nada que ver con los orígenes que ella tenía".

Además, destacó que "hay una importancia que no tuvieron otros juicios: que se marca cómo el Ejército utilizó a un grupo de tareas perteneciente a la Policía Federal".

Para el fiscal, con cada testimonio se van dando datos objetivos para reconstruir los hechos. "Lo que cuentan los testigos es el sometimiento a torturas, los interrogatorios y escuchar lo que se hacían con las demás personas. En el caso de los sobrevivientes, la excepción de haber salido con vida", resumió.

En ese sentido, planteó que las condenas, además de establecer la responsabilidad sobre las personas que cometieron los hechos desde un lugar tan importante como es el de cumplir una función pública valiéndose del aparato estatal, también van echando luz, y es una reconstrucción histórica. El hecho de que vaya habiendo condenas, ratificando los hechos acusados a los sometidos a juicio, va corroborando que sucedieron y que ocurrieron como las víctimas los denunciaron".

La querellante de Hijos, Nadia Schujman, destacó que sea "la primera vez que la patota de la Federal llega a juicio y (que) se trata (del caso) de un centro clandestino que no había sido juzgado", por lo que la condena para los cuatro imputados significaría "la reparación necesaria para las víctimas", ante lo que fue "la magnitud del estado terrorista en nuestra ciudad". 

Jesica Pellegrini, una de las abogadas del equipo querellante por APDH, lamentó la demora en el inicio del juicio --en la previa falleció el imputado Juan Dib--; y aseguró que el contenido mismo del debate es reparador. También, que esperan "las condenas más altas" para los acusados. "Este juicio tiene un alto contenido reparatorio pese a las dificultades de la pandemia y el no poder encontrarse en la calle", dijo; y destacó que para Ana Lina Klotzman y su hermana recuperada esta instancia tiene una fuerte importancia.

A eso se refirió también Santiago Bereciartúa, uno de los abogados querellantes de Abuelas, quien aseguró que pese a la pandemia, los testimonios pudieron atravesar la pantalla para transmitir la emoción y lo que significa el sentimiento de los testigos como Ana Lina y otros, que "en sí mismos son reparadores".   

Nieta 103

El 7 de abril de 2011, a través de un análisis de histocompatibilidad del Banco Nacional de Datos Genéticos, recuperó su identidad la hija apropiada de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral, quien nació durante la desaparición forzada de su madre. El hecho se pudo conocer a través del relato de uno de los sobrevivientes de la "Quinta de Fisherton" que confirmó el embarazo avanzado mientras se encontraban en cautiverio. La investigación determinó que la niña fue sustraída por los represores y entregada a una familia en la ciudad de Santa Fe. Su recuperación fue la restitución número 103. La búsqueda --como publicó este diario por esos días-- fue impulsada por otra hija de Klotzman, Ana Lina, de su matrimonio con Liliana Beatriz Bojanich, quien fuera secuestrada cuatro semanas antes, en junio de 1976, en Capital Federal. Entre las víctimas de la causa, cuatro estaban embarazadas y fueron secuestradas en el marco del terrorismo de estado.

"Que ningún delito quede sin investigar y ninguna víctima quede sin respuesta"

A modo de balance, Villatte aseguró que este año fue "sumamente positivo" con los dictados de sentencia en Feced III y IV y Saint Amant, además de haber comenzado el juicio de la causa Klotzman. También destacó: "Avanzamos en investigaciones en las que nadie había avanzado, como las indagatorias del juez federal durante la dictadura Guillermo Tschopp --procesado en septiembre--; la causa del robo a Tribunales en 1984; y tenemos pedidos de indagatoria en relación al cordón industrial". 

Por otro lado --y como dijo en una entrevista publicada el año pasado en este diario por la periodista Sonia Tessa--, destacó que la Fiscalía está construyendo una causa "con víctimas de las cuales nadie se ocupó; personas nombradas a lo largo de todos los juicios por las otras víctimas. Estamos buscando darles una respuesta", al igual que en el caso de les niñes a quienes "el paso por centros clandestinos los marcaron de por vida", dijo el fiscal. "Mi objetivo es que no quede ningún espacio sin investigar y poder darle respuesta a todas las víctimas. Esto puede llevar a que en algún momento el trabajo de la unidad se agote, pero que sea el resultado de que se hizo todo lo que había que hacer", instó.

Si bien dijo que durante los cuatro años del gobierno anterior no se detuvieron los juicios, destacó que el gobierno actual "tiene una política en relación al avance y la continuidad de las investigaciones. El hecho de que el secretario de DDHH sea Horacio Pietragalla, un nieto recuperado; habla por sí solo. No es (Claudio) Avruj, que cuestionó la cifra de los 30.000 desaparecidos".