Con motivo de la Navidad, un grupo de personas identificadas por su afiliación católica y reunidos bajo el lema “¿Y si probamos dialogando?”, emitió una “carta abierta a la sociedad argentina” en la que, apoyados en la premisa de que ”en una democracia no hay lugar legítimo para la violencia” y con la convicción de que “la sociedad argentina padece todavía los dolores acumulados por sucesivas heridas históricas que no terminan de sanar”, proponen una iniciativa ciudadana basada en el diálogo porque “los argentinos nos necesitamos libres para imaginar cómo recrear juntos nuestro país llagado, empobrecido en la calidad de su convivencia y desconcertado ante la multiplicación de desencuentros”.
Entre quienes impulsan la propuesta se cuentan ex dirigentes de distintos espacios vinculados a la Iglesia Católica, entre ellos Vicente Espeche Gil, ex embajador argentino en el Vaticano (2000-2004), antiguo integrante del Pontificio Consejo para los Laicos en la Santa Sede y de la Comisión de Justicia y Paz, organismo dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Los y las firmantes aseguran que desde hace cuatro años vienen tras la idea que ahora hacen pública, y señalan en su declaración que “nos reunimos con el objetivo de ofrecer un espacio para el diálogo y el encuentro, libre y abierto a todas las opiniones, que contribuya, desde la diversidad de pensamientos y experiencias, a reconstruir la fraterna unión de los argentinos”.
Porque, sostienen, “encontramos que en el pasado se anuló la alteridad que promueve el encuentro” y “muchos argentinos fuimos generando sucesivas justificaciones, lecturas históricas sesgadas y posturas ideológicas que obstruyeron y obstruyen el diálogo y se niegan a la comprensión del otro”. Sin alusión alguna a nombres o a personas, en el documento hay también una referencia a quienes desde la política “han procurado aprovechar esta situación exacerbando los ánimos en su propio provecho”. Estos “gestos y palabras fueron actualizando el sufrimiento de los dolores del ayer”, dicen.
El texto contiene varias menciones que dejan en evidencia la pretensión de quienes lo promueven para atender todas las posiciones y, si fuera posible, asumir una actitud que contemple los argumentos de todas las partes superando el conflicto.
Por una parte se señala que en la memoria social hay “víctimas que esperan que alguien les dé voz” y que “por todo ello creemos que no nos hace bien que todavía hoy se quiera reivindicar o justificar la violencia pasada”. Para sintetizar que “es una memoria que ahonda, innecesaria e injustamente, heridas todavía abiertas”.
Pero al mismo tiempo se considera que “nos hemos malacostumbrado a hablar de ‘los desaparecidos’, que en realidad fueron personas hechas desaparecer cruelmente” y que “hasta el número de quienes fueron así asesinados se ha convertido en un botín ideológico”. Sin dejar de advertir que “existe la razonable posibilidad de que pudieran obtenerse informaciones sobre el destino dado a los restos de al menos algunas de aquellas víctimas” y “también sobre la identidad de niños apropiados durante el cautiverio de sus madres”.
Recuerdan los promotores de la iniciativa que “otros países que también sufrieron (y sufren aún hoy) la crueldad de luchas internas supieron crear instituciones que les permitieran blanquear las informaciones y lograr una interpretación veraz de realidades pasadas e ir sanando sus heridas, creando condiciones superadoras de sus errores históricos” y expresan su “confianza en que podemos todavía explorar nuevos caminos en nuestra Argentina”.
También sin hacer alusión a nombres o personas en forma particular, el documento sostiene que “al mismo tiempo, subsisten muchos casos de personas presas en cárceles desde hace años, con o sin prisión preventiva y sin sentencia condenatoria, a quienes injusta y arbitrariamente se les deniega el derecho a la prisión domiciliaria por su edad o su salud”. Sobre este tema se afirma que “los poderes del Estado deben subsanar esta situación” porque “nada justifica que se vulneren los derechos que consagran nuestras leyes” y “no deberíamos confundir justicia con venganza ni hacer crecer el rencor que obstruye la paz y el camino de los que quieren lograrla”.
Respecto de la Iglesia Católica se recuerda que los obispos en diversas oportunidades manifestaron “su repulsa por la responsabilidad institucional en que pudieran haber incurrido en la Argentina por los años de violencia” y, admitiendo que estos “fueron pasos justos y necesarios”, los mismos “no han sido suficientes”. Los firmantes abogan en consecuencia por una “autocrítica” de la Iglesia Católica y de “todos los actores de los primeros planos de los múltiples dramas” de violencia que vivió la Argentina reciente.
Tras afirmar que “los argentinos nos necesitamos libres del odio, libres del rencor” el grupo considera que en ello está la base para “imaginar cómo recrear juntos nuestro país”. El texto que, además de Espeche Gil, lleva la firma de María Cacabelos, Ignacio de la Fuente, Gerardo Semenzato, Gabriel D’Amico, Guadalupe Morad y Julio Ojea Quintana, finaliza con una convocatoria a sumarse a la iniciativa de diálogo para “superar con conciencia las heridas del pasado y sembrar un futuro en paz”.
