Una vez más nuestra sociedad tiene la posibilidad de ampliar derechos con la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Como en tantos otros temas, una mira histórica y sociológica nos puede ayudar a comprender lo que estamos viviendo.

El terrorismo de estado y el plan sistemático de violación a los DDHH que vivimos de 1976 a 1983 produjo una pérdida en derechos laborales, sociales, económicos, culturales y personales al mismo tiempo que hubo una concentración y acumulación de bienes económicos, mediáticos, sociales y religiosos que produjo más y más desigualdades.

La posdictadura y la consolidación democrática hasta la actualidad ha tratado de revertirlas con dispares resultados: somos hoy una sociedad y un estado en disputa con avances y retrocesos.

Una de esas disputas es sobre los derechos que amplían ciudadanía y que igualan a las personas, y sobre quién y cómo se regulan comportamientos en los que, por concepciones culturales, se involucran grupos socio-religiosos. La conceptualización de lo que es público o privado o mejor dicho, público y privado al mismo tiempo, está en el corazón de estos debates.

En 1987, por ejemplo, el gobierno de Raúl Alfosin impulsó la ley del divorcio vincular. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) creyó que su deber era oponerse en nombre del “matrimonio indisoluble” y en defensa de la “Argentina católica” que ella representaba. Por primera vez la virgen de Lujan “salió” desde su santuario en esa ciudad y fue trasladada en caravana hasta la zona del Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. Se movilizaron colegios católicos y parroquias en las calles del país. Además, la CEA decidió que quien votara la ley sería excomulgado y así lo hicieron. Más allá de los problemas de conciencia individuales la ley fue votada en el Congreso. ¿Por qué?, porque había presencia política de un presidente y partido decididos a defenderla más allá de las presiones y una sociedad que los acompañaba.

Recordemos que en julio de 2010, bajo el gobierno de Cristina Fernández, es aprobada la ley de matrimonio igualitario, también como ampliación de derechos a todas las personas. A partir de esa sanción, el matrimonio ya no es más entre sólo entre varón y mujer sino entre dos personas. En ese momento la CEA condena y el propio cardenal de la Ciudad de Buenos Aires llegó a decir que era una “batalla del demonio”. En ese momento la institución iglesia católica no amenazó con excomulgar a nadie, si bien emitió una serie de documentos y llamó públicamente a una movilización, que tuvo una participación mucho menor que en la del divorcio. Nuevamente hubo decisión política de una presidenta y un partido decidido a votarla, más allá de esas presiones y esta vez con una parte importante de la sociedad movilizada y que la acompañaba.

Y ahora, a fines de 2020, se encuentra nuevamente en discusión ley de interrupción voluntaria del embarazo que no fue votada en 2018. Al igual que hace dos años, la CEA había hecho (hace) lobby “privado” contra la ley hablando con gobernadores, funcionarios y legisladores, y las iglesias pentecostales, mayoritariamente, estaban (están) en el espacio público con los pañuelos celestes. Ya no solo se expresa la “Argentina Católica” sino la “Argentina Cristiana”. Pero hoy es distinto al 2018, pues es un gobierno con el presidente Alberto Fernández el que la propone dado que fue parte de su contrato electoral. Un proyecto político también de ampliación de derechos de las mujeres donde la voluntad política para su aprobación lleva a negociaciones para ampliar el apoyo parlamentario.

Nuestras investigaciones muestran cómo los últimos años, fruto del accionar del movimiento de mujeres (en especial jóvenes) solo un 20% de la sociedad argentina se opone totalmente a la IVE (en su gran mayoría personas de más de 65 años) y casi un 80% (la gran mayoría de los creyentes católicos, los sin religión y una parte del mundo evangélico) la aprueba en algunas circunstancias. Comparando nuestras investigaciones de 2008 y 2019, es posible evidenciar un crecimiento de las opiniones favorables a definir al aborto como un derecho de las mujeres. La proporción de opiniones que consideran que debería estar prohibido se han mantenido estables. 

Esta situación de creyentes que aceptan la IVE de manera segura, legal y gratuita disloca a la institución católica que se encuentra a la defensiva: produce primero un documento en el cual ya no condena a nadie pública y explícitamente, sino recuerda su presencia en la lucha por tierra, techo y trabajo en el país y agrega un solo párrafo donde dice “el panorama se ha ennegrecido, la opción política pasa a ser una incomprensible urgencia, una obsesión por instaurar el aborto en la Argentina”. En otro documento, convoca a un ayuno para el 28 de diciembre ya no desde el diálogo interreligioso (protestantes, judíos, islámicos y otros cultos) sino solo con las instituciones pentecostales.

Este panorama nos muestra que el problema no es solo religioso o de los creyentes religiosos que están a favor o en contra de despenalizar y ampliar derechos sino político partidario y en especial del partido de gobierno. Entre los ministros y ministras, legisladores y legisladoras, funcionarios y funcionarias del actual gobierno hay muchas personas formadas en ese mundo católicoque es un gran proveedor de dirigentes sociales, populares, de ONG y del aparato del Estado. Cuando en las filas partidarias hay legisladores (incluyendo a quien dirige el bloque de Frente de Todos en el Senado) que públicamente están en contra del proyecto de IVE y hacen campaña para que no se apruebe lo enviado por el presidente y la vice y que fue plebiscitado en las urnas con el voto ciudadano, ya no es un tema religioso ni de los creyentes.

De lo que se trata es si la sociedad con sus dirigencias políticas amplía derechos hacia las personas gestantes, para lo cual, como sabemos, hay que enfrentar intereses. O si esa dirigencia política votada en el FdT cree que sobre ciertos temas debe conciliar, debe esperar y/o cree que “no es el momento”. Aprobar o perder esta ampliación de derechos no es gratuito ni un problema de conciencia individual. Es un tema político y de credibilidad gubernamental. Los partidos políticos no son una ONG. 

Fortunato Mallimaci es sociólogo (UBA/ConicetT).