Tras casi tres meses de la aprobación de la Ley de promoción de Economía del Conocimiento, el ministerio de Desarrollo Productivo, encargado de su reglamentación, inauguró la primera mesa de trabajo sectorial. Junto a cámaras empresarias y referentes del sector avanzaron en una agenda público-privada y repasaron los principales aspectos de la reglamentación de la Ley que permitirá promover nuevas tecnologías, fomentar empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones. 

“Quiero hacer un reconocimiento de este sector tan importante en el presente y en el futuro de Argentina; aquí hay buena parte de las soluciones de los problemas de nuestro país en términos de balanza de pagos, empleo, mejora de entramados productivos e incorporación de tecnologías en la producción”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que estuvo presente en esta primera reunión, en el marco del Acuerdo Económico y Social. 

Más y mejor empleo 

Los recursos humanos argentinos califican muy bien mundialmente en el segmento de servicios del conocimiento que requieren discernimiento humano (calificados como un agregado de valor medio en este tipo de industria). Argentina es un centro de interés global para las actividades de subcontratación internacional y desarrollos informáticos. En ambas actividades los centros argentinos destacan por una particular capacidad para operar funciones complejas que requieren juicio crítico mucho más exigentes que la operación repetitiva de secuencias sencillas. "Esta capacidad natural de nuestro ecosistema se genera por la sinergia entre nuestro sistema educativo y nuestro entorno social, que modela un perfil profesional adecuado para la resolución de problemas y situaciones no lineales", asegura un Estudio Económico sobre la Industria del Conocimiento elaborado por Argencon, que analiza las particularidades del sector. 

Esta cualidad es muy valorada para el desarrollo de actividades de conocimiento que requieren originalidad y creatividad, atributos difícilmente replicables en sistemas sociales y culturales más rígidos y estáticos. Para este segmento de la economía del conocimiento, el país provee una muy competitiva combinación de disponibilidad de talento y costo. Para el año 2030 se espera alcanzar los 500 mil puestos de trabajo formales, con un alto nivel de capacitación en el sector. 

Exportaciones

Otro de los caballitos de batalla de esta industria sin chimeneas tiene que ver con su capacidad de generar divisas. Las exportaciones vienen creciendo a una tasa anual acumulada de 4,3 por ciento durante los últimos 10 años. Sólo manteniendo esta trayectoria, se alcanzaría un total de exportaciones cercano a los 9.600 millones de dólares para 2030.

El secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, resaltó: “Queremos avanzar y focalizarnos en cada uno de los eslabones de la cadena productiva y trabajar en resolver los problemas coyunturales pero también para resolver los problemas de mediano y largo plazo. Por eso seguiremos trabajando en mesas focales de cada subsector”.

En el evento también participó la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito, que elogió la ley como un "reflejo del consenso, de darle una perspectiva general con una visión más propyme, sin dejar de entender que también son importantes las empresas de mayor tamaño para traccionar las distintas actividades, las cadenas de valor y la innovación". Y destacó: "Apostamos a que la capacitación y la inversión en I+D que las empresas realicen para poder ingresar y cumplir con los requisitos sea de la mano del sector de la educación y del sistema científico y tecnológico".

La Ley de la Economía del Conocimiento ofrece beneficios fiscales para fomentar las actividades de este sector, como la reducción de manera segmentada del Impuesto a las Ganancias según el tamaño de la empresa y una rebaja de hasta 70 por ciento en las contribuciones patronales. Además, otorga beneficios en las contribuciones patronales para las empresas que empleen mujeres, personas con discapacidad, residentes en zonas de menor desarrollo, travestis y transexuales.