En Estados Unidos, entre 30 y 40 millones de inquilinos están en riesgo de ser desalojados a partir del 1º de febrero si el presidente electo, Joe Biden, no emite en sus primeros días de gestión un decreto que frene esta situación, alertó una ONG que trabaja por el derecho a la vivienda. Se trata de un problema que afecta principalmente a las minorías que habitan el país y que se vio agravado en los últimos meses por la crisis que instaló la llegada de la pandemia.
Este sábado, en su cuenta de Twitter, Biden prometió que extenderá esta semana las "restricciones nacionales a los desalojos y cierres" ya que, según calculó, "alrededor de 14 millones de estadounidenses se atrasaron con el alquiler y pronto podrían enfrentar el riesgo de un desalojo".
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) había establecido hasta fines de 2020 una moratoria que suspendía los desalojos para, de esta forma, ayudar a mitigar los contagios y atender al impacto económico de aquellos sectores golpeados por la pérdida de empleo, la caída de ingresos o la reducción de sus horas laborales.
Esa moratoria fue extendida por el Congreso para que siga vigente durante enero, como parte de un paquete de estímulo económico más grande. Pero a partir de este miércoles 20 de enero, con el recambio formal de Gobierno, será el turno de Joe Biden para afrontar la problemática y dar una solución a los inquilinos que temen quedar en la calle.
En ese sentido, Paul Kealey, el director de operaciones de National Low Income Housing Coalition (Nlihc) --una ONG que trabaja para ponerle fin a la falta de viviendas accesibles en Estados Unidos--, dijo que se comunicaron "con el Gobierno entrante para asegurarnos que, como una de sus primeras acciones, emita un decreto para extender la moratoria de desalojo hasta el final de la pandemia".
Junto a otras 1.600 organizaciones y dirigentes, la ONG le envió una carta al nuevo gobierno para que atienda con urgencia esta situación. "En diciembre de 2020 casi uno de cada cinco inquilinos estaba atrasado en su alquiler; los expertos estiman que estos hogares ya deben entre 34.000 millones y 70.000 millones de dólares y hay entre 30 y 40 millones de inquilinos en riesgo de perder sus hogares", cuantificó el director de Nlihc.
Los más afectados
Según indicó Kealey, las "personas de color" son las que "se ven afectadas de manera más desproporcionada". La Encuesta del Pulso de los Hogares realizada a fines de noviembre y principios de diciembre registró que "más del 29% de los inquilinos negros y el 26% de los inquilinos latinos estaban atrasados en el pago del alquiler, en comparación con el 14% de los blancos".
"Solo el 29% de los inquilinos negros y latinos confiaban en poder pagar el alquiler del próximo mes a tiempo, en comparación con más de la mitad (54%) de los inquilinos blancos", aseguró la ONG.
Si bien un decreto del presidente Biden traería cierta tranquilidad entre los afectados, Kealey explicó que se debe llegar, a largo plazo, a terminar con "la grave escasez de viviendas asequibles para las personas de ingresos más bajos". Por ello, instó al Gobierno federal a que invierta en la construcción de nuevas casas y en la reparación de las ya existentes que no son habitables.
"Incluso antes de la pandemia había una escasez de más de siete millones de viviendas para alquiler que sean asequibles y disponibles para las personas con los ingresos más bajos", señaló el director de la ONG.
"Solo una de cada cuatro personas con ingresos elegibles para la asistencia de alquiler federal la recibe. El resto debe valerse por sí mismo en el mercado de alquiler privado que nunca construirá ni administrará viviendas accesibles para individuos y familias de ingresos bajos", concluyó.
