Con el sol de la media mañana, un avión despegará este lunes a las 9.30 desde la base aérea de Morón hacia Campo de Mayo. Será un vuelo especial: por primera vez se sobrevolará la mayor guarnición del país, donde funcionaron, al menos, cuatro centros clandestinos de detención durante la última dictadura, para tomar imágenes que permitan detectar zonas donde el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) podrá centrar sus esfuerzos para determinar si hubo enterramientos clandestinos durante los años del terrorismo de Estado. Se trata de de un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, cuyas tareas serán coordinadas por el EAAF, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo y el juzgado que investiga los crímenes cometidos en la Zona IV -- a cargo de Alicia Vence.
El vuelo durará entre cuatro y cinco horas y surcará las 5000 hectáreas que componen Campo de Mayo, un área tan inmensa que representa casi un cuarto de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Durante ese tiempo, no operará ni Campo de Mayo ni las bases aéreas de la zona, algo que fue conversado y autorizado por el Ministerio de Defensa que dirige Agustín Rossi. Desde el avión, se aplicará por primera vez en el país para delitos de lesa humanidad un equipo de escaneo terrestre -- LIDAR aéreo -- que servirá para tomar imágenes de calidad que permitan identificar posibles zonas donde haya existido movimiento de tierras y en las que el EAAF debería después hacer un análisis de proximidad y, si así surgiera de esos análisis, realizar excavaciones, para ver si pueden hallarse restos.
“Se nos plantea ahora la posibilidad en Campo de Mayo -- en el contexto en el que se llevan adelante tres juicios por lo sucedido allí-- de investigar articulando con distintos actores y de incorporar nuevas tecnologías para dar respuestas más rápidas a la búsqueda de los familiares”, contó a PáginaI12 Marcelo Castillo, quien, desde que se incorporó al EAAF en 2005, está abocado al trabajo sobre Campo de Mayo, uno de los mayores campos de concentración de la dictadura, por donde se estima que pasaron 5000 detenidos-desaparecidos.
Será una tarea de largo aliento y se descarta que haya novedades en lo inmediato. El plan de trabajo --que el EAAF presentó a la jueza Vence en agosto del año pasado -- consta de dos etapas: una centrada en las diez hectáreas que rodean al lugar donde funcionó el centro clandestino conocido como “El Campito” y otra, enfocada en la totalidad del predio y que comenzará este lunes con el vuelo. Desde el aire también se analizará una zona que ya no forma parte de Campo de Mayo porque fue vendida durante la dictadura, pero que se conoce como “Plaza de Agua”, ya que existen indicios de que podría haber funcionado allí otro centro clandestino. Las imágenes se analizarán con expertos de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y serán un puntapié para hacer tareas de proximidad no invasivas -- como el uso de georadares, sondas electromagnéticas o de un dron equipado con cámaras multiespectrales -- y, si se alcanza la probabilidad necesaria, de tareas invasivas como las excavaciones.
Desde 2006, rige una medida de no innovar en Campo de Mayo en los cuatro lugares señalados hasta ahora como centros clandestinos: “El Campito” o “Los Tordos”, “Las Casitas”, el Penal de Encausados y el Hospital Militar. La identificación de estos lugares comenzó con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984. El EAAF ha estado realizando análisis en el terreno desde 2006 junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y especialmente de la mano del sobreviviente Juan Carlos “Cacho” Scarpati, que desde 1979 aportó dibujos y planos detallados del lugar. Entre 2010 y 2017, se realizaron excavaciones focalizadas en la zona del “Campito”, principalmente para encontrar los cimientos del lugar, que había sido destruido, pero nunca hasta ahora se pudo tener una imagen global del predio.
Como la vegetación es muy invasiva en la zona donde funcionó "El Campito", se pidió que se desmalezara sin tocar la arboleda o el eucalipto que han sido referencia en los distintos testimonios aportados por los sobrevivientes. “El objetivo de esta acción es llevar las condiciones ambientales a las más similares durante el funcionamiento del centro clandestino de detención”, explicaron desde el EAAF.
Encontrar certezas
“La expectativa es poder darle cierre a una incertidumbre de muchos años”, dice Lorena Battistiol Colayago, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo e hija de Egidio Battistiol y Juana Colayago, secuestrados el 31 de agosto de 1977 y llevados a Campo de Mayo. Juana estaba embarazada de seis meses y Lorena y su hermana Flavia buscan desde entonces a su hermano o hermana nacido en cautiverio. “Hay que destacar la valentía de les sobrevivientes. Sin sus palabras ni su compromiso de revivir el horror no habríamos conseguido nada”, agrega.
En el caso de su familia y de Abuelas, cuentan, además, con el testimonio de su prima Sandra, que también fue secuestrada en el mismo operativo y llevada a Campo de Mayo, donde permaneció atada a un árbol. Sandra eclaró en reiteradas ocasiones que, durante ese tiempo, vio cómo cavaban un pozo y traían cuerpos. A mediados del año pasado, después de que la mujer volviera a declarar en la megacausa por crímenes de Campo de Mayo, que está actualmente en trámite ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, le pidieron una reunión a la jueza Vence, que rápidamente accedió a avanzar con los trabajos en la guarnición para ver si, casi 45 años después del golpe, se pueden detectar zonas donde se hayan producido enterramientos clandestinos. En septiembre pasado, visitaron el lugar integrantes de Abuelas, del EAAF, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla y la propia jueza Vence. En diciembre, tuvieron una reunión con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y consiguieron la autorización. "Increíblemente todo se fue dando", se entusiasma Lorena.
“Es un reclamo histórico de Abuelas y de otros organismos que se tomen las medidas para relevar si existen cuerpos de personas enterradas. Hoy estamos en un momento excepcional porque existe la tecnología para hacerlo y el apoyo político”, apunta Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo. “Hay mucha expectativa”.
El trabajo que se va a emprender este lunes en Campo de Mayo -- y que llevará meses -- contrasta con la intención del expresidente Mauricio Macri de dedicar parte de la guarnición militar a un parque y a un polo logístico, que había anunciado en su discurso del 1 de marzo de 2018. Después de ese anuncio, Abuelas le pidió a la jueza Vence que extendiera la medida de no innovar a todo el predio, que notificara al Ejecutivo que había áreas preservadas y que, con su afán inmobiliario, podía afectar pruebas fundamentales para quienes buscan hace más de 40 años. También intervino el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Fabián Salvioli.
En marzo del año pasado, el presidente Alberto Fernández anunció la intención de avanzar hacia un sitio de memoria en el lugar. “En esta promesa que hizo el Presidente de empezar a pensar el sitio de memoria en Campo de Mayo, estos trabajos van a permitir descartar o dar certeza de la existencia de enterramientos”, resalta Pietragalla en diálogo con PáginaI12. “Es una acción muy importante para dar respuestas a los familiares”, completa el secretario de Derechos Humanos.
La plaza de agua
El 10 de enero de 1984, a pocos días de creada la Conadep, su presidente, el escritor Ernesto Sábato, recibió una carta en su casa de Santos Lugares de un tal “Pepe”. Se presentaba como un integrante de los servicios, que había tenido acceso a información importante desde la oficina que ocupaba. La carta, de una carilla y escrita a máquina, aportaba algunos detalles del represor que había sido jefe del destacamento de inteligencia 201 de Campo de Mayo entre 1978 y 1980, Nedo Otto Cardarelli, quien había pasado, para entonces, al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, ascenso que evidentemente había irritado a “Pepe”. En su carta, “Pepe” decía que la mayoría de las víctimas de Campo de Mayo habían sido arrojadas al mar desde un avión o cremados en un horno del Hospital Militar --cuya existencia pudo confirmar años después el EAAF--. También mencionaba casos de personas sepultadas en la guarnición o en cementerios de ciudades vecinas como NN.
Pero, además, “Pepe” aportaba un plano de Campo de Mayo y marcaba la “Plaza de Agua” -- que desde 1978 ya no formaba parte del lugar porque ese terreno había sido enajenado por un decreto del dictador Jorge Rafael Videla -- como un “campo de concentración de mujeres”. Esa pista no fue investigada hasta ahora, por lo que será explorada en el vuelo del lunes en busca de algún indicio. Hasta el momento, no se encontraron testimonios de sobrevivientes que mencionen ese lugar, aunque hay una declaración de una niña -- hoy mujer -- que estuvo secuestrada en un sótano cercano a Campo de Mayo, que podría estar referida al edificio que estaba ubicado en la "Plaza de Agua".
Vuelos
“La hipótesis fuerte en Campo de Mayo es que el método de exterminio fueron los vuelos. Eso no quita que haya habido enterramientos. El trabajo que se inicia apunta a esa segunda variante”, explica a este diario el abogado querellante Pablo Llonto. Dos de los juicios que están actualmente en marcha en la jurisdicción de San Martín, el de la Contraofensiva y el de Vuelos, apuntan en esa dirección. Al tiempo que, en instrucción, se siguen recibiendo declaraciones de conscriptos que estuvieron destinados a Campo de Mayo. Todavía resta profundizar en quienes cumplieron el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en 1978 y adentrarse en quienes lo hicieron en 1979 y 1980, detalla. En Dolores, el juez federal Alejo Ramos Padilla avanza también en una investigación sobre los cementerios donde se enterraron a las personas cuyos cuerpos habían aparecido en la costa. El juzgado detectó que los registros de los cementerios no coinciden con los de los cuerpos de bomberos en cuanto al número de cadáveres hallados.
El 14 de diciembre pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín --que lleva adelante el juicio por los Vuelos en Campo de Mayo-- realizó una visita al lugar, que cubrió La Retaguardia. Dos días después, el tribunal que preside Walter Venditti ordenó preservar las aeronaves Twin Otter y Fiat G-222 que habían encontrado en el aeródromo del Batallón de Aviación de Campo de Mayo y excavar en la cabecera norte de la pista de despegue y aterrizaje (lindante con la ruta 202), porque ahí el exconscripto Raúl Escobar Fernández señaló que depositaban las ampollas de Ketalar con las que sedaban a las personas que serían subidas a los aviones para ser arrojadas a las aguas. A este trabajo también estará abocado el EAAF en las próximas semanas.
“Las tareas que comenzaron a realizarse en Campo de Mayo fortalecen una vez más los procesos de memoria, verdad y justicia porque los espacios donde se cometieron los crímenes siguen siendo una medida de prueba esencial en la búsqueda de la verdad”, dice Mercedes Soiza Reilly, que integra el equipo de la fiscalía que encabeza Marcelo García Berro en el juicio de Vuelos. “Las tareas del EAAF permitirán hallar rastros, evidencias y huellas para sumarse a las obtenidas, que aportan los soldados que cumplieron el SMO en la época. Se incluyen, además, otros datos que obtiene el EAAF de las tareas que viene desarrollando sobre el predio. Existe un gran trabajo por delante: cruzar tecnología de última generación con los datos que surgen del relato de los testigos. Y es, en estas instancias, donde vemos que en nuestro país se siguen impulsando estos procesos, en pos de alcanzar la verdad histórica”, remarca.
La tecnología que se aplicará este lunes para analizar el terreno de Campo de Mayo se prevé que podría emplearse en terrenos de Santa Fe, Córdoba y Tucumán, donde hace décadas se sospecha que pudo haber enterramientos clandestinos. “Hay que retomar estas cuestiones que se arrastran hace un montón de años, que son las que nos van a dar certezas y una verdadera reparación”, reclama Lorena Battistiol Colayago.
